Por: Francisco Jueguen
La agenda oficial de la pospandemia comenzó a hacerse cada vez más visible. En medio de una feroz crisis económica que afecta a personas y empresas, el Gobierno avalará una “moratoria universal”: será para todo el sector privado y casi todos sus impuestos.
Esta moratoria para será más amplia que la que actualmente está vigente: incluirá prácticamente todos los gravámenes (IVA, Seguridad Social y Ganancias, entre otros impuestos), sumará nuevos actores (no se necesitarán las certificaciones que exige el actual programa de la AFIP y que limita el acceso) y tendrá una ventana temporal más extendida que la que hoy rige. Será para personas humanas y también para empresas.
Pese a que no se dieron detalles, fuentes oficiales confiaron a LA NACION que habrá una diferenciación de plazos y tiempos para las grandes compañías -esas empresas no están contempladas en el programa actual-, porque “tienen más espalda”. En cambio, habrá un sistema más beneficioso para los pequeños contribuyentes (autónomos y pymes, entre otros).
Esta moratoria es impulsada en momentos en que el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de ir retirando la ayuda que presta a las empresas privadas para pagar salarios en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
“Estamos pensando en algún tipo de moratoria para blanquear a todo el mundo. Estamos trabajando en eso”, dijo el presidente Alberto Fernández el fin de último semana, y abrió la polémica. ¿Adelantar una moratoria no desincentiva el pago de impuestos en momentos en los que las cajas del Estado están crujiendo por la falta de actividad? Se preguntaron algunos especialistas.
Las fuentes oficiales indicaron que el proyecto que incluye la moratoria será enviado al Congreso, pero que no vendrá directamente del Poder Ejecutivo, sino del Frente de Todos, la coalición gobernante. Allí creen que la iniciativa tendrá apoyo parlamentario de todos los sectores y bloques. “Vemos que había un shock de demanda antes del coronavirus, que la pandemia generó ahora uno de oferta, y que esto terminará profundizando la caída de la demanda a la salida de todo esto”, explicó una fuente oficial al tanto de la agenda pospandemia que está diseñando el oficialismo. “Esto moratoria es también una respuesta a los reclamos de las entidades empresarias”, agregaron las mismas fuentes a LA NACION.
El tercer relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) sobre el impacto del Covid-19 en la economía -realizado entre el 3 y el 10 de junio sobre el total de empresas encuestadas y difundido hoy- indicó que hay un elevado porcentaje de compañías con atraso en impuestos (41%). A esto se le suman los inconvenientes para hacer frente a compromisos financieros (29%), en pago a proveedores (27%) y en tarifas de servicios (18%). Pese a que gracias al ATP y los créditos de capital de trabajo apalancados por el Gobierno, muchos pudieron pagar sueldos, casi la mitad de los encuestados no podrá pagar los aguinaldos.
La fecha de corte será para deudas vencidas a mayo. Habrá tiempo para adherirse hasta el 31 de agosto y las primeras cuotas se empezarían a pagar recién en noviembre. “Todavía se están definiendo algunos parámetros”, dijeron sobre las cuotas y plazos. Pese a que se les permitirá ingresar a las grandes empresas, los pequeños contribuyentes tendrán mejores condiciones. Por otro lado, el acceso será más ágil. No habrá que contar, como en la actual moratoria, con un certificado MiPyme tramitado en Desarrollo Productivo.
El Plan Moratoria 2020 diseñado por Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP, permitía hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras (eran hasta 60 cuotas para aportes y retenciones), además de condonación parcial de intereses y total de multas. La tasa es de 3% mensual fija por un año y a partir de ese momento se vuelve variable.
Además, permitía usar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que un contribuyente tenga a favor en AFIP para restarlo de la deuda y habilitaba a reformular todos los planes de facilidades de pagos vigentes o caducos en una sola cuota. Se incluyó deuda vencida hasta el 30 de noviembre de 2019 y preveía el levantamiento de embargos y suspensión de la acción penal. “El nuevo plan tendrá mucho de este”, adelantó la fuente oficial, aunque señaló que habrá que esperar a ver la letra chica del proyecto. (La Nación)
