Por: Germán de los Santos
Un día después de que el presidente Alberto Fernández admitiera que se equivocó con el anuncio de expropiación de Vicentin, se abrió una instancia de conciliación entre los directivos de la empresa y el gobierno de Santa Fe, que está previsto que se reúnan este miércoles en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista.
Aunque ninguna de las partes deposita expectativas en esta instancia que generó el magistrado Fabián Lorenzini la semana pasada, es la primera vez que los directivos de la agroexportadora y el gobierno de Omar Perotti que se verán cara a cara, después del conflicto que disparó el 8 de junio pasado el anuncio de intervención y expropiación de la compañía, que nació hace más de 90 años en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, y ahora está inmersa en un concurso de acreedores con un pasivo de más de 99.000 millones de pesos.
A pesar de que el Presidente admitió en la reunión que mantuvo el lunes con legisladores de la oposición que se equivocó con Vicentin, la senadora mendocina del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, quien acompañó al jefe del Estado cuando anunció la firma del decreto 522/20 hace 37 días, ratificó este lunes que la expropiación de la agroexportadora “es un instrumento” para que la empresa “no colapse”, y que por ahora “nadie aportó” otras alternativas para su rescate.
La administración de Perotti se jacta de haber presentado en el juzgado de Reconquista el 19 de junio pasado una propuesta “superadora” que incluye una intervención mixta -compartida entre funcionarios de la Nación y Santa Fe- de la compañía, pero deja de lado la idea de una expropiación.
El gobierno de Santa Fe presentó esa propuesta unas horas después de que el juez Lorenzini le diera un duro golpe a la estrategia de Fernández, al relegar a los interventores designados por el Gobierno nacional a la condición de veedores en el expediente, a la vez que restituir a los directivos de Vicentin en el control administrativo de la agroexportadora, que tiene una nómina de más de 2600 acreedores.
Lorenzini decidió abrir un incidente aparte con el proyecto que presentó Santa Fe, que es lo que se tratará este miércoles en la reunión entre los funcionarios provinciales y los directivos de la firma. El magistrado considera que en esa instancia se podría buscar “una posible solución restaurativa al conflicto”.
Posturas encontradas
Según fuentes del gobierno de Santa Fe, la administración de Perotti mantiene su posición de que los directivos de Vicentin no pueden seguir al mando de la empresa, porque consideran que en esta instancia sería apropiado una conducción mixta, con participación estatal y con parte de los acreedores más importantes, que son los que podrían inyectar capitales frescos para que la empresa pueda volver a funcionar como antes del colapso financiero que la llevó a la convocatoria de acreedores el 10 de febrero pasado. El gobierno de Santa Fe le reclamó a la empresa que presente el balance 2019, que no figura en la causa, algo que no se concretó todavía.
Desde la agroexportadora advirtieron que no están dispuestos a correrse del manejo de una empresa que está en serios problemas, pero que puede salir adelante si logra avanzar con un acuerdo con los acreedores en el marco del concurso.
En el expediente, la empresa Vicentin criticó con dureza la propuesta presentada el gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de Persona Jurídica (IGPJ). A través de su apoderado, los directivos de Vicentin lanzaron duras críticas al papel que tiene en el concurso de acreedores la IGPJ de Santa Fe. Este organismo, de acuerdo al escrito de la compañía, “tiene total falta de legitimación para cuestionar por vía recursiva una resolución judicial dictada en un proceso donde no tuvo antes intervención alguna”.
“Jamás pidió a la sociedad información o documentación vinculada con algunas de los cuestionamientos o sospechas que ahora parece tener respecto de la sociedad y sus directores”, apunta el escrito. (La Nación)
