Confirman el procesamiento de la familia de Fabián Gutiérrez por lavado y piden decomisar sus bienes

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Fabián Gutiérrez ex secretario del matrimonio Kirchner – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Están involucradas la madre y la hermana del asesinado ex secretario K. Hay yates, hoteles, propiedades y autos de lujo en la lista de la Justicia.

Por: Lucía Salinas

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó las acusaciones contra el entorno de Fabián Gutiérrez por lavado de dinero que incluyen a su madre y a su hermana. La extinción de la acción penal contra el ex secretario de Cristina Kirchner asesinado hace veinte días, deberá ser dictada por el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi.

Se trata de un tramo vinculado al caso de los cuadernos de las coimas, donde se había acusado a Gutiérrez de operaciones de blanqueo que permitieron un incremento de su patrimonio: quince veces en ocho años. Los camaristas confirmaron las medidas cautelares sobre los bienes y pidieron su decomiso, ya que los mismos “integran el objeto material del delito investigado y actualmente se encuentran inscriptos a nombre de Víctor Fabián Gutiérrez”, sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

Decenas de casas, yates, autos de alta gama, hoteles y empresas conforman el patrimonio de Fabián Gutiérrez, que según la Justicia nunca logró justificar. Ahora buscarán rematarlos. “Las numerosas propiedades inmobiliarias, la variedad de vehículos de alta gama, los hoteles y las embarcaciones de las que dio cuenta la amplia encuesta llevada adelante por el Magistrado Instructor se traduce, con la provisoriedad de esta instancia, en la convicción requerida para afirmar la materialidad de los hechos”, sostuvieron los camaristas al confirmar que todos esos bienes fueron adquiridos de forma ilícita.

Quedaron involucradas en las maniobras la madre del ex secretario, Teresa Amalia García, y su hermana, Valeria Alejandra Martinovich, porque según la Justicia los movimientos de dinero que realizan “no se condicen” con su capacidad económica. Los embargos contra ellas son por 650 millones de pesos.

“Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita fue recibido por Héctor Daniel Muñoz y Víctor Fabián Gutiérrez y luego fue puesto en circulación en el mercado con el fin de aparentar un origen lícito”, había dicho el juez Claudio Bonadio cuando lo procesó en noviembre del año pasado. Fue más allá y sostuvo: “El vínculo con dicha asociación excede la de un mero secretario privado, pudiendo afirmarse en base a indicios objetivos que Víctor Fabián Gutiérrez habría recibido dinero de dicha banda y luego lo puso en circulación en el mercado, intentando darle una apariencia lícita”. Esa resolución fue apelada por el ex secretario, y ratificada este jueves por la Cámara Federal.

Al analizar las maniobras investigadas, Bruglia y Bertuzzi indicaron que “se halla acreditado en la especie el ilícito penal previo en relación con las operaciones que integran la presente causa”, y recordaron que Fabián Gutiérrez se desempeñó como secretario adjunto del Presidente de la Nación entre los años 2003 y 2005, y tras un intervalo fuera de la función pública (un año y cinco meses), lo hizo como asesor presidencial entre 2006 y 2010.

Al momento de ingresar a la Administración Pública Nacional, Gutiérrez sólo contaba con un automóvil “Chevrolet Tigra modelo 2000”, valuado en 18.000 pesos, y detentaba depósitos y dinero en efectivo por el total de 37.590 pesos. “En relación al patrimonio remanente, es dable advertir el desarrollo de operaciones comerciales que requerían de un flujo de dinero que excede notoriamente la capacidad económica del ex funcionario”.

Para Bonadio no se podía omitir el “gran vínculo de confianza con el matrimonio de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, a lo largo de los años” porque “excede las tareas propias que un Secretario de Presidencia pueda tener respecto de un Ministerio especifico del Estado Nacional”. Los camaristas indicaron ahora que “Gutiérrez estuvo presente en lugares donde se desarrollaba la dinámica referente a la recaudación, puntualmente, cuando era entregada a uno de sus destinatarios finales”.

Por ello ratificaron que de Gutiérrez dependió una “maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía, visto el origen espurio del dinero” La aplicación de tales fondos en todas esas actividades -sostiene el procesamiento- “se hacía por cuenta y orden de los jefes de aquélla organización delictiva o si provenían de fondos sustraídos al control de éstos o de sus organizadores”, es decir de la propia Cristina Kirchner entre otros acusados. Tras la muerte de Bonadio, su juzgado quedó a cargo de Martínez De Giorgi, quien sigue adelante con la investigación.

Las actividades ilícitas de Gutiérrez se habrían llevado a cabo aproximadamente entre los años 2008 y 2018, “destinándose parte de los fondos ilícitos provenientes de la corrupción pública, a la adquisición de propiedades y bienes muebles en este país, más precisamente en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

Se analizaron más de 40 operaciones entre movimientos de fondos, compraventa de inmuebles, adquisición de vehículos automotores, creación y utilización de empresas para tales fines. Para la justicia, esas operaciones se desprenden de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Quedaron involucradas en las maniobras la madre del ex secretario, Teresa Amalia García, su hermana Valeria Alejandra Martinovich, entre otras personas de su entorno, ya que los movimientos de dinero “no se condicen con la capacidad económica de aquéllos, entre otras maniobras, generando de esta forma confusión sobre sus patrimonios”.

Ese cuantioso patrimonio fue expuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando denunció a Gutiérrez y a su entorno por lavado de dinero. Se trata de 36 inmuebles (casas, cabañas, hoteles) ubicados en El Calafate, Río Gallegos y Ushuaia, cerca de 35 autos y al menos tres embarcaciones.

Números bajo sospecha

El organismo antilavado se concentró en el crecimiento de los bienes de Gutiérrez. ​En ese punto, se planteó que las declaraciones de 2012, 2013 y 2014 fueron modificadas, algunas más de una vez.

La justicia cree que hubo ingresos de “gran magnitud por venta de inmuebles y por venta de vehículos”, y que, en varios años, “superan ampliamente los ingresos por su actividad”.

Los bienes declarados en el país tienen un valor de 8.549.514 pesos. Esto incluye propiedades por 2,4 millones de pesos. Desde 2007 hasta julio de 2016 incorporó 16 propiedades.

Por ejemplo, le vendió a su madre un terreno por 200.000 pesos, “con una ganancia del casi 1.900% en pesos”. A su vez, Gutiérrez declaró en ese período una donación de su madre por 750.000 pesos que resultó “sospechosa” para la UIF. (Clarín)

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