El Procurador del Tesoro solicitó que se interrumpa la feria judicial y que Inés Faber ocupe su cargo. La empresa dice que su designación fue “irregular” y “no está firme”.
Por: Lucía Salinas
El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, solicitó que se habilite la feria judicial extraordinaria que rige por la emergencia sanitaria, para que se ponga en funciones a la interventora designada en la empresa Correo Argentino, controlada por la familia Macri Zannini se refirió a “gravísimas irregularidades” que derivaron en el desplazamiento de las autoridades de la firma. En tanto, los abogados defensores, sostienen que el procedimiento de designación de la interventora “fue irregular” y que “aún la intervención no está firme”.
El lunes pasado Inés Farber asumió oficialmente la intervención del Correo. Fue después de un pedido formulado por Carlos Zannini a comienzos de marzo para que se desplace al directorio de la compañía, de acuerdo a lo que había requerido la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago a los acreedores.
Reconstruyamos el rompecabezas: a mediados de julio, la empresa de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial una propuesta de pago para sanear su deuda de 296 millones de pesos al contado, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofreció una actualización de los intereses de la deuda, en el momento que el Estado pagara alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
En septiembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del concurso de acreedores del Correo Argentino SA. Fue al hacer lugar a un recurso planteado por el Estado para pedir más tiempo para analizar una propuesta de pago de la empresa.
Ante esa nueva oferta, la Procuración del Tesoro -en representación del Estado nacional- debía decidir si aceptaba o no el acuerdo, La anterior gestión no resolvió la situación y en el marco del proceso de salvataje conocido como “cramdown”, tanto la fiscal del caso como el Gobierno de Alberto Fernández, solicitaron la intervención judicial de la empresa. La jueza comercial aceptó ese pedido.
Tiempo después se sorteó a la interventora, y fue seleccionada Inés Farber. La defensa del Correo SA objetó la medida. Sostuvo que la intervención aún no se encontraba firme, y que la designación se realizó “sin aviso previo a las sindicaturas como a las partes, y sólo lo presenciaron dos integrantes de la Procuración como testigos”. Por ello, loa abogados solicitaron que quede sin efecto.
Ahora Zannini, al pedir que Faber asuma en sus funciones, expresó en su escrito que se trata de un “proceso concursal cuyo trámite ha sido alterado y distorsionado a tal punto que la Concursada (el Correo) aún pretende mantenerlo en el período de exclusividad, pese a que fue iniciado en 2001, es decir hace 19 años”.
Para la Procuración del Tesoro, cada día que transcurre “se genera una licuación mayor del crédito de los acreedores, entre los que se encuentra el Estado Nacional”. El organismo que dirige Zannini acusó a los dueños del Correo de “burlar los derechos de los acreedores”.
La bola de nieve del caso correo es cada vez más difícil de deshacer. Por ejemplo, aún no pudo calcularse la totalidad de la deuda posconcursal. Para la jueza, hay una suma “ocultada, en parte contradicha, y en general carente de documentación respaldatoria”, que ascendería al 30 de septiembre de 2019, a 191.997,005 pesos.
Remarcó en el escrito que “resulta imprescindible y urgente concretar el apartamiento de las autoridades actuales del Directorio del Correo Argentin y efectivizar la intervención encomendada a la funcionaria designada por sorteo”.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión por 30 años quedó en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
A su vez, los ex dueños del Correo -que habían ido incrementando su participación en la empresa controlante- presentaron tres reclamos principales contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. El Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”. El acuerdo nunca fue homologado, y el pago no se hizo.
Para la fiscalía, dicho acuerdo implicaba una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del ex presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033. (Clarín)
Cuando el correo fue privatizado, se hizo con un marco legal y se expandió y calificó enormemente entre 97 y 2000. Fue entonces cuando por presion gremial etc, se modificó ese marco y cambiaba todo el negocio. Socma planteó que hasta que no se retornará ese marco , no pagaria el canon ( tipo alquiler) y empezó el conflicto legal, entre estado y socma y luego a su vez el correo fue restatizado, perdiendo inversión etc . Socma sostiene que es el estado el que debe, y el estado ala inversa y ese viejo conflicto legal ( que va a terminar siendo negativo para el estado), se cerraba con el acuerdo que cerró Auad , pero se freno y se político, cuando en realidad era sincerar y cerrar un tema, que insisto terminará, costando mucho dinero y tiempo al estado . No confundir este residual, con la empresa de correo real y en funcionamiento
Se termina hablando de la causa correo, sin saber ni cerca, de que se trata en realidad