El órgano leal al chavismo nombró a un diputado oficialista.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, alineado con el chavismo, declaró ayer nula la junta directiva del Parlamento presidido por el líder opositor Juan Guaidó y designó en su lugar al oficialista Luis Parra, un disidente de la oposición involucrado junto a otros legisladores en un caso de corrupción.
“La Sala Constitucional del TSJ declaró válida la Junta Directiva de Asamblea Nacional, la cual está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente”, dice el fallo, en una decisión a la medida del gobierno de Nicolás Maduro.
La sentencia también prohíbe a Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, ejercer como jefe de un “Parlamento paralelo o virtual”, cortando así al Legislativo, de mayoría opositora, una vía alternativa de expresión y funcionamiento.
Desde 2015, cuando ganó las elecciones legislativas tras varios años de derrotas y abstenciones, la oposición vio inmediatamente recortadas las funciones de la Asamblea por el chavismo, que la redujo a la inoperancia.
Parra, exmiembro del partido Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles, es uno de los siete diputados involucrados en una trama de corrupción en el marco de un programa de entrega de cajas alimentarias.
Parra también fue acusado de recibir prebendas del régimen en la llamada “operación alacrán”, que tenía como objetivo comprar diputados para evitar que Guaidó, que lideraba el Parlamento desde enero de 2019, volviera a triunfar este año y repitiera en la presidencia del Legislativo.
Llegó a la presidencia del Parlamento después de una controvertida sesión en la que obtuvo el cargo con apoyo del oficialismo y un grupo reducido de la oposición. Horas después, Guaidó fue reconocido para el mismo cargo en otra asamblea con opositores en la redacción de un diario.
Esta vez, la justicia chavista se ocupó también de cubrir esa salida y cerró las puertas a un recinto alternativo. Así declaró que cualquier persona o institución que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual será considerada “en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo”. (La Nación)
