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Crisis en Pico Truncado: Osvaldo Maimo cumplió el plan K de despedir trabajadores y es hasta hoy, el único intendente al que se le sublevaron los cesanteados

Crisis en Pico Truncado: Osvaldo Maimo cumplió el plan K de despedir trabajadores y es hasta hoy, el único intendente al que se le sublevaron los cesanteados

De acuerdo al plan premeditado urdido por el kirchnerismo provincial, a instancias de gobierno de Alicia Kirchner, pero coordinado con el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Fernández, el objetivo político inicial de todas las administraciones donde el FPV ganara poder en el 2019, fue el de eliminar cualquier vestigio del gobierno macrista, aún cuando se tratara de empleados rasos que hubieran sido colocados allí (legal o no) por la gestión anterior.

Como ya lo expresamos en nuestras notas anteriores, la orden fue cumplida al pie de la letra. Ni bien se hicieron cargo las autoridades nacionales realizaron una verdadera “razzia” en los organismos públicos y en Santa Cruz fue mucho más evidente el accionar absolutamente contradictorio con el discursos K, cuando apareció haciéndose cargo de YCRT Aníbal Fernández, un ícono de la corrupción en la “década ganada” y de un plumazo, en complicidad con ATE, dejó afuera de su trabajo a 417 trabajadores, argumentando que habían sido nombrados por el interventor anterior (Omar Zeidán/Cambiemos) y que el Ministerio de Trabajo no había homologado sus nombramientos. Eludió decir el nuevo Interventor, que todas las gestiones anteriores del kirchnerismo hicieron lo mismo, e inclusive cuando Macri asumió, Atanasio Pérez Osuna (ex interventor YCRT) pasó a planta más de 300 empleados y anteriormente cada interventor había dejado personal en las mismas condiciones.

Éste fue quizás la señal más contrastante de la doble moral del kirchnerismo. Por un lado alude al cuidado del trabajador y por otro ni bien tocó el poder dejó a más de 400 en la calle, no importándoles el impacto negativo de la desocupación en al cuenca carbonífera, que en épocas de Macri agitaba junto a los gremios de YCRT como bandera de inequidad, por razones estrictamente políticas, sin importarle ni a uno ni a otro, el verdadero bienestar de la gente de allí.

Pero inmediatamente el plan de despidos fue aplicado también por los intendente del Frente para la Victoria, quienes ni bien asumieron en cada localidad de la provincia dejaron afuera de sus tareas habituales a cientos de trabajadores. Los más notorios fueron: Pablo Grasso en Río Gallegos, Fernando Cotillo en Caleta Olivia (con despidos disimulados y/o encbiertos) y Osvaldo Maimo en Pico Truncado. Todos amigos, todos cómplices en las decisiones de cortar el hilo por lo más débil, sin recibir ningún tipo de queja, manifestación y repudio por parte de los principales gremios estatales como son ATE, APAP y UPCN, sindicatos absolutamente cooptados por el gobierno, quienes responden a las órdenes del poder.

Todos estos intendentes de la primera línea kirchnerista, llegaron a repetir sus mandatos (excepto Grasso que ganó electoralmente por primera vez) de la mano de promesas que sabían previamente iban a cumplir: no despedir gente y tener al trabajador como principal objetivo de bienestar. Necesitaban sostener el engaño hasta las elecciones y ya obtenido el triunfo, esperaron a asumir para aplicar el plan. Ganaron y el primer acto de cada uno de ellos tras la asunción, fue hacer una lista negra y quienes entraron en la gestión del intendente precedente, fueron radicalmente eliminados de la nómina, dejándolos en la calle sin ningún tipo de respeto  por el valor del trabajo y las críticas condiciones económicas por las que atraviesan las localidades donde cada uno de ellos fue nombrado intendente.

Pablo Grasso despidió más de 80 trabajadores, muchos de ellos afectados al SIPEM (Servicio de estacionamiento medido y pago) y no le tembló el pulso para justificar con los más rebuscados argumentos, que un candidato a intendente que llegó prometiendo cuidar al trabajador municipal, lo primero que hizo fue aplicar la lapicera a una lista negra donde se marcó gente que luego fue despedida. Otra vez, los afectados fueron víctimas del uso político del intendente Roberto Giubetich (UCR) y del entrante Grasso (FPV).

Osvaldo Maimo en su regreso como Intendente de Pico Truncado despidió 208 trabajadores municipales ingresados por su antecesor, Omar Fernández quien los había nombrado por decreto y el propio Concejo Deliberante ratificado en sesión y dejó sin recategorización a 253 trabajadores más. Desde ese preciso momento, el nuevo intendente comenzó a tener frente a la intendencia un conflicto que pasó por distintos niveles. El reclamo formal, el judicial y la vía de hecho.

Represión de empleados municipales en Pico Truncado

Las más de 200 personas realizaron un Amparo ante el juez de 1º instancia Norberto Castelo, quien rechazó la medida al tiempo que concejales de la localidad acusaron al magistrado de ser parcial, políticamente identificado con el gobierno provincial. Ayer, tras el ingreso de personal al edificio del municipio y tras las denuncias del intendente, el juez Pablo Cimini del Juzgado de Instrucción Nº 1 ordenó que la policía actuara en la represión de ayer a última hora de la tarde.

La tensión en Pico Truncado es muy grande, pues la sociedad de alguna manera vive con expectativa lo que ocurre en el municipio, por cuanto más de 200 familias de esa ciudad dependen del trabajo municipal, única fuente de recursos para quienes desde hace varios años se desempeñaron en la comuna, nombrados por el anterior intendente y avalados por resolución del CD de la localidad.

La historia de Osvaldo Maimo lo ubica como un ultra K, intendente por cuarta vez de esa ciudad. En la última elección de intendente ganó por los aportes del SER, el partido kirchnrista del petrolero Claudio Vidal, que le permitió obtener los votos necesarios. Maimo en sus gestiones anteriores, tuvo grandes conflictos con los trabajadores y largos enfrentamientos en el año 2005/2006 con el gremio de ATE, cuando el sindicato liderado por Alejandro Garzón cortaba rutas y se manifestaba en el municipio. A Maimo nunca le tembló el pulso para pedir la infantería y desalojar a los que reclamaban y de aquella denuncias hubo varios procesados en la justicia, entre ellos el propio Secretario General de ATE.

Osvaldo Maimo, luego de perder la intendencia fue refugiado por el FPV con cargos en el gobierno provincial, acompañando a Fernando Cotillo en Distrigas SA, donde se mantuvo cobrando un importante haber mensual más todos los otros “suplementos” de los cuales dimos cuentas en sucesivos informes, cuando revelamos la corrupción imperante en la empresa distribuidora de gas de la provincia.

Nunca se había visto en Santa Cruz una contradicción más descarnada dentro del propio gobierno krichnerista. Sucede, particularmente, que estos últimos 30 años quienes sucedían a intendentes y gobernadores eran del mismo color político. En el 2016 varios municipios cayeron en manos de la oposición y cuando en el 2019 fueron recuperados por el kirchenrismo, los mismos que mantuvieron discursos altisonantes sobre el derecho de los trabajadores, criticaron la desocupación y prometieron el mejoramiento de la vida de los empleados, fueron los primeros en aplicar despidos brutales, sin que los gremios que tienen directa incidencia, levanten la voz.

En los hechos de ayer en Pico Truncado, solo la ADOSAC y Judiciales y en lo político el Parto Obrero han elaborado un repudio público hacia la acción de Maimo, la justicia y la policía provincial, por la brutal represión que llevaron adelante donde se conoce que hay más de 15 heridos de distinta gravedad, por impacto de las balas de goma, gente que en la refriega con la policía salió corriendo y están siendo buscadas para detenerlos y otros que fueron reprimidos sin haber ingresado al edificio de la comuna.

Las fuentes desde Pico Truncado, afirman que este conflicto se va a agravar, ante lo que consideran una actitud soberbia y autoritaria del intendente, quien prometió reunirse para debatir el tema de los despidos, nunca cumplió y envió la policía para reprimir. Por primera vez en cuatro años, ningún gremio estatal de los involucrcados de manera directa (municipales, ATE, UPCN y APAP), han hecho escuchar su voz; y no es casualidad. (Agencia OPI Santa Cruz)

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