El Gobierno pagó otra cuota de intereses antes de iniciar la renegociación con el FMI

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Menos crecimiento y más volatilidad a nivel global

Por: Javier Blanco

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó su condición de acreedor privilegiado de la Argentina. El Gobierno le pagó el pasado jueves US$305 millones para tener al día los intereses de la deuda por US$44.000 millones que contrajo la administración Macri en la segunda mitad de su mandato.

El pago se puede rastrear por el movimiento de reservas del Banco Central (BCRA), ajustada tenencia que ese día registró egresos por un total de US$405 millones, ya que a ese pago se le sumaron otros US$16 millones vendidos a otros sectores de la administración pública y US$84 millones volcados por la entidad monetaria al mercado cambiario para mantener bajo control el ritmo de actualización que quiere darle al dólar. En esa tarea debió sacrificar la friolera de US$429 millones sólo en las primera cuatro ruedas de agosto (a un promedio de US$107,25 millones por día).

Dichas salidas no mellaron la tenencia bruta de reservas (que sólo cayó en US$30 millones) porque los bancos elevaron oportunamente en US$364 millones sus depósitos en cuentas del BCRA para ayudar a mantener estabilizada esa tenencia por encima de los US$43.000 millones y tratar de evitar mayores ruidos.

La cuota trimestral de intereses abonados se abarató casi 6% (a comienzos de mayo se habían pagado US$324 millones, es decir, US$19 millones más por el mismo monto de deuda) dado el impacto que la devaluación global del dólar tuvo en los derechos especiales de giro (DEG), la moneda creada y utilizada por el FMI (a partir de una canasta de divisas) como activo de reserva y unidad de cuenta, y en la que el dólar estadounidense mantiene una ponderación mayor.

Los únicos privilegiados

La deuda con los organismos internacionales ha sido la única que el gobierno de Fernández respetó a rajatabla y mantuvo regularizada, pagando en tiempo y forma los vencimientos. En paralelo, el FMI fue tal vez el principal sostén de la oferta que el país realizó para reestructurar los pasivos contraídos con bonistas locales y externos al calificar esos compromisos como “insostenibles” reiteradas veces.

Según coinciden los analistas financieros, por la forma en que estuvo estructurada la asistencia del FMI desembolsada entre 2018 y 2019 esa carga también se tornó “insostenible”: Según lo pactado entonces, las cancelaciones comienzan el año próximo y se empinan fuertemente entre 2022 y 2023, cuando vence el 84,4% del total prestado.

De allí el objetivo del Gobierno de iniciar, apenas completados los canjes de bonos, una negociación con las autoridades de ese organismo para revisar aquel esquema de pagos. “Es el próximo paso importante por resolver”, admitiò días atrás el ministro de Economìa, Martìn Guzmán, quien calificó la estructura del crédito como “una montaña de vencimientos a los que no podemos hacer frente en las condiciones en las que nos encontramos”.

“Las negociaciones con el FMI van a ser complejas”, sentenció Guzmán el fin de semana en una entrevista con LA NACION, en la que advirtió que no aceptarà “algo que dañe a la Argentina” y adelantó que esas conversaciones podrìan llevar hasta los “primeros meses” de 2021. (La Nación)

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