Por: Esteban Lafuente
Tan poco y tanto a la vez. Algo más de US$3000 millones a lo largo de nueve años es el monto clave que hoy separa a la Argentina de alcanzar un acuerdo con los acreedores de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera. Así lo reflejan las estimaciones privadas a partir de las últimas ofertas de ambas partes, en una negociación que lleva meses y, pese a los discursos duros, promete nuevos capítulos hasta el postergado deadline del 4 de agosto.
En su última oferta, la cuarta desde que comenzó el proceso de reestructuración, el Gobierno modificó las condiciones y diseñó una propuesta que alcanza un valor presente neto (NPV) de 53,5 por cada 100 dólares en promedio. “Hemos llegado al límite que Argentina puede para cuidar la economía”, dijo el ministro Martín Guzmán.
Unidos, los acreedores externos rechazaron la nueva propuesta oficial, y ayer hicieron una nueva contraoferta. Ese esquema, que plantea los mismos bonos y plazos pero un cupón de intereses mayor, el NPV ronda los US$57 por cada 100 dólares.
Más allá de gestos y discursos duros, ambas partes acercaron posiciones desde el inicio de la negociación y las diferencias se redujeron. Según estimaciones de Ecolatina, la brecha que separa hoy ambas propuestas implica una diferencia acumulada de US$3000 millones entre 2020 y 2028. En otras palabras, si solo se considera la deuda bajo legislación extranjera, los acreedores exigen que la Argentina incremente sus desembolsos en algo menos de US$300 millones anuales en el período.
Esta contraoferta fue la primera que realizan de forma conjunta el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), el Grupo Ad Hoc (integrado por fondos como BlackRock, Ashmore y Fidelity, entre otros) y el Grupo Exchange, que dicen tener el 32% del total de la deuda a reestructurar, en una posición que les permite bloquear cualquier operación. En esta oferta, piden incrementar el cupón promedio de los intereses al 3,4%, además de cambios en las cláusulas legales de los contratos.
“Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta la Argentina”, dijo ayer el ministro Guzmán, quien enfatizó en que la última oferta oficial incluyó “nuestro máximo esfuerzo”.
Si bien el funcionario planteó en que seguirá “hablando” con los bonistas, a los que les pidió “buena fe”, insistió en que “aceptar lo que piden algunos acreedores significaría someter a la sociedad argentina a más angustia, implicaría por ejemplo ajustar jubilaciones, y no lo vamos a hacer”.
La primera propuesta del gobierno, presentada en abril, ofrecía un NPV promedio de US$41 cada 100 dólares. Si se compara esa oferta con la última, el horizonte de pagos comprometido para la Argentina entre 2020 y 2028 creció más de US$10.000 millones: pasaron de US$16.270 millones inicialmente a US$26.941 millones.
Según las estimaciones de consultoras privadas, la diferencia promedio ronda entre US$3 y US$4 en el NPV, según el bono que se considere, tomando una exit yield de 10%. “Los acreedores han bajado desde el piso de US$60 que pedían al principio, y la Argentina subió por encima de los US$50 que inicialmente se tomaba como umbral de sostenibilidad de la deuda según lo planteado por el FMI. Hay una negociación en curso y dadas las propuestas, hay voluntad de acordar”, dice Martín Vauthier, director ejecutivo de Eco Go.
El esquema propuesto por el Gobierno, a su vez, marca que las mismas condiciones en la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera se aplicará para la deuda emitida bajo ley local. Para eso, ya se envió una ley al Congreso. Según Vauthier, si se consideran ambos grupos de deuda, la diferencia de pagos entre 2020 y 2028 que arrojan las propuestas del Gobierno y los acreedores des de alrededor de US$6000 millones.
Otra diferencia clave está en el perfil de vencimientos. Mientras el Gobierno ofrece plazos más largos, los acreedores plantean que haya mayores desembolsos concentrados antes de 2028. Por eso, si se consideran todos los pagos acumulados en el canje, las diferencias finales entre ambas propuestas son menores. Para Ecolatina, en el total del canje, la brecha que separa la oferta del Gobierno de lo que piden los bonistas es de US$2000. Hay estimaciones que incluso consideran un monto menor.
La discusión hoy gira en torno a los plazos, el perfil de vencimientos y el cupón de intereses. “Vamos a seguir hablando”, insistió ayer el presidente Alberto Fernández, luego de que se conociera la contraoferta de los bonistas, sobre una negociación que, en principio, puede extenderse hasta el 4 de agosto.
“La diferencia es un número chico pensando en la distancia que hay entre ambas propuestas. El Gobierno entiende los costos que tendría un default y cómo profundizaría la recesión actual. Y desde los acreedores, el hecho de que hayan llegado hasta esta instancia y prolongado las negociaciones muestra que tienen voluntad de negociar y que no son ‘buitres’. Si bien tienen la opción de litigar, ese no es su objetivo prioritario y claramente prefieren llegar a un acuerdo”, concluye Vauthier. (La Nación)
