Por: Pablo Fernández Blanco
La millonaria deuda de la cerealera Vicentin con el Banco Nación es uno de los argumentos que se utilizaron para justificar la intervención de la empresa por parte del Gobierno. Vistas a través de esos anteojos, al menos otras tres compañías deberían estar preocupadas sobre la posibilidad de que la onda expansiva que afectó a la firma santafesina golpee a sus puertas, según un análisis que hizo LA NACION a partir de registros oficiales del Banco Central.
Hasta diciembre del año pasado, el último número público disponible, Vicentin tenía una deuda total con el sistema financiero argentino de $23.503 millones, de los cuales casi el 78% correspondían a acreencias a favor del Banco Nación. Es decir, le debía al organismo del Estado $18.259 millones. La empresa es la tercera entre las firmas con mayor pasivo bancario, aunque tiene una particularidad: a diferencia de la gran mayoría, tiene una situación de nivel cuatro.
Según la nomenclatura del BCRA, las deudas regulares son nivel uno. Desde el dos al seis, se trata de pasivos irregulares.
Entre las 100 principales deudoras del sistema financiero aparecen siete empresas en situación irregular, incluida Vicentin. Hay un dato sugestivo: en cuatro de ellas el principal acreedor es el Banco Nación, por lo que su situación financiera es comparable a la de la compañía recientemente intervenida.
Molino Cañuelas está cuarta en la lista de grandes deudores del sistema financiero y tiene una calificación de nivel cuatro, la misma que Vicentín. Se define a sí misma como una empresa regional de alimentos, integrada desde las materias primas hasta el consumidor final. Tiene algunas marcas cercanas al gusto argentino: la harina Pureza, el aceite Cañuelas y los bizcochos Nueve de Oro. La compañía debe $19.088 millones. Un 19% está en manos del organismo público, su principal acreedor bancario. Son $3626 millones. Se trata de un gigante en su rubro que se endeudó en dólares y quedó entrampado en las sucesivas devaluaciones de los últimos años. Es probable que la familia Navilli, dueña de la empresa, deba ceder gran parte del capital social a sus acreedores.
La telaraña financiera y política sobre Molino Cañuelas se cierra por otro lado. La empresa también es dueña de Compañía Argentina de Granos . La deuda en ese caso es de $7742 millones, de los cuales un 39% está en manos del Banco Nación. Son otros $3.019 millones. Al igual que en el caso de la firma madre, su calificación es cuatro, la misma que para Vicentin.
En total, la deuda del grupo Molino Cañuelas con el Banco Nación asciende a $6645 millones.
El sector de agronegocios leyó y releyó el decreto de Vicentin. De allí se desprendería que las coordenadas a partir de las cuales se avanzó sobre la cerealera no se aplicarían a Molino Cañuelas. Si bien tienen en común la dificultad financiera, esta última nunca dejó de pagar sueldos, no tiene grandes pasivos comerciales y está completamente operativa. De hecho, incluso lanzó nuevos productos en el último tiempo.
La conducción de la empresa está negociando con sus acreedores para resolver su futuro. El objetivo más ambicioso es que la familia siga al mando de la compañía. Resta saber si llegará a ese acuerdo con las instituciones a las que les debe plata. Impsa cierra la lista de grandes deudores del sistema financiero local. La empresa metalúrgica fundada por la familia Pescarmona en Mendoza tiene una de las peores calificaciones (nivel 5), pero una situación, al menos en apariencia, más ordenada.
Impsa le debe al sistema financiero $3810 millones. El 80% le corresponde al Banco Nación. Es decir, a razón de $3000 millones.
La entidad pública hizo valer su participación al momento de intentar cobrar sus pasivos, algo que ocurrió en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy, el CEO es Juan Carlos Fernández, pero el presidente es Diego Grau, designado en esa silla por el Banco Nación tras la reestructuración de la deuda de la empresa. Dicho de otra manera, no se trata de una intervención, como en el caso de Vicentin, pero el Gobierno ejerce sus derechos políticos en la empresa.
La contabilidad de Impsa comenzó a trastabillar en 2014, cuando una firma hermana brasileña acumuló una deuda de US$850 millones que no pudo pagar. La empresa local no entró en convocatoria de acreedores, sino que reestructuró deuda por US$1200 millones.
El resultado le permitió bajar el endeudamiento hasta los US$520 millones, de los cuales US$73 millones estaban en manos del Banco Nación. El organismo público tiene la máxima representación de los acreedores, que se quedaron con el 66% de la compañía, mientras que los Pescarmona retuvieron el 33 por ciento.
La empresa debía comenzar a pagar la deuda en diciembre pasado, pero pidió otra prórroga. Sus principales acreedores lo aceptaron.
La conducción técnica y política de IMPSA busca vender la empresa. Es una manera de pagar las deudas. Estuvieron en negociaciones con un grupo a mediados de año pasado y avanzaron en conversaciones casi definitorios con otro a principios de este. Luego la pandemia y la cuarentena trastocaron todos los números de las compañías, que se inclinaron por una mirada más cuidadosa del futuro y frenaron esa clase de discusiones.
La lista de grandes deudores del sector financiero muestra otras particularidades. Si bien algunos sectores cuestionan los préstamos al sector privado, el Banco Nación también ha sido generoso con empresas públicas. Por ejemplo, la principal deudora del sistema es la petrolera YPF, bajo control estatal con casi $38.000 millones, de los cuales el 28,92% corrieron por cuenta del organismo público, en situación regular.
El Nación es, además, el único financiador local de IEASA, la exEnarsa. Son casi $11.000 millones que están en la misma situación que la deuda de Vicentín. (La Nación)