Extienden dos meses la posibilidad de rebajar salarios y aplicar suspensiones

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El Gobierno oficializó hoy la extensión por 60 días del acuerdo que ofrece la posibilidad de pagar salarios al 75% y realizar suspensiones entre las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para minimizar los despidos en el sector privado.

La Resolución 475, que había sido anticipada por LA NACION el viernes pasado, busca sostener el empleo y la actividad productiva”. De esta manera quedó formalizada la homologación de la prórroga del acuerdo entre la central obrera y la UIA, consensuada el jueves último por ambas, hasta el 31 de julio próximo.

Qué se definió

La resolución publicada hoy definió que las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones, que se ajusten íntegramente al acuerdo UIA-CGT y acompañen el listado de personal afectado, serán homologadas, previo control de legalidad del Ministerio.

El mismo criterio se seguirá en aquellos casos en los que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores.

El acuerdo también estableció que las presentaciones que efectúen las empresas para la aplicación de suspensiones, que se ajusten íntegramente al acuerdo y acompañen el listado de personal afectado, serán remitidas en vista a la entidad sindical con personería gremial correspondiente por el plazo de 3 días, pudiendo ser prorrogado por 2 días adicionales a solicitud de la representación gremial.

Vencido el plazo indicado, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por la representación empleadora.

La normativa precisó que la oposición de la entidad sindical a los términos del acuerdo sugerido por la representación empleadora, importará para las partes la apertura de una instancia de diálogo y negociación.

Por último, determinó que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que no se ajusten íntegramente al acuerdo serán sometidos al control previo de la cartera laboral que, en cada supuesto, indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido. (La Nación)

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