Diputados oficialistas se negaron a tratar el rechazo a la represión a trabajadores en Pico Truncado

En la tercera sesión virtual de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, el oficialismo se negó a tratar tres proyectos de resolución y una cuestión de privilegio que rechazaban y pedían un informe sobre la represión que sufrió un grupo de trabajadores municipales que pedían ser reincorporados durante el pasado 21 de mayo en Pico Truncado y la posición del gobierno de Alicia Kirchner que defendió la “disuasión” de los manifestantes.

La mayoría del bloque del Frente de Todos fundamentó que las iniciativas de los diputados Daniel Roquel (UCR), Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) y José Luis Garrido (SER – Frente de Todos) debían pasar “a comisiones para un estudio mayor y se de preferencia de tratamiento para la próxima sesión”.

Sin embargo, un pedido fuera del reglamento entre el presidente de la bancada kirchnerista Matías Mazú y la diputada Rocío García permitieron apartarse del orden del día para que se le dé la palabra al diputado por el pueblo de Pico Truncado, Miguel Farías (SER – Frente de Todos).

Ante esta situación, Roquel dijo que “el oficialismo no quiere tratar tres proyectos en el mismo sentido pero quieren que escuchemos una explicación. No me voy a prender en este circo”.

Sin embargo, Farías habló y sostuvo que “no hay ningún circo es un tema realmente serio. Hay que evaluar las distintas situaciones y en Pico Truncado no algo que sucedió de un día para el otro sino una historia en sí misma y viene de mucho tiempo atrás”.

El legislador, quien se cuidó de no hablar de represión ni disuasión, se limitó a considerar que “todo es un ardid político que termina en esa situación que hemos vivido todos quienes habitamos Pico Truncado”.

“Ninguno de nosotros estará de acuerdo para resolver una situación sea mediante la violencia. No es la manera de resolver un conflicto. Creo que todos vamos a compartir que todo el mundo tiene derecho a trabajar y proyectarse” añadió Farías.

El legislador apuntó que “el conflicto con las 208 personas viene hace bastante tiempo y tiene particularidades. Unas 44 personas tuvieron cargos políticos de la anterior gestión y el resto en su gran mayoría fueron hasta diciembre de 2019 en una cooperativa que contrató el intendente anterior”.

Allí apuntó contra el ex intendente Omar Fernández al acotar que “hay un criterio que tiene el estado en general que los cargos políticos tienen que irse con la gestión que finaliza. Y eso no ocurrió con una gestión bastante turbia por parte del intendente saliente de Cambiemos”.

Y dijo públicamente que “él está en Catamarca, cobra un sueldo del Senado y manda a la gente a chocar con el municipio en esta situación. Le dejaron un paquetito, una bomba al intendente actúal. Hoy es Osvaldo Maimo pero podría haber sido cualquier otro”.

Farías argumentó que “el tema está judicializado y el municipio deberá resolver en función de lo que se determine. No es absoluta realidad lo que dicen los medios de comunicación”.

Al finalizar la sesión, el diputado Pérez Gallart pidió una cuestión de privilegio contra los ministros de Seguridad, Lisandro de la Torre; de Gobierno, Leandro Zuliani y; el Jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez porque “negaron el carácter represivo de lo que ocurrió en Pico Truncado”.

“Estos hechos habilitan una cuestión de privilegio, más de 200 trabajadores, fueron despedidos y esa tarde hubo dos mujeres que fueron invitadas a pasar porque los iba a recibir Maimo y eso no ocurrió, ocurrió la represión”, añadió.

Pérez Gallart argumentó que “escenas que fueron descriptas por el concejal y ex diputado provincial, Lito Mansilla y dirigentes sindicales. Lo que se concluye este panorama con la caza efectuada por las calles de Pico Truncado. Es increíble lo que sucedió y las manifestaciones de De Latorre, tengo las vainas servidas antitumultos – que mostró frente a la cámara – junto a las fotos de personas que recibieron impacto de balas de goma”.

El legislador denunció que “a los hombres los tuvieron con precinto como si fuesen delincuentes en un patio, los sentaron y los tuvieron 18 horas sin comer”

A su vez, denunció que “hubo apremios ilegales, les hicieron aceptar la defensora oficial y no la acción de la abogada que fue a patrocinarlos”.

“En cada represión como es parte del accionar de la policía se realizaron denuncias de victimarios a víctimas, los amenazaron que si los veían de a dos los iban a detener. En democracia lo llamamos represión, vejámenes y criminalización de la protesta social” puntualizó.

Si bien solicitó que la cuestión de privilegio se gire a la comisión de Asuntos Constitucionales, el pedido irritó a los diputados del oficialismo quienes defendieron el accionar de los ministros y evitaron que sea tratado el tema en comisiones.

El Frente de Todos dispuso una nueva sesión virtual para no debatir ningún tema que les genere polémica y haya sido presentado el bloque Nueva Santa Cruz como la situación de los edificios escolares, la eximición del cobro de servicios públicos a clubes deportivos o el pedido para que la Secretaría de Ambiente informe sobre la situación de los pasivos ambientales de la actividad hidrocarburífera.

Sin embargo, aprobaron dos proyectos de resolución del diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, uno de ellos que declara el “beneplácito por la denuncia ante la justicia federal de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que revela un proceso sistemático de inteligencia ilegal” apuntando a la gestión del gobierno de Mauricio Macri y los legisladores de la oposición se abstuvieron al señalar que “en otros gobierno hubo espionaje desde la SIDE que funcionó hasta el 2015”, haciendo referencia al Proyecto X.Mientras que la otra iniciativa fue para “repudiar y refutar” unas declaraciones periodísticas de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich a las que acusó de “intención maléfica” al criticar la extensión del Aislamiento Social y Obligatorio hasta el 7 de junio por la pandemia del COVID-19. (Agencia OPI Santa Cruz)