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Diputados kirchneristas se rehusaron a tratar la violencia policial contra un joven en Río Gallegos y convocar al ministro de Seguridad

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Diputados kirchneristas se rehusaron a tratar la violencia policial contra un joven en Río Gallegos y convocar al ministro de Seguridad

En la quinta sesión de la legislatura de Santa Cruz, que se realizó ayer de manera virtual, durante toda la sesión, el oficialismo estuvo más preocupado en bloquear las iniciativas de la oposición y poner el foco en temas de índole nacional que en los problemas y situaciones que se dan en Santa Cruz.

De hecho, no se pusieron de acuerdo con el bloque de Nueva Santa Cruz y enviaron a comisiones sendos proyectos de resolución que pedían convocar a la legislatura al ministro de Seguridad provincial, Lisandro de la Torre, para que explique distintos hechos de violencia que protagonizaron efectivos de la policía y expresar el repudio por la violencia policial contra el joven Javier Astorga quien fue víctima de apremios ilegales y discriminación el pasado 2 de mayo por efectivos de la Infantería de la Policía de Santa Cruz e integrantes de la comisaría 6° de Río Gallegos.

Los proyectos de los legisladores Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano), Martín Chávez (FPV- Frente de Todos) y Daniel Roquel (UCR) fueron girados a comisiones.

Chávez intentó justificar porqué su iniciativa no se trataba sobre tablas al sostener que “hubo una clara muestra de homofobia, fue un crimen de odio y debemos repudiar el accionar de quienes estuvieron involucrados”.

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Sin embargo, consideró que “pasar el tema a comisiones no significa obviar la discusión sino esperar que lleguen los informes y podamos expedirnos”.

El diputado oficialista añadió que “tenemos que reconocer el trabajo que desde 2015 se está realizando sobre la policía para que sus acciones se basen en el respeto por los derechos humanos. Tiene que haber responsables sobre lo que ocurrió en este caso”.

Pérez Gallart criticó el pase a comisiones porque “cuando llega a esa instancia deben funcionar las comisiones”. Desde el inicio de la virtualidad por la pandemia del COVID-19, sólo se trataron en las comisiones parlamentarias los proyectos que sólo le interesaban al oficialismo.

Tampoco dieron luz verde al pedido dirigido al Consejo Provincial de Educación para que designe a la vocal por los padres, Claudia Cingolani y tampoco que se considere una intimación al Banco Santa Cruz para que respete el límite impuesto por ley sobre los descuentos que pesan sobre los salarios de los trabajadores que mantienen deudas con la entidad financiera.

El oficialismo también hizo valer su mayoría automática cuando se trató un pedido para restablecer los reembolsos por puertos patagónicos

Allí coincidieron con distintas visiones, los proyectos de Carlos Santi (FPV- Puerto Deseado) y Pérez Gallart. La iniciativa del legislador de la bancada opositora pasó a comisiones mientras que dos proyectos de Santi apoyando una iniciativa del Senado de la Nación que deja afuera del beneficio las exportaciones provenientes de la extracción minera.

Ambos legisladores coincidieron que se trata de una “reparación histórica por las diferencias entre las regiones del país”.

El régimen de reembolsos adicionales a las exportaciones por puertos patagónicos, establecían un porcentaje a cada terminal portuaria mientras más alejada se encuentre de Buenos Aires.

Los reembolsos tuvieron vigencia hasta 2006 pero el kirchnerismo los restituyó en noviembre de 2015 cuando se estaba yendo del poder, luego el gobierno de Mauricio Macri los derogó por otro Decreto presidencial.

El gobierno de Santa Cruz y la administración nacional mantienen negociaciones ante un eventual regreso de los reembolsos, aunque aún no se definieron detalles cómo se aplicará y sobre qué productos y puertos se asentará el beneficio impositivo.

Otro de los proyectos que aprobaron por unanimidad fue un repudio al fiscal de Rawson, Fernando Rivarola quien utilizó en una causa judicial el término “desahogo sexual” para definir el accionar de una violación de un grupo de varones de la que fue víctima una joven de 16 años en 2012.

Al finalizar la sesión, hubo debate sobre el beneplácito que propuso el diputado Chávez sobre la expropiación dispuesta por el gobierno nacional sobre la empresa exportadora Vicentín.

El legislador oficialista defendió la posición junto a José Luis Garrido y Matías Mazú, pero a ese proyecto se opuso el presidente de la bancada de la oposición Roquel y el diputado Pérez Gallart.

El diputado de Encuentro Ciudadano contrapuso la visión sobre Vicentín y la situación que se vive en la provincia. Señaló que “si hablamos de expropiar pensemos en lo que hoy hace el Banco Santa Cruz que está en manos del grupo Eskenazi. No cumple la manda constitucional sobre su rol promotor del desarrollo provincial ni siquiera da créditos a su clientela cautiva. Además, si pensamos en empresas que hacen daño a nuestra provincia debemos trabajar sobre la propiedad que tiene sobre nuestro banco este grupo económico que fugó más de 100 millones de dólares del país en los últimos años”.

Al inicio de la sesión se aprobó el pliego de la diputada por el pueblo de Puerto San Julián, Patricia Inés Moreyra quien ingresó a la legislatura en reemplazo de Nicolás Michudis, quien preside la estatal Servicios Públicos.

Además, ingresó un nuevo proyecto para modificar la ley conocida como “70/30”, impulsada en soledad por el diputado Eloy Echazú (FPV-Frente de Todos) que prevé avanzar a un “80/20”. (Agencia OPI Santa Cruz)

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2 Comentarios

  1. que se podria esperar de estos energumenos la culpa no es de ellos son los que votan gente hipocrita con la cabeza llena de mierda

  2. los diputados son los principales responsables de las nefastas politicas implementadas en la provincia , obsecuentes y sabiendo que aprueban leyes que terminan dañando a la provincia y al pueblo santacruceño, ellos son los responsables de las cagadas que pasan y de porque esta como esta hoy la provincia, se cagan en el pueblo , se cagan en la sociedad.. son unas mierdas..todos..no hay ni uno como la gente..

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