El presidente fue acusado de genocidio y delito contra la humanidad por decisiones que adoptó ante la pandemia de Covid-19. La denuncia en el Tribunal Penal Internacional (TPI) fue presentada por una coalición de 60 sindicatos.
Por: Guido Nejamkis
El presidente Jair Bolsonaro reanudó este lunes sus actividades oficiales en forma presencial tras trabajar durante más de dos semanas recluido en la residencia oficial de la Alvorada luego de contraer Covid-19, y volvió a ser blanco de denuncias internacionales por sus políticas para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, que en Brasil ya provocó la muerte de cerca de 88.000 personas.
El mandatario, que dijo haberse tratado con cloroquina, una droga cuya eficacia ante la Covid-19 no fue comprobada por la ciencia y que además puede provocar graves efectos colaterales, llegó temprano a la sede del gobierno, el Palacio del Planalto, tras pasear en moto el fin de semana por Brasilia luego de comunicar que un cuarto testeo que le realizaron había dado negativo.
“Estoy inmunizado, pero evito el contacto”, dijo Bolsonaro usando barbijo a un grupo de simpatizantes que lo aguardó a la salida de la residencia oficial.
El presidente de Brasil volvió a ser denunciado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por decenas de sindicatos que representan cerca de un millón de profesionales de la salud y que lo acusan de genocidio y delito contra la humanidad por “fallas graves y mortales en la conducción de la pandemia de Covid-19”.
El TPI juzga violaciones de derechos humanos, genocidios, delitos de guerra y contra la humanidad.
La coalición de sindicatos también acusó a Bolsonaro de tener un “comportamiento irresponsable” al incentivar el uso de cloroquina y afrontar las orientaciones de autoridades de salud, tanto brasileñas como internacionales.
“La materialidad de los delitos cometidos está debidamente confirmada”, dijo la denuncia de la Red Sindical Brasileña UNISaúde, en la que se indicó que “las acciones y omisiones” del presidente afectan, de forma grave, “la salud física y mental de la población, poniéndola en situación de riesgo ante un virus de alta letalidad y con capacidad de diseminación descontrolada con riesgo de muerte o secuelas irreversibles”.
Tras echar en abril al ministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro inició -con el argumento de que era necesario proteger la economía- una prédica de abierto enfrentamiento a las cuarentenas generalizadas impuestas en estados y municipios por gobernadores y alcaldes.
Ese discurso contribuyó decisivamente a desorganizar las políticas de distanciamiento social y no logró detener el deterioro económico provocado por la paralización de actividades a causa del virus. En cambio, ayudó a acelerar su diseminación. Brasil, con casi 2,5 millones de infectados, es el país en el mundo más afectado por el nuevo coronavirus después de Estados Unidos y hace más de 60 días tiene un promedio de 1.000 muertos diarios por Covid-19.
La presentación ante el TPI constituye la cuarta denuncia contra Bolsonaro en la corte con sede en La Haya, Holanda. Su aceptación requiere de la apreciación de la procuraduría de ese tribunal, que, en caso de verificar que esté adecuada a su jurisdicción y que la denuncia se basa en hechos reales, puede admitirla y abrir una investigación.
El año pasado, abogados y organizaciones humanitarias acusaron a Bolsonaro por incitar al genocidio de indígenas. La nueva denuncia también clasifica como un genocidio a “las acciones y omisiones” del gobierno respecto a la lucha contra la Covid-19 en las poblaciones ancestrales de Brasil.
En abril de este año, separadamente, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) y el opositor Partido Democrático Trabalhista (PDT), una agrupación de centroizquierda cuyo principal dirigente es el ex ministro y ex candidato presidencial Ciro Gomes, acusaron a Bolsonaro ante el TPI de delito contra la humanidad por tomar medidas que incentivaron la propagación del virus.
El gobierno de Brasil no se manifestó sobre las denuncias y, a través de la Abogacía del Estado (AGU), informó que comunicará una posición en caso de intimación por el TPI. Casi 100.000 profesionales de la salud contrajeron Covid-19 en Brasil, con cerca de 300 fallecimientos. (Clarín)
