Por: Francisco Jueguen
A sólo días de la fecha para alcanzar un acuerdo en la negociación con los acreedores con títulos bajo legislación extranjera, el Gobierno reconoció hoy que la economía mostrará un desplome del PBI de 6,5% este año y un rojo fiscal de 3,1%, cifras muy superiores a las previstas anteriormente, y que, pese a ese contexto y tras las críticas de los bonistas por la unilateralidad de la propuesta oficial sobre la deuda pública, mantiene su vocación de no caer en default.
Para ratificar esto último, transparentó el ida y vuelta en las tratativas confidenciales por la reestructuración, en las que hubo, incluso, diferentes ofertas a los bonistas.
En una sorpresiva publicación, el Ministerio de Economía difundió hoy un nuevo marco económico -con cifras actualizadas tras el impacto del coronavirus en la Argentina- mucho más preocupantes que las que les había hecho llegar vía webcast en su momento a los acreedores privados. Pero además, publicó la propuesta que recibió de uno de los principales fondos de inversión -Blackrock- y un comunicado (en castellano e inglés) en el que detalla todas las idas y vueltas entre el equipo de Martín Guzmán y los acreedores.
Además, mostró una oferta “ilustrativa” (un borrador) que el Gobierno había hecho llegar a los bonistas. Fue una oferta previa a la actual. En la misma no había quitas de capital, aparecía un menú de bonos más cortos, se pagaban intereses más tarde y existían cupones más bajos. En el Gobierno confirmaron a LA NACION que no es la misma oferta que el Gobierno formalizó semanas atrás ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, según su siglas en inglés). “Es un ejercicio ilustrativo. No es la oferta tal cual fue presentada. Es sólo un material que se utilizó en las conversaciones con los acreedores”, dijeron en Economía.
La decisión de gobierno de Alberto Fernández pareciera buscar, de esta manera, desarmar los argumentos de los tres comités de acreedores que criticaron en los últimos días la propuesta argentina al calificarla como “unilateral” y los pedidos de varios fondos e inversores privados que reclaman al país un mayor ajuste fiscal para “endulzar” la propuesta luego de dos años de recesión profundizada por la pandemia que afecta al país y al resto del mundo.
El 20 de marzo pasado, en un webcast desde el Ministerio de Economía, Guzmán había señalado que con relación al crecimiento, que -en el mejor escenario- este año se registraría una caída del PBI de 1%, mientras que en 2021, la economía crecería 3%. En la visión pesimista, la retracción sería de 1,5% en 2020, mientras que el año que viene mejoraría un 2,5%. El ministro de Economía hizo entonces una salvedad. “Este análisis de sostenibilidad es anterior a la situación del coronavirus. Todos alrededor del mundo están aprendiendo sobre el impacto global y tendremos que revisar estos números”, había dicho.
El documento publicado hoy prevé una caída en el PBI de 6,5% para este año y un rebote de 3% para 2021. Además, un rojo fiscal de 3,1% en 2020 y del 1% en 2021. El superávit primario recién se alcanzaría en 2024 (una año después que lo previsto anteriormente). En el informe anterior se tendría este año un déficit de 1,1% del PBI en el mejor escenario y de -1,5% en el peor, mientras que para 2021, serían de -0,5% o de -0,9%. Por otro lado, en el último documento se estimaron reservas por US$50.000 millones y superávit comercial de 3,6% para 2020.
Además, el comunicado oficial distribuido hoy por Economía buscó desarmar las críticas de los bonistas. “Luego de firmados los habituales Acuerdos de No Divulgación con los tres grupos, un paso que fue necesario para permitir más soltura en el intercambio de opiniones e información, un documento confidencial que detalla los lineamientos de la restructuración de Argentina fue compartido con cada uno de los grupos a partir del 10 de abril de 2020”, indicó. “Tales lineamientos tenían el propósito de brindar un enfoque actualizado en base al feedback recibido en la primera ronda de diálogo. Además, aportaron un escenario ilustrativo de restructuración que podría servir como marco para las negociaciones”, agregó.
Economía además informó que se organizaron conversaciones por videoconferencia de carácter confidencial entre Guzmán y su equipo y los tres grupos el sábado 11 de abril de 2020.
El comunicado oficial del equipo de Guzmán contó además que uno de los grupos de inversores “compartió sus reacciones a los lineamientos de la reestructuración por medio de presentar una contrapropuesta”. Según el equipo negociador de Economía, la misma “se basó en la suposición de que Argentina solo tiene restricciones de liquidez a corto plazo”.
Según señaló el Gobierno, el fondo propuso resolverlas por medio de diferentes opciones entre las que estaban: un alivio parcial y decreciente del cupón en efectivo durante los primeros cuatro años antes de volver a los niveles contractuales; una compensación del alivio del cupón con pagos en especie y una ampliación de cuatro años del plazo de vencimiento para los bonos cuyo vencimiento sea antes de 2028. “Esta contrapropuesta era básicamente incompatible con el marco macroeconómico de las autoridades y no reconocía la necesidad de un alivio de flujo de efectivo a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública de la Argentina”, calificaron en el comunicado las autoridades del Ministerio de Economía.
“Teniendo en cuenta los puntos de vista escuchados durante las variadas conversaciones con los acreedores y sus asesores, y en vista del mandato dado por el Congreso de Argentina en relación con la disponibilidad limitada de reservas para continuar con el pago de la deuda, las autoridades procedieron a anunciar los términos y condiciones de la propuesta de Argentina el 17 de abril de 2020. Los acreedores de los grupos que estaban sujetos a los Acuerdos de No Divulgación fueron liberados de su deber de confidencialidad y restricciones comerciales”, sostuvo el equipo de Guzmán, que indicó que “esta propuesta es el resultado de un proceso de compromiso del gobierno dentro de un marco diseñado para ganar capacidad de pago de deuda sostenible. Refleja los esfuerzos de buena fe de la República en el proceso y en su sincera voluntad de establecer compromisos sostenibles, como así también la intención de alcanzar una resolución ordenada de la crisis de deuda soberana actual”.
“La República Argentina sigue abierta al diálogo constructivo con sus acreedores, al tiempo que reitera que solo puede emprender con responsabilidad una operación de deuda que asegure la sostenibilidad a largo plazo de la deuda pública de Argentina”, sentenció.
“La Argentina anunció el 27 de abril su intención de mantener reuniones con inversores para presentar y explicar los términos y condiciones de la operación de deuda iniciada el 22 de abril de 2020 y recabar el feedback de los inversores. A partir del 28 de abril, la Argentina celebró una serie de reuniones bilaterales de forma virtual con inversores internacionales y regionales, incluidos inversores de dinero real y fondos de cobertura, que incluyeron la participación del ministro Guzmán y su equipo de alto nivel del Ministerio de Economía”, cerró el comunicado.
Entre los detalles más importantes de la oferta presentada por el Gobierno semanas atrás surgen una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de “opcionalidades” para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas, y vencimientos hasta 2047.
La propuesta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las mismas irían creciendo a niveles “sostenibles”. El cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.
La fecha límite para una respuesta de los bonistas establecida por el Gobierno fue el 8 de mayo. Luego, hasta el 22 de este mes, el Gobierno evitará el default de los bonos globales cuyos intereses debió pagar el 22 de abril. Luego se abre un estrecho desfiladero de un mes para que el país entre en una aceleración y toda su deuda caiga en cesación de pagos. (La Nación)
