(OPI Chubut) – En una provincia donde el ajuste circula como moneda corriente, “el ajuste” llegará ahora a las altas esferas del poder y la justicia con una ley de tope salarial que ya fue implementada en otras provincias (Mendoza, Entre Ríos y Córdoba) y que es analizada en otras 14 jurisdicciones. La implementación será transitoria y busca reducir los sueldos a un máximo de la dieta que percibe el gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni.
Para su aplicación, la propuesta requiere –indefectiblemente- de numerosos consensos aunque el sólo enunciado haya provocado desprecio desde algunos sectores. La ley de tope salarial establece un sueldo máximo en toda la administración pública de $ 220.000, monto que percibe el gobernador.
Desde el propio gabinete provincial precisaron que “el interés es que el empleado tenga buena retribución”, y el consenso y el diálogo serían los caminos para lograr la implantación de ese proyecto». Aunque para “calmar los ánimos” se dejó en claro que la aplicación de esa ley sería transitoria considerando la crisis histórica que vive Chubut.
Dinero con “garantías”
Rápidamente llegaron los repudios y rechazos a la propuesta oficial y desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCH) y -mediante un comunicado- dijeron no. “Advertimos que un “tope salarial” respecto de magistradas/os y funcionarias/os judiciales, además de ser confiscatorio, atentaría contra las garantías de intangibilidad y de igualdad previstas en los art. 170 de la C.P. y art. 110 de la C.N”, sostuvo el comunicado.
Desde la Asociación, exhortaron al Poder Ejecutivo Provincial que “promueva el diálogo político sensato”, convocando a los demás Poderes del Estado y los sectores gremiales involucrados.
Asimismo, los trabajadores judiciales nucleados en SITRAJUCH rechazaron la propuesta gubernamental indicando que se trata de “una estrategia del Gobierno para desviar el foco de atención”. Al entender del secretario general de esa organización gremial, José Luis Ronconi, “el problema de la provincia es la deuda, y no los salarios”.
Corresponda o no, sea justo o no, equitativo o no, lo cierto es que al trabajador estatal raso no se le consultó y se lo castigó con sueldos atrasados y escalonados. A la elite del ámbito de la justicia se le permite la negativa y se solicitan “consensos” para que ellos también ajusten el cinturón como miles de trabajadores “inconsultos” lo hacen a diario, aunque con una obscena diferencia en los montos salariales. Un estatal pena por el salario para poder pagar sus necesidades mientras otros nadan en abundancia. (Agencia OPI Chubut)
