El Gobierno define si prorroga o no la fecha de la última oferta

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Martín Guzmán les respondió a los bonistas: "No se puede ofrecer más"

Horas antes de que el Gobierno informe si extiende la negociación con los acreedores para reestructurar US$65.000 millones de deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que está evaluando “todas las opciones” respecto de la posibilidad de postergar el plazo que vence el próximo martes, aunque volvió a aclarar que la oferta económica actualmente sobre la mesa es la definitiva.

“Estamos evaluando todas las opciones. Habíamos manifestado que estaba la idea de un período de suscripción más largo, que es simplemente una cuestión técnica. Ahora, la realidad es que no hay más en términos de lo que el país puede pagar año por año. Hemos hecho el máximo esfuerzo posible y una oferta que es definitiva sobre la base de ese esfuerzo”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en un reportaje con el diario Página/12.

Las opciones podrían ser que el Gobierno decida prorrogar el plazo para que los bonistas puedan aceptar o rechazar la oferta de canje oficial-aunque no está confirmado, en el equipo económico calculan que la fecha sería el 28 de este mes- o que se mantenga la fecha de este martes y Martín Guzmán y su equipo comiencen a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) algún tipo de apoyo crediticio para volver a negociar con los bonistas en unos meses.

Al ser consultado sobre la diferencia económica que existe entre la propuesta argentina y la de los acreedores-estimada en alrededor de US$3 por cada US$100 de deuda- Guzmán sostuvo que “haber llegado a ese punto es por el esfuerzo grande que hizo Argentina. Y hay que entender qué quieren decir esos tres dólares. Estamos hablando de miles de millones de dólares en una situación de fragilidad y restricciones muy fuertes”.

“La oferta está vigente y los acreedores tienen tiempo de aceptar. Es su decisión sacar al país de una situación de default en la que ya está de forma concreta desde finales de abril de 2018”, subrayó.

Guzmán sostuvo que -en términos económicos- “no vamos a ofrecer más” y que “si no hay acuerdo sobre esta propuesta el camino es otro. En ese caso, lo que haríamos es retomar el programa con el Fondo Monetario Internacional, pero en las condiciones que necesitamos tener”.

“Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa. Obviamente, lo que eso implicaría es que tome más tiempo la reestructuración, pero también daría lugar a una reestructuración más profunda. Es iluso suponer que más adelante podamos ofrecerle más”, agregó.

Este nuevo esquema, según el ministro, representará que, de no mediar un acuerdo con los acreedores, “Argentina se mueva más hacia el acuerdo con el FMI y más adelante, dentro de seis u ocho meses aproximadamente, vuelva a hacer un replanteo con los sectores privados”.

Más allá de esta postura oficial, cerca de los grupos que negocian con la Argentina dijeron a LA NACION que no ven viable que el país negocie lo que se llama un acuerdo standstill porque “ellos pedirían la aceleración de todos los bonos en default” o, lo que es lo mismo, irían a la Justicia a iniciar juicios y así se aceleraría el default con todos los bonistas.

Sin embargo, sí existiría la posibilidad de acercar posiciones en lo legal, sin ceder en lo económico. En este sentido, la agencia Reuters informó hoy que un grupo de acreedores se contactó con el Instituto de Finanzas Internacionales y otros organismos mundiales para obtener ayuda a fin de modificar las cláusulas legales en la reestructuración de bonos soberanos.

Los tenedores de bonos, incluidos los fondos BlackRock, Ashmore y Fidelity, también se contactaron de manera extraoficial con el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), según le dijo una fuente a la agencia de noticias.

Aunque estas organizaciones no tienen control sobre cómo se constituyen los contratos de bonos, los acreedores esperan que su apoyo ayude a persuadir a Guzmán para que acepte los cambios que desean.

Los bonistas estiman que quedan muy desfavorecidos con las cláusulas de acción colectiva (CAC) de 2014, porque el país deudor puede ir haciendo canjes parciales reasignando las series a reestructurar. Por lo tanto, pedían que los nuevos bonos se liciten con las viejas CAC, pero eso sería volver atrás en las reglas de reestructuraciones soberanas.En esa línea, buscan una evolución de las CAC para que sigan siendo ventajosas para los países, pero que se limite la posibilidad de los estados de reasignar como quieran. Que los términos de votación estén acordados de entrada y no que el país decida ex post qué reestructurar en base al porcentaje de adhesión que tuvo para cada serie de bono. (La Nación)

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