Presentó un pedido aludiendo una afección respiratoria y un caso positivo de Covid-19 en la cárcel de Campana, donde está preso.
Por: Mariano Gaik Aldrovandi
El padre Julio César Grassi (63), condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, también pretende gozar de la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus.
El pederasta, que sigue siendo cura, está preso hace 6 años en la cárcel de Campana. A la condena por abuso sexual sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación “Felices Los Niños”. Todavía le quedan 11 años de prisión. Y se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.
Pero Grassi pretende volver a su casa como sea. Por eso, luego del fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense que habilitó las prisiones domiciliarias con el pretexto del coronavirus, el cura presentó un pedido de morigeración al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, según confirmó a Clarín el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual contra el sacerdote.
La defensa de Grassi fundamentó el pedido en una supuesta afección respiratoria y el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, donde está preso el cura. Todavía no recibió una respuesta.
En diálogo con Clarín, Gallego advirtió que existe una irregularidad en el control del cumplimiento de la pena a Grassi. “Está condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el control de su prisión, excarcelamiento o cualquier modificación debería depender de uno de los dos juzgados de Ejecución Penal de Morón”, dijo el abogado.
“Pero por algún motivo o picardía de Grassi, nunca fue elevado a un juzgado de ejecución, con lo cual el órgano que está a cargo de controlarlo es el mismo que lo condenó: el TOC N° 1 de Morón. Y allí es donde hay un pedido firmado por su defensa en el que manifiesta padecer dificultades respiratorias y se alega que habría un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense asignado al penal de Campana que portaría coronavirus”, afirmó Gallego, impulsor de la acusación contra el sacerdote durante el juicio oral en 2008.
Gallego dijo que Grassi “siempre tuvo una habilidad muy grande de sustraerse de los controles” y se remontó a la época en la que pertenecía a la orden de Los Salesianos, una congregación de la Iglesia Católica. “Tuvo un problema que después se supo que tuvo que ver con un abuso, entonces renunció”, dijo Gallego.
“Después supo sustraerse del control de la Iglesia propiamente dicha al armarse su propia fundación por afuera de la autoridad del Obispo de Morón”, agregó el abogado que representó a “Gabriel”, una de sus víctimas que sufrió abusos en “Felices Los Niños”.
Grassi también logró evitar la cárcel durante cuatro años después de ser condenado en 2009 y hasta se negó en primera instancia a la extracción de su ADN para incluirse en el Registro de Violadores, recordó Gallego. Recién accedió cuando lo amenazaron a sacarle sus datos genéticos por la fuerza.
Para Gallego, la situación de que el TOC N° 1 sea el que esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de Grassi es “insólita” ya que “si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal”.
“No hay ningún motivo para que Grassi se sustraiga actualmente del control de los juzgados de ejecución penal de Morón porque de otro modo el Estado no tiene el debido control sobre el cumplimiento de una pena de un condenado con sentencia firme”, dijo Gallego.
Y añadió que el pedido de prisión preventiva “está enmarcado en que un ex defensor de Grassi en el juicio por abuso es el nuevo asesor del Ministerio de Seguridad”, en alusión a Miguel Ángel Pierri, quien llegó a estar detenido en 2003 acusado de “encubrimiento” por presionar a una víctima a cambiar su testimonio para favorecer al cura.
Además de la causa de abuso, Grassi tiene una segunda condena a dos años de prisión por desvío de fondos de “Felices Los Niños” para alquilar una quinta frente a la fundación. Gallego cree que ese puede ser el “vericueto” por el que la justicia de ejecución penal no tenga el control del cumplimiento de su condena. Pero desde marzo de este año, esa sentencia también quedó firme luego que la Corte rechazara un recurso de queja presentado por el cura.
“Estamos ante un sujeto que por el coronavirus pide la prisión domiciliaria y no está controlado a la fecha por los juzgados de ejecución de Morón teniendo condena firme. Es un disparate que debe corregirse de inmediato”, señaló Gallego.
Por otra parte, el abogado opinó que la “condición de delincuente sexual de Grassi impone que de ningún modo puede obtener la excarcelación”. (Clarín)
