Por: Hernán Cappiello
Darío Nieto , el secretario de Mauricio Macri , pidió ante la Justicia que sea declarado nulo el allanamiento realizado en su casa y en la de sus padres y las tareas de inteligencia previas realizadas sobre su persona, en la causa en que el juez federal Federico Villena investiga una red de espionaje ilegal sobre políticos y periodistas.
Argumentó que el juez de Lomas de Zamora actuó fuera de su jurisdicción, sin dar cuenta a un juez porteño, y que Nieto fue obligado a desbloquear su teléfono celular bajo amenaza de quedar detenido, sin que de antemano se dijera qué se estaba buscando allí.
Nieto, que tras la ola de detenciones ordenadas por el juez, apeló la negativa de Villena de eximirlo de prisión, busca atacar el caso y tratar de obtener un fallo que le garantice declarar sin riesgo de quedar detenido.
Tras insistir en que es ajeno por completo al espionaje ilegal que se investiga, en la presentación que hizo su abogado Gervasio Caviglione Fraga argumentó que “cualquier imputación que se fabrique en su contra resultará falsa, producto de la más absurda irracionalidad y arbitrariedad”. Y se quejó de los allanamientos en su casa, sus padres y su hermano que dijo que fueron medidas “invasivas y desproporcionadas”.
Recordó que está cuestionada la competencia del juez Villena para investigar el caso y dijo que uno de los motivos de nulidad es que allanó en la Capital, fuera de su jurisdicción, sin darle intervención al juez local. “No solo no se ha fundado la aplicación de dicho procedimiento de excepción [allanar sin avisar al juez local] sino que, además, en la causa no existen circunstancias objetivas que lo ameriten”, indicó, porque no había presos y había feria judicial. Máxime cuando el juez ya había dispuesto que la policía vigilara a Nieto, sin comunicación ni mucho menos requerimiento alguno al juez de la Ciudad de Buenos Aires.
La policía pidió al juez investigar un domicilio en Recoleta, intervenir un celular y otro teléfono fijo 48 horas para monitorear los movimientos del investigado y vigilar un departamento en Palermo. El abogado de Nieto dijo que todas estas tareas no fueron informadas al juez de la Capital competente y que Villena “ha ordenado tareas de investigación -nada menos que de seguimiento en jurisdicción que le es ajena- sin urgencia evidente y sin notificación, comunicación o conocimiento del juez federal en turno con jurisdicción en la Capital Federal”.
Asimismo, el abogado cuestionó que el juez Villena hubiera autorizado a la policía a usar la fuerza pública para trasladar a su cliente a una dependencia de Gendarmería para “desbloquear el teléfono celular que se le secuestrara a través de la utilización de las huellas dactilares, lectores de retina o identificación de rasgos faciales”. Y que, además, ordenara detener a los que trataran de destruir evidencia en el allanamiento.
“El empleo de la fuerza pública, aunque de menor rango que la detención, representa una privación de la libertad, de modo que debe ser ejercida con mesura, prudencia y proporción a la urgencia requerida”, dijo el abogado, y enumeró que su cliente luego de visitar a su padres en Recoleta fue abordado por la policía, sin mostrarle ninguna orden judicial, y “luego de más de dos horas de espera mientras le requisaban el auto lo trasladaron con el auxilio de la fuerza pública hasta su domicilio”, para que participe del allanamiento “bajo amenaza de otro traslado por la fuerza pública o quizás detención inmediata a revelar sus claves de celular y la computadora de uso personal”.
El abogado cuestionó si Nieto en verdad “estaba detenido por orden judicial. Si nos atenemos a las ordenes escritas por vuestra señoría, claramente no. Entonces: ¿por qué razón se lo retuvo por un plazo de tiempo más que considerable y contra su voluntad para luego ser trasladado por la fuerza pública hasta su domicilio?”.
“Hay que señalar que las razones por las que una persona pueda ser detenido son la orden escrita de un Juez, la comisión de un delito en flagrancia o indicios vehementes de culpabilidad”, pero nada de esto se dio en el caso de Nieto, señaló el letrado. Agregó que la policía se debió limitar a revisar el auto, secuestrar el teléfono y dejar a Nieto en libertad, pero no fue así.
También los padres del secretario de Macri, Ana María Mouriño y Hugo Omar Nieto, su hermano Juan Manuel Nieto y su pareja, Guadalupe Fernández, sin estar mencionados ni imputados en la causa, fueron obligados a dar sus claves personales bajo apercibimiento de traslado por la fuerza pública o detención.
El abogado dijo que para que estas medidas sena legítimas debe haber una causa probable o estado de sospecha con pruebas y/o indicios abundantes. Y esto debe ocurrir antes de la detención o las medidas de coerción personal, y no al revés, es decir, practicar estas medidas para obtener las pruebas.
“A su vez, las comunicaciones o archivos que una persona posee en su teléfono celular integran la esfera de su intimidad y privacidad”, dijo el abogado, por lo que tienen protección constitucional, máxime cuando además allí hay datos personales y laborales, documentos, aplicaciones de servicios, claves o acceso a cuentas bancarias.
Caviglione Fraga señaló que el juez no puede obligar a desbloquear un teléfono bajo amenaza de una detención, porque así “se descubrirían gran cantidad de delitos en la población en general”, pero no serían válidas. “Forzar a una persona a que abra su teléfono celular en contra de su voluntad y con violencia (auxilio de la fuerza pública mediante), aparece arbitrario, excesivo y contrario al debido respeto que corresponde dispensarle a las comunicaciones y archivos privados, por razón de su pertenencia a un ámbito íntimo y privado del sujeto”, argumentó.
Dijo que esto viola el principio de autoincriminación. “Si el Estado quiere acceder a los datos del equipo, puede intentarlo”, pero no obligar al acusado a hacerlo. “Los datos pueden usarse para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o incluso para otra utilidad que represente una futura amenaza para el individuo”, dijo.
“No es el imputado quien debe aportar elementos de prueba para acreditar o descartar su responsabilidad, sino el Estado el que tiene que destruir la presunción de inocencia”, dijo el abogado. Y señaló que la intromisión en el teléfono celular de una persona, utilizando la fuerza pública y el propio cuerpo del sujeto contra su voluntad, se presenta como un método invasivo, irrazonable y desproporcionado de investigación criminal”. (La Nación)
