Hoy a las 9 de la mañana (hora local, aclaran en el Gobierno) termina un plazo, pero, a su vez, empieza otro no menos importante para el futuro de la deuda pública argentina. Tras idas y venidas durante el fin de semana, el Gobierno extendió, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el período de negociación con los acreedores hasta el 22 de mayo.
A las 9 de la mañana finaliza la prórroga “de hecho” que se dio desde las 18 del viernes, cuando venció oficialmente el plazo para que los acreedores manifiesten su voluntad de adherirse o no a la oferta presentada por el gobierno argentino. Se conocerá entonces qué porcentaje de bonistas dijeron que sí a la reestructuración.
Pero, a su vez, se inicia otro período determinante. Desde esa hora hasta el 22 de mayo, fecha en la que expira el plazo de un mes desde que el Gobierno no pagó un vencimiento de intereses por 503 millones de dólares, seguirá la negociación con un fin muy concreto: que el país no caiga nuevamente en default. Así, quedó plasmado a través de la resolución 221/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial.
El hermetismo se instaló como nunca este fin de semana. Según fuentes del Ministerio de Economía, tanto el sábado como ayer hubo videoconferencias entre el equipo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y los clubes de bonistas. Según dejaron trascender, el “ya mítico BlackRock” es uno de los fondos que tuvieron su contacto con los negociadores argentinos. Nada se supo sobre quién acompañará o no la oferta argentina. El número, ese porcentaje que hablará de los que ya se acercaron a la propuesta, aún lo conocen unos pocos.
De acuerdo con las negociaciones de los últimos días, el principal pedido que hacen los fondos es que, durante los primeros años, en los cuales no hay ningún pago por parte de la Argentina, al menos se reconozcan los intereses. No son pocos los que especulan que el esfuerzo fiscal de acercar algunos pagos o reconocer estos podría ser asumido.
Pero, más allá de que ninguna de las dos partes calificó la fecha de hoy como el límite perentorio (por eso la aceptación habría sido tan baja, de menos del 20% según algunas versiones), en Estados Unidos se interpretó el silencio oficial como la aceptación de un fracaso. Ante ese traspié, en Wall Street esperan ahora que arranque una negociación definitiva, ante el acecho, en pocos días, del default.
El marco de una negociación soberana es conocido por los acreedores y por los negociadores locales. Después de comunicados y mensajes ideológicos, cuando se habla de dinero se firma un convenio de confidencialidad entre los asesores financieros del Estado y los representantes de los fondos. Entonces la mesa queda habilitada.
La gran incertidumbre es si el Gobierno y los grandes fondos que compraron bonos argentinos tendrán la flexibilidad necesaria para “encontrarse en el medio” y llegar a un acuerdo, o si las diferencias, los cortocircuitos, los destellos de frustración y desconfianza y el desgaste acumulados durante los últimos meses terminarán por llevar a la Argentina al noveno default de la historia. La voluntad para cerrar un acuerdo parece intacta.
En Olivos no quieren el default
“Nadie quiere caer en default. Tanto no queremos caer en default que hacemos una oferta para no caer en default”, afirmó el Presidente el sábado por la mañana, antes del desayuno con su principal negociador y ministro de Economía, Martín Guzmán.
Pero, más allá del voluntarismo que expresan en la quinta de Olivos, los tres grupos de acreedores el Grupo Argentina Ad Hoc, integrado por Ashmore, BlackRock, Fidelity y otros grandes fondos; el Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital, y el Grupo de Bonistas del Canje, el más duro, formado por unos 20 fondos de inversión, entre ellos, Monarch, HBK, Cyrus y VR Capital parecen haber tomado una postura en común, tanto que están en comunicación permanente y hasta el momento han mostrado un frente unificado.
Pero nadie parecía dispuesto a poner una oferta sobre la mesa a menos que haya, primero, un paraguas de confidencialidad. Por ahora, no ha trascendido que se haya llegado a esa formalidad.
La falta de un plan de acción para entender cómo se sucederá el futuro de la economía y de las finanzas públicas, además del apoyo explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI), impusieron una barrera de entrada que ninguna de las partes logró franquear. Las posiciones prácticamente no se han modificado desde el inicio de las conversaciones. No sirvieron ni las cartas de apoyo de economistas, políticos o intelectuales. Aquí se habla de dinero, parecen haber dicho los bonistas. Y eso esperan, una mesa en la que se cuente plata. (La Nación)
