“La ruta del dinero K”: el Tribunal que juzga a Lázaro Báez rechazó el pedido de sus hijos de apartar a la Oficina Anticorrupción

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Luego de la salida de ese organismo de las causas por lavado contra Cristina, Melina y Leandro Báez reclamaron que este caso está vinculado, y también debería retirarse de él.

Por: Lucía Salinas

El 11 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) inició su alegato contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña y otros veinte imputados en el juicio por el caso conocido como “la ruta del dinero K”. Días después el país entró en cuarentena, y quedó en suspenso la continuidad del proceso donde el contratista K está acusado de haber lavado 60 millones de dólares. En la última semana, la OA -que conduce Felix Crous- anunció que se retiraba de dos causas por blanqueo contra Cristina Kirchner, y dejó abierta la posibilidad de desistir de otros expedientes. Por eso, dos de los hijos de Báez pidieron que el organismo sea apartado del jucio, pero el Tribunal rechazó el reclamo.

Cuando fue su turno de alegar, la OA se pronunció durante casi cinco horas dando por corroborada la acusación central contra Lázaro Báez: la existencia de una estructura jurídica, societaria y jurídica utilizada para maniobras de lavado de activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Entonces, el organismos bajo la actual conducción se refirió a las imágenes de la financiera SGI, donde el mayor de los hijos varones del empresario K y personas de su confianza contaban 5 millones de dólares.

Con el avance del alegato, que aún no concluyó ya que las audiencias se discontinuaron a raíz de la cuarentena, la OA dijo: “Báez fue el mentor y responsable de esas operaciones de lavado, que hicieron muchas personas de su confianza y bajo sus instrucciones”. Hubo más: “Las operaciones de lavado de dinero fueron realizadas con fondos obtenidos de la actividad de Austral Construcciones y ordenadas por Lázaro Báez” y lo calificaron como el “responsable último de la toma de decisiones del grupo empresarial y quien detentaba el poder de decisión sobre su giro comercial”.

Un punto más: para la OA como para las otras dos querellas que pidieron la condena del ex bancario de Santa Cruz -la UIF y la AFIP- el delito precedente a la causa por lavado de activos se encuentra bajo la lupa judicial en el expediente donde se juzga a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que habría defraudado al Estado al favorecer al empresario K con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Así, avalaron lo que la Justicia viene sosteniendo: las causas están vinculadas.

Hasta el momento, el organismo que conduce Crous mantuvo esta línea de acusación. Resta saber si se retirarán del caso o continuarán con su alegato, que se ajusta a al acusación del fiscal Guillermo Marijuan durante la instrucción.

En la audiencia que no pudo celebrarse a raíz de la pandemia del Covid19, la OA iba a centrarse en el rol que cada uno de los 26 imputados cumplió en la estructura de lavado de dinero y avanzaría en la acusación.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), presidido por el juez Néstor Costabel, se encontraba haciendo las consultas pertinentes para retomar las audiencias de forma online, ya que después de la OA sólo restaba el alegato del fiscal Abel Córdoba, y finalmente la sentencia de los magistrados.

Pero mientras tanto, Leandro y Melina Báez, bajo la representación del abogado Roberto Herrera, pidieron que la OA sea apartada del juicio. La defensa entendió que las causas de las que se retiró el organismo estatal “…están emparentadas de alguna forma con evidente conectividad de algún tipo”, y que “claramente nos encontramos frente a un posicionamiento estatal evidentemente discriminatorio, pues “las circunstancias por las cuales la Oficina Anticorrupción desistió de su rol como parte querellante en la causa Los Sauces y Hotesur se replican taxativamente en el presente juicio”. Según Herrera, “deben primar los principios constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso legal, teniendo en cuenta que la O.A. no puede contrariar sus propios actos”.

Pero el TOF 4 integrado por Costabel y sus colegas Adriana Pallioti y Gabriela López íñiguez, respondió que “no hay conexidad declarada entre las causas mencionadas, donde los objetos procesales por los cuales se requiriera la elevación a juicio son totalmente diferentes, y por lo tanto ninguna deducción o extensión se puede hacer respecto de una presentación de la Oficina Anticorrupción en el sentido pretendido”.

Por lo tanto, explicaron que la presentación de la defensa de los hijos de Báez “carece de fundamentación autónoma” y “deviene manifiestamente improcedente”.

De esta manera, la OA seguirá siendo para del caso, y si el organismo decide retirarse “la situación se evaluará, porque sus alegatos ya iniciaron”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. (Clarín)

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