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Papelón municipal: sin argumentos válidos (iguales a los usados para la construcción) Pablo Grasso desistió de hacer la obra en la ría local

Papelón municipal: sin argumentos válidos (iguales a los usados para la construcción) Pablo Grasso desistió de hacer la obra en la ría local
La reunión de ayer entre Municipio y Vecinos de la barrio Jardín – Foto: Prensa MRG

Después de conocida el día sábado último la nota de OPI sobre la construcción del Centro de Monitoreo de Río Gallegos, a instalarse en calle Rodiño de Clarck y Villarino en el Barrio Jardín donde al menos 80 vecinos se opusieron por escrito ante la municipalidad de Río Gallegos, el intendente Pablo Grasso inició el camino del más grande papelón del cual se tenga memoria en esta capital, únicamente equiparado por la construcción de la rotonda sobre la calle Asturias en el ingreso a la Calle 13 del Barrio San Benito, obra llevada a cabo por la empresa Better SA, por encargo de Pablo Grasso cuando presidía el IDUV, pagada antes de su terminación, inaugurada el 13 de junio de 2018 y significativamente deteriorada solo 6 días después del acto, al punto que debieron rehacerla nuevamente.

El gran papelón del municipio en estos días fue avanzar de manera inconsulta para la construcción del Centro de Monitoreo, avasallando las Ordenanzas que prohíben construir en ese sector, salteando toda norma municipal y lógica de cualquier obra pública, nada menos que por parte de la autoridad cuya obligación es ser ejemplo de acatamiento de las nomas instituidas por ella misma.

El papelón del Intendente Pablo Grasso fue consultar a los vecinos después de iniciar los aprestos para la obra; elegir la empresa, instalar los carteles, el obrador, firmar todos los permisos y cuando recibió la nota de queja de los vecinos y el día sábado OPI reveló los detalles ocultos del procedimiento ilegal del proyecto, dar marcha atrás con todo. Es decir, el intendente “comenzó la casa por el techo”; primero empezó a construir y después pidió el consenso.

Obviamente Pablo Grasso y Cia actuaron de manera inmediata para retrotraer la obra, por dos razones: porque se filtró la información antes de afianzarse la obra, porque vecinos de gran pesos político y judicial presentaron una nota de queja pero además, hubo llamadas en el más alto nivel provincial y porque el día martes los 80 vecinos del barrio Jardín, iban a presentar un Amparo ante la justicia, tal como lo referimos en nuestra nota anterior.

Pablo Grasso avanza con un edificio en zona de relleno, sin estudio de suelo, en tierras nacionales, con empresa amiga y contra la voluntad de los vecinos

El mismo sábado 6 de junio desde la municipalidad de Río Gallegos le habían comunicado al representante legal de los vecinos, que la reunión iba a llevarse a cabo hoy lunes 8

A las pocas horas desde la municipalidad el Secretario de Obras Públicas Lucas Otín decidió, por orden del intendente, adelantar la reunión para el día domingo 7 en instalaciones del Rotary, donde finalmente se vieron las caras municipio, provincia y vecinos. Allí, en menos de una hora y tras redactar el acta compromiso correspondiente a instancias de un pedido de los vecinos, en el cual la municipalidad reconoce el renunciamiento, no tuvo discusión el objeto, porque la decisión estaba tomada: Grasso había decidido retirar la obra de la calle Clark y Villarino.

Reunión con sorpresas

En el salón del Rotary se encontraron algunos vecinos del Barrio Jardín (no todos) el secretario de Obras Públicas, Lucas Otín, y el secretario de Ambiente del Ministerio de Salud, Mariano Bertinat. La parte legal de los reclamantes la ejerció la abogada Belisa Yañez y los actores prácticamente transitaron por allí de manera “políticamente correcta”, porque en realidad los funcionarios no estaban para discutir nada sino más bien para informar la decisión municipal de anular la obra en ese lugar.

Papelón municipal: sin argumentos válidos (iguales a los usados para la construcción) Pablo Grasso desistió de hacer la obra en la ría local
El secretario de Obras Públicas, Lucas Otín, y el secretario de Ambiente del Ministerio de Salud, Mariano Bertinat – Foto: Prensa MRG

Minutos después los medios de comunicación pagos por el municipio y el gobierno provincial, le pusieron una pátina de “consenso” y “acuerdo” a un diálogo obligado desde el poder político provincial, endulzando lo que en realidad fue un vergonzoso renunciamiento del Intendente a una decisión apresurada, ilegal y autoritaria,tomada a la sombra de un poder que le otorga licencia para gestionar pero no para hacer lo que quiera, dónde quiera y cómo quiera. Ésta y no otra, fue la enseñanza que le dejó a Pablo Grasso, la vergonzosa marcha atrás que debió dar, al proyecto de instalación del Centro de Monitoreo en la ría local.

La reunión fue correcta, sin exabruptos ni discusiones políticas, pero claro está, había de parte del municipio una actitud culposa, la cual les impedía a los funcionarios dar una discusión sobre una obra donde no acreditaron los planos en ningún sector administrativo, no tuvieron en cuenta ningún aspecto ambiental, no consultaron a nadie, no respetaron sus propias Ordenanzas y pasaron por sobre cualquier protocolo básico para el inicio e instalación de una obra pública”, le indicó a OPI, un asistente a la reunión.

Una nota llamativa la puso el propio Secretario de Obras Públicas Lucas Otín quien cuando comenzó a hablar persistió en la versión que horas antes le había dado a los medios, sobre que la obra “se haría”, solo que pretendía saber la opinión de los vecinos, lo cual estaba de más, por cuanto obraba en poder de la municipalidad la nota de rechazo firmada por los mismos vecinos. ¿Cómo iba el funcionario a pedir la opinión de los vecinos, cuando la obra estaba decidida y mediaba una opinión escrita por la cual pedían que cesara el proyecto?.

En ese punto apareció un actor impensable, pero previsible: Fernando Millapel, quien salió rápidamente a rescatar al funcionario e impidéndole avanzar en la idea que iba a detonar una discusión, cuando la orden de Grasso era cerrar el problema de una vez por todas, con la anulación del proyecto en ese lugar, el cual – de acuerdo a información obtenida en la misma reunión, podrían ubicarlo en los galpones de YCF, sobre la misma ría pero exactamente en el lado opuesto a donde está instalado actualmente el obrador.

La nota de la reunión entre vecinos y funcionarios

Millapel se encargó de dejar claro que la obra actual no se haría allí, pero se realizará en otro lado”, dijo nuestra fuente y agregó “Sin duda este histórico personaje que pasó al lado de todos los intendentes k, hoy como “asesor”, lo pusieron para sostener a Odin que “está verde” en la función de Secretario de Obras Públicas”, indicó al tiempo que destacó la presencia de Bertinat, de la provincia “y un tal Silvio Escobar, que allí nadie sabía quién era ni qué hacia”, remarcó.

La arquitecta Marta Deluchi señaló la existencia de un viejo proyecto del año 1993 de aprovechamiento del estuario y precisamente en ese lugar, estaba pensado hacer un espacio verde con mirador a la desembocadura para recreo y admiración del paisaje, impidiéndose construcciones allí, por cuanto es un sector de marismas, es decir las contramareas las cuales, por su fuerza y desnivel, socavan cualquier tipo de estructura levantadas en el lugar pudiendo derribarla con el tiempo, de hecho los estudios preliminares hicieron posible la construcción de una explanada que funciona como contención y avance de las aguas del estuario sobre esa parte de la costa “Si lograban construir algo allí, con el tiempo, el mar se lo tragaba”, le confiaron a OPI los entendidos en la materia.

Un fracaso no asumido

Este papelón del intendente Pablo Grasso es el más grande y evidente generado en lo que va de su gestión, pero no el único. Desde que asumió la intendencia ha embestido con una serie de “proyectos” la mayoría recaudatorios, sin el mínimo estudio de factibilidad y/o posibilidad de aplicación, ni de los efectos negativos en la opinión pública.

Así gestó el aumento indiscriminado del impuesto al automotor, un pretendido peaje para los camiones de carga que transitaran por la ciudad, un impuesto el cual quería aplicar a cada litro de nafta que se cargaran en los surtidores de la ciudad o las medidas que anunció de manera inconsulta iba a tomar cuando se instaló la pandemia y luego debió retrotraer por cuanto la provincia hizo exactamente lo contrario.

En el tema del edificio de monitoreo, sin duda, existe un interés particular para hacerlo, siempre bajo la expectativa de proveerle a la ciudad mayor seguridad a través de cámaras de vigilancia, un viejo proyecto que ya se ha llevado millones de pesos sin que nada se lograra ni una sola cámara funcione. Casualmente, el propio Millapel, que ayer lo sacó de apuro al novel Secretario de Obras Públicas de la municipalidad, en administraciones anteriores estuvo conectado con estos proyectos de control ciudadano. 

Verdad o consecuencia, hoy vuelve un gobierno kirchnerista y el ex funcionario aparece como “asesor”, metido en medio de una discusión cuyo centro son millones de pesos que, como es costumbre en cada administración municipal (de cualquier color) son manejados discrecionalmente y sin dar mayores explicaciones; la provincia no las pide, los organismos de control están distraídos y si no es por la repercusión pública, escándalos como el ocurrido este fin de semana, nunca saldrían a la luz para exponer a sus responsables. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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