Jubilados: hay más de 81.000 juicios con sentencia firme esperando para cobrar

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Abrirán los bancos este fin de semana por las largas filas para pagar jubilaciones y planes sociales

Además, hay otros 277.180 que esperan sentencia, según reveló el Jefe de Gabinete. Pero solo hay fondos para abonar 40.000 por año.

Por: Ismael Bermúdez

“La ANSES cuenta al 15 de mayo con 81.537 expedientes de reajuste de jubilaciones y pensiones con sentencia firme pendientes de ser liquidados”. En tanto, “al 31 de mayo, el stock de juicios por reajuste de jubilaciones y pensiones sin sentencia firme es de 277.180”.

Los datos fueron suministrados el jueves por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en su Informe al Senado, agregando que “entre enero y mayo del corriente año se resolvieron un 13,11% más de expedientes que en el mismo período del año 2019”.

Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional que alcanza a unas 35.000/45.000 sentencias.

El Presupuesto de este año, que prorrogó el del año pasado, prevé destinar $ 49.313,3 millones “al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley 27.260” ( Reparación Histórica).

Esos juicios están firmes porque las apelaciones de la ANSeS fueron rechazadas por la Corte Suprema y, en otros casos, el organismo previsional directamente no apeló las sentencias de los jueces o de la Cámara porque descontó su rechazo por la jurisprudencia de la Corte.

A pesar de que todos los meses se cancelan sentencias, incluso durante la cuarentena -dando prioridad a los jubilados de mayor edad o con enfermedades crónicas o terminales-, el stock de juicios no disminuye porque ingresan nuevos reclamos. A mediados de 2019, el entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en la Cámara de Diputados que había 279.682 juicios sin sentencia firme contra la ANSeS.

El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial. Luego se agregó el fallo de la Corte (caso Lucio Blanco) que ratificó el indice ISBIC –que arroja un aumento más alto– para los reajustes de haberes (abarca a los que se jubilaron o cesaron la actividad antes de febrero de 2018) uniformando los criterios judiciales a la hora de resolver las demandas de los jubilados.

Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ahora suspendida ley de movilidad. La Cámara ordenó que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo, el Procurador de la Corte dictaminó a favor del reclamo de Fernández Pastor y se sigue esperando el pronunciamiento de la Corte.

Hay además, reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.

Con la suspensión de la fórmula de movilidad prorrogada hasta fin de año, y los aumentos por decreto achatando la pirámide previsional (mayores aumentos a los que menos cobran en detrimento de los haberes medios y altos), luego de la pérdida del 20% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión de Macri, la Defensoría de la Tercera Edad promovió una demanda colectiva y se presentaron reclamos individuales contra la suspensión retroactiva de la movilidad.

Con la cuarentena, no es posible iniciar demandas judiciales, pero se descuenta que cuando la Justicia reinicie la atención al público, habrá un mayor número de presentaciones individuales. (Clarín)

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