Osvaldo Sanfelice está procesado por lavado de dinero en operaciones por más de $ 38 millones a través de una firma que tenía como clientes a sociedades de Cristóbal López. Las sospechas de la justicia.
Por: Lucía Salinas
En junio de 2019 el juez Julián Ercolini procesó por lavado de dinero a Cristóbal López, Fabián De Sousa y al ex socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice. Es en la causa Agosto SA, firma que tuvo como único cliente a empresas del Grupo Indalo y facturó 39 millones de pesos. La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó las acusaciones y dejó a los imputados cerca del juicio oral.
La Justicia sospecha que parte de los 8.000 millones de pesos que Cristóbal López no pagó al Fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que Oil Combustibles hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice, que es amigo, empleado y socio del dueño de Indalo. El negocio no fue azaroso: para los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los acusados “se encontraban unidos por una especial relación de confianza (…) dicho proceder estuvo dirigido a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, a través de los pagos realizados en favor de Agosto SA y de las inversiones realizadas por esta firma, con la consecuencia posible de que aquéllos adquiriesen la apariencia de un origen lícito”.
Los dueños del Grupo Indalo se encuentran presos acusados por defraudar al Estado al no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos ($17.042.509.692 lo que reclamaba la gestión macrista) correspondientes al Impuesto a los Combustibles. Las operaciones de lavado de dinero investigadas en este expediente, confirmaron los jueces, se vinculan con la maniobra defraudatoria que se encuentra en juicio oral. “El objeto del presunto delito de lavado que aquí se investiga serían precisamente los fondos de que disponía Oil Combustibles SA a resultas de la maniobra defraudatoria” y señalaron que el control de la compañía “lo detentaban Cristóbal López y Fabián De Sousa”.
En este caso puntual, se involucra la intervención de tres sociedades del grupo Indalo -Oil M&S SA, CPC SA y Alcalis de la Patagonia SAIC-, y de la firma Agosto SA (de Osvaldo Sanfelice); a través de las cuales “se habría puesto en circulación una porción del dinero ilegítimamente obtenido mediante la defraudación a la AFIP ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 2013 a agosto de 2015”.
La Justicia sostiene que hubo una “clara maniobra de lavado de activos”, que comenzaba con las “ganancias ilícitas obtenidas por el Grupo Indalo”. Después, se desarrolló “un mecanismo para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas”: el dinero primero circulaba en el grupo Indalo como “préstamos” y después se contrataba a Agosto SA.
De los informes realizados por la AFIP surge: que en el año 2013, Oil Combustibles SA transfirió $27.526.587 a la empresa CPC SA y $388.530.009 a Oil M&S SA; que en 2014 esos montos ascendieron a $58.089.486 y $182.295.451 respectivamente; en 2015 fueron de $49.997.029 y $192.006.360; y, por último, en 2016, Oil M&S SA recibió $34.057.561 de aquella. También hay muchas operaciones con la quebrada empresa OPS del empresario kirchnerista Mario Cifuentes.
Los únicos clientes de Agosto SA (dedicada al alquiler de maquinaria) fueron las tres firmas de Indalo desde agosto de 2013. La facturación electrónica de la firma entre octubre de 2013 y agosto de 2016 alcanzó a 38.695.072 pesos.
Esta causa la relacionaron con otros casos de lavado de activos que involucran a los dueños de Indalo, a Lázaro Báez como a la familia Kirchner: “La dinámica advertida en torno a la firma Agosto SA no resulta novedosa”, ya que en otras investigaciones “se puso de relieve las anomalías que ponían en crisis la apariencia de las operaciones comerciales presentadas, entre las que se destacaron el financiamiento prestado por un grupo empresario para la compra de hoteles, que luego eran alquilados por empresas de ese mismo conglomerado económico”.
Así también, concluyeron los jueces, “como la conformación de sociedades por altos funcionarios -directamente o a través de personas de confianza- para actividades de locación inmobiliaria, principalmente, a personas que resultaban ser contratistas del Estado, en casos en los que no se advertía la necesidad real de contratar ese servicio”. (Clarín)
