La AFIP, en alerta por los argentinos que quieren tributar en Uruguay

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La AFIP pide un polémico permiso para ingresar en un plan de asistencia

Por: Sofía Terrile

Quien emprenda un cambio de residencia hacia Uruguay, seducido por las facilidades que promete su Presidente, puede quedar inserto en la peor pesadilla de un contribuyente: la doble tributación. Con esta amenaza real, y a raíz del aumento de consultas de argentinos para empezar a tributar en el país vecino, la AFIP advirtió que continuará controlando a quienes inicien los trámites -como viene haciéndolo desde el verano- y que seguirá bien cada caso para asegurarse de que sea una modificación “genuina”.

Fuentes oficiales confirmaron que, si bien no hay inconvenientes en una modificación de residencia fiscal per se, tiene que ser un trámite genuino y que cumpla con la ley. Afirmaron que “se monitorea permanentemente” que se cumpla con lo estipulado en las normas para obtener o perder la residencia fiscal argentina, porque obtener la uruguaya no necesariamente implica que se pierda automáticamente la local.

La advertencia de AFIP no es casual. Quienes iniciaron trámites para cambiar su residencia o al menos tienen intención de hacerlo generalmente poseen los grandes patrimonios del país, los mismos que podrían quedar alcanzados por el “impuesto a la riqueza”, que se insinúa, pero aún no se concretó.

Es que, si bien el decreto de Luis Lacalle Pou promete residencia fiscal uruguaya con 60 días de permanencia y una inversión de US$380.000, los argentinos que quieran hacer el cambio deberán, además, renunciar a su residencia fiscal en la Argentina, una tarea un poco más complicada.

Para renunciar a la residencia fiscal en la Argentina, explica la contadora Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt, hay dos caminos posibles.

El primero es adquirir una residencia permanente en otro país a efectos migratorios; es decir, no solamente una residencia fiscal. En el caso uruguayo, este trámite lleva algunos meses, dice. La segunda alternativa es permanecer en el exterior por un período continuado de 12 meses y sin venir a la Argentina más de 90 días. En este caso, durante ese año entero se sigue tributando acá.

La posibilidad de incurrir en una doble residencia fiscal no es un argumento disuasivo que utilice solamente la AFIP, sino también los tributaristas que asesoran a clientes que desean cambiar de lugar. “El decreto de Uruguay son normas de Uruguay, pero una persona que quiere ir por este camino tiene que considerar las normas de la Argentina, que son distintas”, aclara Miguel La Vista, del estudio La Vista Casal.

“En teoría, ambas residencias pueden solaparse y ese es el terreno que nadie quiere pisar, porque en ese caso ambos países tienen derecho a exigirle a ese contribuyente el pago de impuestos”, apunta.

AFIP investiga

Esta no es la primera vez que el organismo recaudador hace advertencias sobre quienes iniciaron trámites para cambiar la residencia fiscal. En febrero pasado, su titular, Mercedes Marcó del Pont, anunció que estaba investigando a 17 contribuyentes que cambiaron la residencia fiscal durante 2019.

Fue un número extraordinario, confirmó la funcionaria: los cambios de residencia fiscal venían de a dos o tres por año, dijo por ese entonces. Más allá de que los casos son pocos, importan en términos cuantitativos para la recaudación, explica La Vista. “El incentivo que tiene la AFIP para verificar cómo se hizo el trámite es alto, y lo va a ejecutar”, advierte el tributarista.

Para evitar inconvenientes con el fisco argentino, se recomienda cumplir la norma de residencia fiscal uruguaya, pero también evitar la residencia fiscal argentina “con holgura”. Es decir: mudarse, evaluar cuestiones complementarias, “salir de la zona de simulación”, aconseja el especialista.

Los detalles importan, añade Laiún. Lo más habitual entre los clientes que quieren cambiar su residencia fiscal a Uruguay es que quieran mantener la prepaga argentina o su número de celular con el prefijo “+54”. La contadora recomienda que abandonen esas pretensiones.

Si hay dudas respecto de si la persona que adquirió residencia fiscal uruguaya tiene o no la argentina, se iniciará una inspección en la que importan las reglas de desempate. Entre ellas, entran en juego dónde tiene la vivienda permanente el contribuyente; dónde tiene su “centro de intereses vitales” -por caso, dónde trabaja y dónde hace deporte-; dónde vive habitualmente y cuál es su nacionalidad.

Esta instancia no es tan precisa, advierte la contadora. “Funciona por acumulación: el contribuyente tiene que empezar a juntar documentación que esté toda a favor suyo”, resalta.

Las consultas por un cambio de residencia fiscal vivieron dos momentos de gran popularidad este año: uno fue en el verano, cuando Luis Lacalle Pou, a punto de asumir como presidente uruguayo, anunció que facilitaría las condiciones para obtenerla, y el segundo se da por estos días, ya con la firma del decreto.

El aliciente para quienes tienen patrimonios grandes -por ejemplo, por más de US$3 millones- también es doble. Por un lado, la Ley de Solidaridad Social, la génesis del actual gobierno, elevó las alícuotas de Bienes Personales para quienes poseen bienes en el exterior y no quieran repatriarlos. Por el otro, el debate por el “impuesto a la riqueza”, un gravamen extraordinario impulsado por legisladores oficialistas que cuenta con el “visto bueno” de varios funcionarios de Alberto Fernández.

Para La Vista, más que en las facilidades que da Uruguay, entonces, el estímulo de quienes toman la decisión está más en estos dos últimos puntos. “En vez de concentrarse en controlar, podrían tomar decisiones lógicas y racionales para evitar que la gente decida emigrar”, concluye. (La Nación)

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