Por: Maia Jastreblansky y Germán de los Santos
El presidente Alberto Fernández mantiene pisado el proyecto para expropiar Vicentin. Pero, tras recibir un revés en el expediente, el Gobierno quiso sentar posición y ensayó una contraofensiva en la Justicia.
Hoy, según confirmaron fuentes oficiales, el ministerio de Desarrollo Productivo solicitó al juez Civil y Comercial Fabián Lorenzini que “reconsidere” el fallo por el cual apartó a los interventores elegidos por el Presidente vía decreto y repuso al directorio de Vicentin en la administración de la empresa.
Si el juez se mantiene en su postura, el escrito del Gobierno pide apelar la decisión. La intención de Fernández es que la decisión sobre el DNU pase al fuero Contencioso Administrativo, el ámbito que resuelve sobre los conflictos con el Estado.
En el expediente del concurso ingresó un escrito patrocinado por el abogado santafecino Enzo Valentín Masat que interpuso un “recurso de reconsideración con apelacion en subsidio” para intentar torcer el fallo que el viernes le propinó un revés al Gobierno, según constató LA NACION.
En aquel escrito, Lorenzini -el juez del concurso de Vicentin- se declaró “incompetente” para definir los planteos de constitucionalidad del DNU y derivó el asunto a la Cámara de Apelaciones, que ahora debe disponer si el juez debe o no definir ese tema. Además, Lorenzini repuso al directorio de la cerealera en sus funciones y ubicó a los interventores como meros veedores.
Visiblemente ofuscado, Fernández había dicho: “Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud. Al juez hay que explicarle que los DNU son leyes y no la voluntad del ejecutivo”.
Es por eso que el Gobierno hoy pidió la reconsideración y abrió la vía de la apelación.
En el gobierno de Santa Fe consideraron que no era apropiada en este momento la presentación judicial de Nación: quieren evitar que el juez Lorenzini gane protagonismo en este conflicto. En la administración de Perotti sospechan que el magistrado recargó su autoestima con las demostraciones de apoyo que recibe diariamente en Avellaneda y Reconquista, y no quieren que se transforme en un actor de mayor peso político.
Consideran que el juez es susceptible a la presión social en el norte santafesino, donde luego de las protestas en contra de la expropiación empezó a tener un comportamiento en la causa a favor de la empresa en todos los fallos que firmó en el marco del concurso.
Plan Perotti
El Gobierno, por su parte, también cree haber decodificado las intenciones de Lorenzini. “El juez juega con los ejecutivos que fundieron la cerealera”, especulan en Olivos.
A pesar del enojo con el juez, el Gobierno no avanzará -por ahora- con la expropiación de Vicentin. El sábado pasado Fernández advirtió que el proyecto de ley seguía sobre la mesa como un “plan B”, pero lo cierto es que con el correr de las horas la esa alternativa, más radical, se fue enfriando.
“Por ahora se sigue la línea Perotti”, dijo a LA NACION un alto funcionario que siguió todas las tratativas desde Olivos. Es decir, que como “plan A” sigue vigente proyecto del gobernador de Santa Fe para insistir con una intervención dentro del marco del concurso y para buscar un rescate de Vicentin a través de una sociedad público-privada.
El Gobierno tomó nota del malestar social que generó la expropiación y de los infructuosos intentos de presentarla como un rescate. El Presidente consolidó una mirada más moderada el domingo, en una charla en profundidad con Gabriel Delgado, la persona que eligió como interventor de Vicentin. Con un conocimiento profundo de la idiosincrasia de los actores del campo, Delgado nunca estuvo a favor de las posturas más extremas. Por eso, al terminar el encuentro con el Presidente, publicó en Twitter que el Gobierno “no se aferra a los instrumentos”. Fernández lo retuiteó.
El Gobierno, entonces, despliega una estrategia de dos flancos. De un lado, cuestiona el fallo de Lorenzini vinculado al DNU. Del otro, Fernández sigue avalando el plan de Perotti, que consiste en pedirle una intervención al juez en el marco del concurso (sin forzarlo vía DNU) para luego, con un nuevo escenario de negociación, ir por una sociedad mixta que controle a Vicentin y aparte a sus actuales dueños.
Ayer, Lorenzini decidió abrir como un incidente aparte del concurso de acreedores la propuesta de intervención presentada por Perotti. La resolución del juez no rechaza la presentación que hizo el gobierno, pero la dilata, al tratarla como un incidente aparte.
Mientras la trama de Vicentin se sumerge en el enredo de los escritos judiciales y los tironeos de la provincia y la Casa Rosada con el juez, en Avellaneda, sede central de Vicentin, los dueños volvieron al control de la compañía. Delgado, que quedó como veedor, se encuentra en Buenos Aires, mientras que parte de su equipo, incluido el pretendido subinterventor, Luciano Zarich, trabaja en la ciudad del norte santafecino.
Tras conocer a la compañía por dentro, en el Gobierno buscan abrir una cuña dentro de los accionistas de Vicentin: dicen que están “los que fundieron la compañía” y “otro grupo de accionistas que no tuvo nada que ver”. ¿Divide et impera? Todas las estrategias para que el Gobierno se adjudique un triunfo hoy son válidas. (La Nación)
