El fiscal general jefe Omar Rodríguez presentó en Rawson la imputación en la causa caratulada “Cecilia Torres Otarola y otros p.s.a fraude a la administración pública” bajo el número 21745, causa que involucra a 123 personas y por la que se solicitó la apertura formal de la investigación de acuerdo al artículo 274 del código procesal penal.
Los imputados son Cecilia Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.
Medida Cautelar
Asimismo se solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.
Un solo objetivo: recaudar de los fondos públicos
La extensa argumentación investigativa sustenta ampliamente la denuncia por defraudación al estado. Las personas involucradas en esta causa dejaron clara evidencia de los desvíos de fondos o pagos de coima “pagando su derecho a pertenecer” al entregarle al circuito de Otarola la mitad de sus salarios. Movimientos de cuentas, transferencias entre distintos bancos, un mismo registro “recaudador” que luego era el depositado a nombre de la ex ministra. Ello provoco que la cuenta de la ex funcionaria entre los años 2016-2020 registrara recepción de transferencias por un monto cercano al millón 50 mil pesos ($1.500.000).
De todos los investigados, un caso llamativo expuso el mecanismo sucio de las designaciones: una mujer que para prestar funciones de servicio domestico obtuvo un cargo de directora en el mencionado ministerio. La mujer no cumplió funciones, solo asistió 2 días. Se le había mencionado que obtendría un salario de 20 milpesos cuando figuraba con 43.558 $. Sencillo, más de la mitad “retornaba” a la empleadora. Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de esa mujer en cuestión., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. La mujer desconocía que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.
Los vínculos quedaron circunscriptos al círculo íntimo de Torres Otarola. Los investigados son amigos, familiares, pareja, hermanos, hijos entre si y empleados de “extrema” confianza
Para quienes llevan adelante esa causa, está claro que todos los investigados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los co-imputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a las personas de confianza de la ex funcionaria, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.
Un “ñoqui” con antecedente “embrujado”
El gobierno de Mariano Arcioni esta bajo la lupa de la justicia por hechos de corrupción tras casos emblemáticos como “Embrujo” y “Revelación”, causas que pusieron en prisión a medio gabinete de la administración Das Neves-Arcioni. Pero si alguno quedó sin recibir “su vuelto”, pudo hacerlo ahora con consentimiento de Torres Otarola. Hablamos del ex jefe de Gabinete, Alberto Gilardino, sospechado de cobrar un sueldo a través de su madre.
Por caso especial la situación de Patricia Antonio, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. Ella fue designada en la planta política por la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, relacionado con causas de corrupción del gobierno anterior. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis que sostienen los acusadores.
Calificaciones legales
Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal. (OPI Chubut)
