Por: Fernando Bertello
Con la excusa de “rescatar” a la cerealera Vicentin, que está en concurso preventivo por US$1350 millones, donde el Banco Nación es su principal acreedor individual con más de $18.000 millones prestados en prefinanciación de ventas al exterior, el presidente Alberto Fernández abrió paso a la intervención estatal y expropiación de esta empresa oriunda de Santa Fe.
Así, luego de la historia en la Argentina con la Junta Nacional de Granos (JNG), que funcionó entre 1933 y 1991 en ese caso con compras y precios para asegurar el abastecimiento a los molinos harineros, por ejemplo, el Estado vuelve a meterse en el comercio de granos ahora con el formato del rescate a una empresa en concurso. También, como lo dijo Fernández, con el argumento de la “soberanía alimentaria”.
Con un decreto de necesidad y urgencia (DNI), el jefe de Estado nombrará a Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura de la Nación durante la presidencia de Cristina Kirchner, como interventor. A la par, enviará un proyecto de ley de expropiación, con el cual indicó se está trabajando con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
“Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción”, señaló el jefe de Estado, rodeado tanto por Delgado y Fernández Sagasti como por el ministro de Producción, Matías Kulfas. El mandatario añadió que la medida es “estratégica” y remarcó que “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria”.
Según explicó el jefe de Estado, los activos de la empresa pasarán a un fondo fiduciario que se manejará desde YPF Agro, la división agro de la petrolera estatal que vende agroquímicos y fertilizantes, entre otros insumos para el sector.
En diciembre pasado, días antes del cambio de Gobierno, Vicentin anunció la cesación de pagos a productores por unos US$350 millones . Lo hizo argumentando “estrés financiero”, entre otros motivos, tras inversiones por US$900 millones. La caída de la firma se dio, además, mientras tomó fuertes compromisos por la entrega de mercadería de productores en un momento donde se especulaba con la suba de las retenciones.
Luego se conoció que la deuda de la empresa era mucho más. Allí pasó a conocerse el préstamo equivalente a $18.000 millones del Banco Nación para prefinanciar exportaciones y otros US$650 millones de bancos internacionales.
En febrero pasado, la firma solicitó la apertura de su concurso de acreedores. Presentó una nómina de más de 2600 acreedores por una suma denunciada total de $99.345.263.086,50.
Más allá del cimbronazo que tuvo sobre fin de 2019, la firma ha mostrado una buena perfomance. El año pasado fue la cuarta exportadora en general del sector y primera en subproductos y aceites. Vendió al exterior 2,6 millones de toneladas en granos, 5,9 millones de toneladas en subproductos y 1,4 millones de toneladas en aceites.
Entre 2017 y 2019, esto es con harina, aceite, trading, biodiésel (a través de una sociedad), sus ventas aumentaron 12%. Pasaron de 2832,5 millones de dólares a US$3173 millones. Mientras tanto, considerando otras actividades logró aumentar sus ventas de más de US$3500 millones en 2017 a unos US$4200 millones el año pasado. El grupo Vicentin también está en el negocio frigorífico, en una algodonera y en la exportación de miel.
La semana pasada, un grupo de intelectuales y dirigentes políticos de centro izquierda habían pedido que Vicentin se transformara en una empresa pública no estatal.
“Es una excelente noticia rescatar a esta empresa y que tiene que ver con la soberanía alimentaria”, indicó la senadora Fernández Sagasti.
Kulfas subrayó que es relevante “tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.
Por su parte, Delgado trazó un paralelismo entre YPF y Vaca Muerta porque su división de agro manejará la exportadora. “Ahora a YPF le toca tener también la Vaca Viva”, dijo el flamante interventor. (La Nación)
