La pandemia y la cuarentena no solo han agudizado los cuidados personales sino también ha reconvertido a los delincuentes en “maestros” del engaño y la estafa. Y desde hace un par de meses en Santa Cruz se viene desplegando una serie de delitos telefónicos, cuyos ejecutores utilizan números con características de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata y otros puntos del país y operan libremente y con total impunidad sobre la población desprevenida.
Esta nota tiene por fin alertar a los lectores, sobre la existencia de estafadores que utilizan la amenaza judicial, una premiación o bien algún trámite jubilatorio o de obra social, para embaucar a personas inocentes que caen en las redes de estos delincuentes, quienes a veces actúan conformando organizaciones delictivas y en otros casos haciéndolo en soledad, buscando sacarle plata a la gente desprevenida que en el apuro no prevé de qué se trata.
De acuerdo a la experiencia colectada, estas mafias usan bases de datos “compradas” por las más diversas vías, teniendo en cuenta que en Argentina, todo es vulnerable y más aún si se trata del resguardo de datos. En virtud de ello, quienes comenten las estafas cuentan con datos completos y actualizados de un universo de personas a quienes ni siquiera conocen, pero de quienes poseen la información necesaria para generarles dudas y apurándolas en momentos críticos a fin de obtener a cambio, un beneficio económico.
No vamos a describir aquí la cantidad de argumentos falsos que usan estos delincuentes, pero la modalidad es siempre la misma: se recibe un llamado telefónico, generalmente en nombre de un “Estudio jurídico” o un “abogado” y le explican a la víctima que posee una deuda por algún vehículo, alguna propiedad que haya comprado o le inventan una supuesta deuda de vieja data con un banco o un comercio, lo cual hace que el incauto no tenga los elementos para juzgar en ese preciso momento, que se trata de un engaño.
La operación generalmente está precedida de una amenaza inminente de embargo del bien y/o el pase al Veraz del titular de ese bien o crédito (supuestamente) impago.
Pero toda esta operación se viene abajo cuando la víctima comienza a interpelar a su interlocutor y preguntarle datos claves: domicilios del estudio, forma de llegar personalmente al mismo, teléfono para comunicarse o bien cuando se les indica que se enviará un abogado para intervenir en el supuesto pago de la deuda.
En los casos más sofisticados de estas bandas, el supuesto “Estudio” otorga un teléfono, un nombre falso de un abogado y el único contacto con el que se puede hablar. En general dan tiempos perentorios, cortos, prácticamente horas para decidir bajo la amenaza de embargo. Si la víctima accede o “cae” en las redes de las mentiras, le exigen depositar un determinado dinero para “aplazar los términos” del embargo y allí les otorgan un CBU donde en una cuenta seguramente numerada, se debe depositar una suma que, obviamente, la víctima perderá irremediablemente.
Entre la cantidad de lectores que nos han hecho llegar quejas y denuncias por la falta de control y punición a este tipo de fraudes, uno de los ejemplos más cercanos lo vivió nuestro colega Hugo Moyano de Fm News, a quien una persona allegada le acercó el caso de un llamado sobre el posible embargo de su auto particular, por la existencia de una deuda, aviso que le legó por WP a su teléfono celular privado. Siendo que esa deuda sobre el vehículo era inexistente, la duda se generó porque los datos aportados (incluyendo la patente del auto último modelo), hacía sospechar que provenían de una base de datos municipales y/o de la DRA muy actualizada.
La “oferta” consistía en detener el embargo sobre su vehículo, por una deuda con el City Bank, entidad con la que nunca había operado y no existe en plaza: La advertencia era clara: debía pagar la deuda o hacer un depósito para suspender provisoriamente el embargo y la enviaban a comunicarse con “el Dr Paz”, al teléfono 0115277-5707.
Otra modalidad es la comunicación directa con la posible “víctima”, pero rápidamente se diluye la amenaza cuando se comienzan a preguntar datos claves, como domicilio al cual dirigirse, entre otros temas que les impiden proseguir con la estafa.
En las redes sociales la policía dio a conocer un listado de teléfonos en virtud a las denuncias presentadas por víctimas de estas estafas. La medida tomada es muy adecuada para alertar a la población a minimizar los efectos de estos delincuentes que acuden con los más variados argumentos engañosos como por ejemplo, hacerse pasar por agentes de la ANSES, de una obra social, el PAMI, un supuesto premio de Lotería y las más diversas excusas utilizadas ya sea para intimidar o para comunicar un beneficio (falso) donde se pretende atrapar a la víctima en la euforia que le produce que le comuniquen haber sido beneficiado por un premio importante, un automóvil, etc, tras lo cual le exigen un depósito proporcional al “premio” para aplicar a gastos de los más variados tipos, pero en realidad ese es el punto de la estafa.
A pesar de la reiteración de casos, las denuncias existentes y la identificación de los celulares y teléfonos fijos desde los cuales hacen la maniobra, no hay por parte de la justicia ni del Estado una medida eficaz para caer contra estos delincuentes remotos, muchos de los cuales provienen de cárceles donde los presos manejan y poseen celulares libremente, desde los cuales realizan las extorsiones, amenazas y coordinan acciones con otros delincuentes de afuera.
Es necesario que la población esté alerta. No accione inmediatamente de recibir un mensaje por redes sociales, teléfono fijo, celulares o correo electrónico, sin cerciorarse de la procedencia lícita del llamado, acudiendo (ante la menor duda) al organismo del cual dicen llamarlos o pidiendo una dirección donde realizar una consulta personalizada. Si nada de esto es facilitado por su interlocutor, cortar rápidamente y dar aviso a las autoridades. (Agencia OPI Santa Cruz)
