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El zarpazo a Vicentin, un harakiri político para el gobierno y el aumento del déficit sobre un país económica y financieramente destruido

Vicentin: de la cuarta exportadora más grande al default y la intervención

(Por: Rubén Lasagno) – La orden del kirchnerismo de expropiar Vicentin, la torpeza de Alberto Fernández al anunciarlo y las palabras de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti sentada a la izquierda de presidente agradeciéndole por alinearse con el proyecto, fue “la 125” del gobierno nacional que seguramente, va a traer consecuencias políticas y económicas que se revelarán a lo largo de este año e impactarán fuertemente en las elecciones de medio tiempo.

El zarpazo a Vicentin se puede explicar sencillamente, aludiendo a la voracidad de concentración que tiene el kirchnerismo el cual tiende a meterlo bajo la órbita de la administración pública. Por supuesto que si se quiere explicar la intrusión del Estado en una empresa nacional, siempre van a abundar los motivos. Todo se puede explicar en un país donde la corrupción no solo abarca a los sucesivos gobiernos nacionales y/o provinciales, sino a la parte privada y especialmente a los grandes capitales.

Pero más allá de los dislates que pueda haber ocasionado la administración de Vicentín, especialmente en la toma de créditos lo cual debería resolverse en la justicia como el millonario endeudamiento en los gobiernos de CFK y de Macri, sin duda el apuro de “rescatar” a la empresa, responde no solo a cuestiones “ideológicas”, algo de lo que carece el kirchnerismo/cristinismo, sino a cuestiones estrictamente de orden económico y porque el gobierno ha visto a esta empresa como puerta de entrada por donde meter el caballo de Troya necesario para implosionar al campo desde adentro del proyecto mismo.

Todo lo que ha estatizado el kirchnerismo es altamente deficitario, pero además constituyó grandes negocios para los bolsillos K y una enorme pérdida para los argentinos que son cada vez menos los que trabajan, pagan cada vez más y en los últimos meses se ha ampliado la base ociosa con cargo a la destruida clase media nacional en plena caída libre y empobrecida.

Alberto Fernández anunció la intervención y un proyecto para expropiar la empresa Vicentin - Foto: Presidencia

El ¡Exprópiese! Chavista repercute en los oídos de un pueblo el cual nunca se resignará a los tratos autoritarios y antidemocráticos de la clase política venezolana y partícipe necesario en los sueños de dominación política de CFK, su hijo y la pléyade militante que se creen refundadores de la revolución y en realidad son refundidores de la Argentina.

Este país con una clase política despreciable y un “peronismo” anacrónico  y corrupto, no puede tener futuro si su historia se nutre de los mismos personajes que cometen los mismos “errores” una y otra vez. Siempre son los mismos que cambian las cosas para beneficio propio y con cargo a los laburantes, empresarios y el sector productivo.

Los que antes fueron privatizadores, ahora son estatistas y viceversa. Esto no es ideología, ni siquiera coherencia: son negociados, uso político y concentración de poder.

El Correo Menem lo privatizó en 1997, en el 2003 Néstor Kirchner lo nacionalizó.

Aguas Argentinas la privatizó Menem en los 90 y En el 2006 Kirchner la nacionalizó  denominándola Agua Saneamientos Argentinos (AySA). La misma que hoy preside Malena Galmarini la esposa de Sergio Massa que tanto despotricó contra CFK y volvió a ser su mejor espada política.

Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), fábrica de barcos para la Armada fue estatizada por el menemismo y fue estatizada de un decretazo por NK el 30 de marzo de 2007

También Aerolíneas Argentinas privatizada previamente con cuantiosas pérdidas para el Estado, Cristina Fernández la reestatizó en el 2008 con iguales consecuencias de las cuales aún hoy hay deudas millonarias en dólares a pagar y un juicio con el Grupo Marsans.

La empresa FADEA (Fábrica Argentina de Aviones) fue estatizada en el 2010 por el kirchnerismo después de haber sido entregada en concesión en 1995 a la Looked Martin por el menemismo.

En el 2012 CFK estatizó Ciccone Calcográfica en medio de un escándalo de corrupción único en el mundo, donde todo era tan trucho que ningún privado se presentó a reclamar el pago del Estado. Obvio, los dueños eran parte del Estado  y respondía a una trama más de la corrupción desplegada por un gobierno en descomposición.

También en el 2012 el Congreso le autorizó a la entonces presidenta el proyecto para quedarse con el 51% de YPF en manos de Repsol y por tal motivo el país enfrenta un supermillonario juicio en tribunales de EEUU con final abierto, pero con enormes pérdidas para la nación.

En el 2013 CFK estatizó el transporte ferroviario Belgrano Cargas.

Recordemos: Menem, Kirchner y Cristina Fernández pertenecen al mismo espacio político: el peronismo. Deben hacerse cargo.

Paralelamente entre 2003 y 2018 el kirchnerismo y el macrismo crearon 12 empresas públicas: Ieasa (surge de la fusión de Enarsa y Ebisa), Arsat, Adif, Sofse, RTA, Ceatsa, Eana, Administradora RRHH Ferroviarios, Nuevos Aires del Sur, Playas Ferroviarias, Contenidos Públicos y Corredores Viales.

Las empresas que están investigadas por corrupción son Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa), Casa de Moneda, Ciccone Calcográfica, AYSA, Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y Aerolíneas Argentinas.

Ninguna de las empresas mencionadas da superávit. Todas dan excepcionales pérdidas, son reducto de militancia K  y se llevan gran parte del PBI nacional, sin cumplir ninguna acción financieramente lucrativa para el país. Forman parte de un déficit descomunal que carga sobre los hombros de alrededor de 7 millones de contribuyentes (cada vez menos) y no devuelven beneficios en la misma proporcionalidad.

Sin ir muy lejos solo basta mirar en Santa Cruz a YCRT. Una empresa del Estado que le demanda actualmente unos 1.200 millones de pesos anuales y desde hace un año aproximadamente (por ser generoso) no produce nada. Ni siquiera ha podido abastecer de cabrón comunitario a las localidades en este invierno. Pero en los más de 200 millones de pesos mensuales que consume, hay sueldos de entre 180 mil y 600 mil pesos (como gana Aníbal Fernández) y nadie, absolutamente nadie se preocupa por restaurarla y hacerla productiva. En la década pasada, como sabemos, fue núcleo de corrupción y negociados del poder, que el propio kirchnerismo se encargó de anular en los tribunales. Hoy es todo una incógnita, pero un gran gasto púbico.

Cristina Fernández de Kirchner ex presidenta de la nación – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

¿Qué diferencia podría imponer hoy Vicentin, que no conozcamos en el país?. La cerealera solo será una carga más para el alicaído contribuyente nacional, será utilizada con fines estrictamente políticos y partidarios y servirá al régimen para meter su incubus en el campo, el único sector que sostiene la economía nacional y en esta “vuelta por todo”, el kirchnerismo intenta destruir  y apropiarse.

Nada que no sepamos en Santa Cruz va a ocurrir. Solo que esta vez Vicentin va a funcionar como un harakiri político para los Fernández, porque la sociedad no solo se ha cansado del encierro, se ha cansado de la prepotencia y la corrupción institucional.

Recién ahora en la nación entienden lo que es “el modelo Santa Cruz”, algo analizado y anunciado desde OPI desde hace tantos años. Todo bajo la tutela del Estado, le permite al gobierno K mantener anudado el voto dependiente, controlar las empresas y organismos, actuar impunemente en todos los órdenes y decidir con la billetera a quien beneficia y a quien castiga. Excepto las mineras y las petroleras, el krichnerismo estatiza todo. ¿Alguien se preguntó por qué?. Está claro que la argentinidad de los Kirchner no llega al punto de arruinarle los negocios a los socios transnacionales de quienes son amigos y parteners desde el 2003.

Nada es nuevo, todo está escrito, visto  y probado. Solo falta mirar la historia para predecir lo que nos espera en el futuro, si la sociedad no castiga con el voto a quienes han llegado para llevarse lo que queda del país. (Agencia OPI Santa Cruz)

Santa Cruz

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