Por: Hugo Alconada Mon
Intentó llegar a un avenimiento con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero el organismo, ya con Mercedes Marcó del Pont al frente, le dijo que no. Intentó también que sus empresas fueron consideradas como Pymes para incluirlas en un plan de facilidades de pago, pero volvió a rebotar con la AFIP. Y ahora, según le anticipó a la Justicia, Cristóbal López va por la moratoria general que impulsa la Casa Rosada.
El nuevo contrapunto de López y su socio, Fabián de Sousa, con la AFIP quedó plasmado en uno de los varios expedientes que tramita en la justicia en lo comercial. Esta vez, fue en el concurso preventivo de Ideas del Sur, la productora audiovisual en la que tienen como socio a Marcelo Tinelli.
En ese concurso, el apoderado de Ideas del Sur, Eduardo Fabier Dubois, informó que la empresa había alcanzado la mayoría necesaria para sellar un acuerdo con sus acreedores, pero que aun así quiere la conformidad de la AFIP “a efectos de lograr una reestructuración completa de los pasivos al momento de la homologación” de ese acuerdo.
El problema es, sin embargo, que chocó con una nueva negativa de la AFIP, ya durante la gestión de Alberto Fernández como Presidente y con Marcó del Pont al frente del organismo. ¿Qué pasó? Que López y De Sousa intentaron incluir a Ideas del Sur en el plan de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la Seguridad Social que la AFIP lanzó a fines de enero para Pymes y entidades civiles sin fines de lucro. ¿La respuesta oficial de la AFIP? “No”.
La productora de López, De Sousa y Tinelli, explicó su apoderado, “se ha visto impedida de acceder a dicho régimen como consecuencia de la interpretación del organismo recaudador de no expedir el certificado PYME a ninguna empresa del ‘Grupo Indalo’ por considerar que no reúne los requisitos por tratarse de un conjunto económico”, explicó.
En su escrito judicial, Dubois también anticipó que “diversas [empresas] concursadas del Grupo” Indalo ya cuestionaron o están por cuestionar en tribunales esa interpretación de la AFIP -por lo que el intento de López y De Sousa fue más allá de solo Ideas del Sur-, “sin que a la fecha exista resolución favorable”. La segunda: que buscarán acogerse a la moratoria que promueve el Gobierno y que le quitaría de encima varias condiciones restrictivas que le impiden regularizar su situación tributaria.
“El 7 de julio de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de modificación de la actual ley 27.541 [de emergencia] que contempla la inclusión en su régimen de todos los concursados sin la exigencia de obtener un certificado PYME”, recordó el abogado, para luego anticipar su movida decisiva: “En caso de sancionarse dicha norma, cuestión que los diversos medios de comunicación estiman como altamente probable, esta concursada podrá adherir al régimen y así obtener la conformidad del Fisco Nacional para lograr el acuerdo”.
Plan más amplio
El objetivo de López y De Sousa, en efecto, va más allá de ordenar las cuentas de Ideas del Sur. En el mismo escrito, su abogado también explicitó otros intentos con la constructora CPC, mientras que en la quiebra de la petrolera Oil Combustibles, también buscaron alcanzar un avenimiento con la AFIP y también se toparon con dos rechazos, el 9 y 13 de marzo.
El 9, los técnicos de la División Cobranzas Judiciales y Sumarios de la AFIP sostuvieron que Oil Combustibles le adeuda al fisco al menos $6739,4 millones en un proceso y otros $ 1507,7 millones en otro -es decir, más de $8247,1 millones-, en tanto que otros $3548,4 millones se encuentran en discusión, lo que podría elevar la deuda fiscal de la petrolera a casi $11.800 millones, entre capital e intereses acumulados.
¿Por qué los técnicos de la AFIP -ya en la gestión de Fernández y Marcó del Pont- rechazaron el pedido de Oil? Porque una resolución de 2014 veda otorgar planes de facilidades de pago a los contribuyentes que afronten un juicio oral por delitos vinculados a sus obligaciones tributarias. Y esa restricción alcanza a las personas físicas como así también a las personas jurídicas cuando el directivo acusado “haya actuado en nombre de la persona jurídica”, lo que cuadraría con Oil Combustibles.
Para López y De Sosa, sin embargo, ese escollo también podría quedar atrás muy pronto. El proyecto de moratoria que impulsa el Gobierno nacional podría abrirle una puerta, al incluir a empresas quebradas que no continúan con su explotación o que arrastren deudas por el impuesto a los combustibles líquidos (ITC), a diferencia de lo dispuesto en las moratorias que se aprobaron en 2001, 2008 y 2016, que lo excluyeron. Y a esto se suma que prevé la suspensión -o incluso extinción- de la acción penal. Para el vicepresidente y el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina y Luis Pastori, es “un traje a medida de las necesidades de la empresa Oil Combustibles”. (La Nación)
