Es la causa por obra pública, donde el empresario y la ex presidenta son los principales acusados. Pasó más de un año desde la primera audiencia.
Por: Lucía Salinas
El Consejo de la Magistratura, responsable de administrar los fondos del Poder Judicial, informó al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que trabaja en una plataforma para realizar el juicio contra Cristina Kirchner de forma remota. A la espera de que el sistema tecnológico garantice las medidas de seguridad para un juicio de tal envergadura, el empresario Lázaro Báez y el ex funcionario Nelson Periotti -otros dos acusados-, ya manifestaron a través de sus defensas, que no están de acuerdo con reanudar las audiencias bajo dicha modalidad. Consideran que no es una metodología apta ni que garantice un buen desarrollo del juicio.
La Justicia se encuentra en una situación inédita, en particular los Tribunales con juicios a cargo, ya que por excelencia la labor que realizan es presencial. La prolongación de la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus, impulsó a que muchos jueces evalúen la resolución de algunas audiencias de formas online.
El debate se centró en el juzgamiento a cargo del TOF 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner. La vicepresidenta está señalada como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado, al haber direccionado obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
La acusación involucra a otros 25 imputados, entre ellos al dueño del Grupo Austral quien, según la acusación, se vio beneficiado con 51 licitaciones: todas ellas plagadas de irregularidad que van desde sobreprecios promedio del 65%, contratos sin capacidad de obra, redeterminaciones de costos, entre otros. Estas maniobra se materializó en adjudicaciones por $ 46.000 millones.
El 21 de mayo, el juicio cumplió un año desde su inicio. Las audiencias se encuentran detenidas a raíz de la pandemia y abrió el debate respecto a los recursos tecnológicos del Poder Judicial, atravesado por el avance del Gobierno sobre la Justicia, donde la vicepresidenta acumula nueve causas elevadas a juicio oral.
El fiscal del caso, Diego Luciani, fue el primero en requerir que el juicio se retome de forma online, pero al obtener el TOF 2 una respuesta por parte del Consejo de la Magistratura donde se señaló que aún las condiciones no están aptas para un caso que demandaría más de 50 personas conectadas, se analizaron otras medidas. Las justificaciones de la Magistratura, previsiblemente, generaron reclamos desde la oposición.
Ante la incertidumbre en torno a los tiempos de implementación del sistema que se encuentra desarrollando el área tecnológica del Consejo, los jueces del Tribunal pidieron que “se informe acerca de las posibilidades de contratar -hasta tanto finalicen dichas tareas y se encuentre disponible la aplicación descripta- una licencia premium de la plataforma Zoom, en favor de este órgano judicial”.
La opción es viable, pero surgió un inconveniente y es que algunas defensas ya manifestaron no estar de acuerdo con la modalidad online. Lázaro Báez, en un escrito presentado por sus abogados, de forma digital, manifestó que no quiere una audiencia de manera remota ya que argumenta que el control de la prueba testimonial “no será el mismo que en el juicio presencial”.
El juicio concluyó el 2 de diciembre con las indagatorias, cuando ocho días antes de asumir como vicepresidenta, Cristina declaró ante el Tribunal acusándolos de ya haberla condenado y sosteniendo que la causa era “un armado de persecución política”. Fue cuando instaló el concepto de “lawfare”.
Después de ello, inició la etapa de las declaraciones testimoniales. De los 180 testigos aceptados, sólo expusieron ante el TOF 2 seis personas. En marzo previo al inicio de la emergencia sanitaria era el turno de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional durante la gestión macrista y denunciante en el caso. De reiniciar las audiencias de forma remota, será este testimonio el que se escuchará.
La defensa de Báez no está de acuerdo, porque considera que no es un sistema seguro que permita la exposición de documentación y a su vez, que en las testimoniales puedan interactuar todas las partes realizando consultas. En el planteo coincidió Periotti, ex titular de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo. Fue dicho organismo el que adjudicó 51 licitaciones al Grupo Austral.
Para retomarse el juicio ¿deben todas las partes estar de acuerdo? Según fuentes judiciales, la situación es por demás “inédita”. “Nunca nos encontramos con esta situación donde los juicios orales y públicos deban hacerse de forma online, y lo ideal es que todas las partes estén de acuerdo, se analizará cada pedido de forma particular”, indicaron.
Por otro lado, fuentes del caso explicaron que se trata de un juicio de mucha documentación (más de 60 cajas de licitaciones, trámites administrativos, contratos, estados contables, etc), y que a diferencia de otras investigaciones “que son en base a dichos de testigos y menos papeles, estamos frente a un expediente con documentación compleja”.
La situación se da en el medio de otras demoras que ocurren en juicios contra Cristina Kirchner. Si bien la Justicia habilitó la feria judicial para el avance del peritaje en la causa por el Dólar Futuro, los peritos informaron que se ven imposibilitados de reunirse. Asimismo, los casos por lavado de dinero contra la vicepresidenta, se encuentra retrasados a raíz de peritajes ordenados. (Clarín)
