El Gobierno armó la comisión para ampliar la Corte como quiere Cristina

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EN EL BANQUILLO, ACUSADA DE CORRUPCION

Está integrada por once juristas y abogados de todo el país. Arslanian y Beraldi defienden a ex funcionarios K, hay un colaborador de Zaffaroni y un juez de Justicia Legítima.

Por: Claudio Savoia

Pergeñada por el presidente como un amortiguador para su giro copernicano respecto a la “necesidad” de modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia, este lunes se conoció la integración de la Comisión Asesora que opinará sobre ese tópico -único que desvela a Cristina Kirchner-, el funcionamiento del Consejo de Magistratura, el andar del Ministerio Público Fiscal y la implementación de más juicios por jurados. El equipo está integrado por once juristas y abogados, entre quienes hay una clara mayoría de adherentes al kirchnerismo y el peronismo. Dos de ellos son los defensores de Cristina y Ricardo Echegaray, también un juez de Justicia Legítima y un colaborador de Eugenio Zaffaroni. Con representación federal y de género, de la comisión además participa la frustrada candidata de Macri a la Procuración, Inés Weinberg de Roca.

Alberto Fernández llamó personalmente a los elegidos, cuyos nombres fueron materia de especulación durante las semanas que transcurrieron desde que él anticipó en la prensa la idea de acompañar su proyecto de reforma judicial con la opinión de un comité asesor respecto de algunos temas puntuales. Era la forma de disimular con más elefantes al más grande de ellos: la exigencia de Cristina de toquetear la integración de la Corte sumando a más jueces y eventualmente dividiendo su labor en “salas” especializadas en cada fuero. La suma de dos más dos es cuatro: apretando los botones adecuados, esa martingala le permitiría segar las causas por corrupción en su contra, cuando el árbol de apelaciones construido en cada expediente llegue hasta el máximo tribunal.

La digresión no es antojadiza: el miembro clave de la flamante comisión es el doctor Carlos Beraldi, abogado defensor de la vicepresidenta en aquellas causas y, según coinciden varias fuentes del oficialismo, consultor en las sombras respecto al diseño, la conformación y la forma de trabajar de este equipo.

Las suspicacias apenas comienzan con el rol de Beraldi. Su socio histórico en el estudio penal que integró durante años es el abogado y ex camarista Carlos Arslanian, famoso por su papel en el Juicio a las Juntas militares pero ahora defensor de Ricardo Echegaray en el juicio por el megafraude al Estado con la petrolera Oil, de Cristóbal López y Fabián de Sousa. También de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.

Dos abogados, dos penalistas, dos socios, dos peronistas. Que opinarán sobre el diseño del tribunal al que, tarde o temprano, llegarán las causas que interesan a sus defendidos. La aguja de la ética está a punto de romperse. De hecho, si ellos ejercieran la magistratura, este vínculo sería motivo excluyente para que ambos se excusaran de participar en un asunto que atañe directamente a sus intereses. En política no existen esos límites.

Beraldi y Arslanian estarán acompañados por dos constitucionalistas -solo dos entre once, pese a que la Corte es un tribunal constitucional- Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra: la especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet Marisa Herrera, la jueza de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Hilda Kogan, su par del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y de la Corte de Tucumán, Claudia Sbdar; el juez de la Corte de Mendoza Omar Palermo; el penalista argentino que desarrolló su carrera en España Enrique Bacigalupo; y la jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño, Inés Weimberg de Roca.

Aunque sus pergaminos jurídicos y académicos atiborran cualquier objeción, la inclusión de la doctora Weinberg no deja de tener un altísimo simbolismo político: ella fue la candidata de Mauricio Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbó como jefa de los fiscales en la Procuración General de la Nación. El Senado escuchó su proyecto con mucho respeto, pero ni siquiera trató su pliego.

Como ocurre en la selección de fútbol, la “lista de buena fe” de los integrantes de la exótica comisión asesora permite entrever cual será el “planteo táctico” preponderante en el equipo. Y es ahí donde quedan pocas dudas. A la militancia confesa de Beraldi y Arslanian, se podrían agregar algunos datos importantes respecto a sus acompañantes. Siempre con una aclaración que vale la pena repetir: todos ellos son especialistas prestigiosos y con sobrados pergaminos para estar en la cualquier comisión.

El doctor Omar Palermo, por ejemplo, es un activo integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, cercano a Gils Carbó y muy enfrentado con el radicalismo mendocino, que hace dos años cuestionó un pedido de licencia suyo en la Corte.

Raúl Gustavo Ferreyra es un reconocido profesor de la UBA, y también compañero de Eugenio Zaffaroni en el asesoramiento y la defensa judicial del ex presidente boliviano Evo Morales frente a las acusaciones en su contra por los delitos de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo. Ambos coescribieron artículos sobre el Lawfare en Bolivia, y también respecto a otras cuestiones de la política judicial argentina. En su cuenta de Twitter, avaló la intervención del gobierno frente a la cerealera Vicentin y la posición de Martín Guzmán ante los bonistas acreedores del país.

Otro nombre para prestarle atención es el de Enrique Bacigalupo Zapater, un penalista que fue Procurador General del Tesoro durante el brevísimo gobierno del peronista Héctor Cámpora en 1973, y luego de su exilio desarrolló una brillante carrera judicial en España: entre 1987 y 2008 integró el Tribunal Supremo de ese país. Y ahí hay otra información importante: ese tribunal está dividido en salas, tal como pretende replicar Cristina en la Corte Suprema argentina. Bacigalupo reportaba en la sala segunda de lo penal. Un antecedente vital para vislumbrar el posible sesgo de su opinión.

La abogada Marisa Herrera es especialista en cuestiones de género e integró el equipo que redactó el Código Civil en ese área. El mes pasado, moderó la primera reunión del equipo técnico de Justicia y Derechos Humanos del PJ Nacional, en la cual participaron Zaffaroni y Gils Carbó, entre otros referentes del peronismo.

Las doctoras Sbdar, Battaini, Kogan y Weinberg de Roca aportarán su experiencia en las respectivas Cortes provinciales. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también tiene una copiosa trayectoria académica y profesional, pero sin participación política activa.

Según prometió el presidente cuando convocó a cada uno, todos los miembros de la Comisión -que será presentada esta semana- podrán firmar dictámenes de mayoría y también de minoría, para asentar sus disidencias en aquellas cuestiones en las que no hayan podido consensuar con sus compañeros. El dato fue clave para convencer a algunos de los candidatos. (Clarín)

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