La Auditoría General de la Nación rechazó investigar los gastos de ANSES en el IFE

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Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación.

El Frente de Todos rechazó auditar el padrón de beneficiarios de las dos primeras cuotas del IFE, pese a las irregularidades detectadas en su implementación. Ya se gastaron $180.000 millones.

Por: Alejandro Alfie

La Auditoría General de la Nación (AGN) rechazó investigar los gastos de la ANSES en las dos primeras cuotas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pese a las irregularidades detectadas en su implementación.

Es que la mayoría kirchnerista y sus aliados señalaron que la AGN no puede auditar un plan durante su ejecución, más allá de que los dos primeros pagos del IFE ya fueron realizados previamente y se detectaron deficiencias en la base de datos de ANSES, que permitieron el cobro por parte de más personas de las previstas originalmente en algunas provincias, mientras hubo otra gente que no pudo acceder a ese subsidio estatal.

“Tenemos que hacer una auditoría de la evolución de la gestión, más allá de buscar un título de un diario de si la Auditoría audita o no”, dijo el presidente del bloque del Frente de Todos en la AGN, Juan Forlón. Y agregó: “Si hay un error en el padrón inicial, ver qué correcciones hubo después y cuál es el resultado final de un plan que se está ejecutando, porque esto es una pandemia. Así que sería mucho más eficiente si hacemos el análisis de la evolución una vez terminado este programa”.

En el mismo sentido se expresó el auditor general peronista Javier Fernández, quien cuestionó que “los medios siguen con esto”. Y aseguró que los gastos del IFE se van a investigar el año próximo, en el plan de auditorías que apruebe la Comisión Mixta del Congreso.

El auditor general radical Alejandro Nieva proponía la consulta a los departamentos específicos de la AGN sobre la posibilidad de realizar una auditoría de gestión sobre la “integridad del proceso de otorgamiento y pago” del IFE, por parte de ANSES, “que constituye uno de los pilares de toda la asistencia” efectuada por el Gobierno “para paliar la situación de emergencia que viven millones de argentinos debido a esta pandemia”.

El presidente de la AGN, el radical Jesús Rodríguez también reclamó auditar cómo se confeccionó el padrón de beneficiarios del IFE, ya que el 10 de agosto empezó el tercer pago de los $10.000 por persona, cuyos dos primeros pagos implicaron $180.000 millones, con lo cual el 32% de las personas entre 18 y 65 años estaría cobrando el subsidio del gobierno nacional, dijo Rodríguez.

“Hay provincias, como Santiago del Estero, donde el 50% de la población que tiene entre 18 y 65 años recibe el IFE”, afirmó el titular de la AGN. Y añadió que en Chaco, Formosa, Corrientes y Salta “dichas proporciones se sitúan por encima del 40%. Esos registros resultan, cuando menos, sorprendentes”. Especialmente cuando otras provincias tuvieron altos índices de rechazos de sus beneficiarios por parte de ANSES, como Tierra del Fuego y la ciudad de Buenos Aires, con el 48% y 44%, respectivamente, sostuvo el auditor Nieva.

El IFE está destinado a un solo integrante de cada grupo familiar, que tenga entre 18 y 65 años y no registre ningún otro ingreso formal, salvo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por Embarazo (AUE) o el programa Progresar. Es decir, trabajadores informales o desempleados, cuyos grupos familiares cumplan también con otros criterios socioeconómicos establecidos por ANSES. Además lo pueden cobrar los monotributistas de las categorías más bajas y las empleadas domésticas. En la actualidad, lo cobran 8,86 millones de personas.

En su primera participación como nuevo auditor general, Miguel Pichetto se mostró decepcionado porque no se pueda hacer siquiera “un aporte de como se confecciona el padrón” de beneficiarios del IFE.

Pero el bloque del Frente de Todos, que tiene mayoría propia de cuatro auditores en la AGN, se resistió a auditar al IFE este año, tal como también rechazó la sesión pasada auditar los gastos que hizo el Gobierno nacional durante el primer semestre del año, pese a las numerosas denuncias por sobreprecios en la compra de alimentos, como las que se detectaron en el Ministerio de Desarrollo Social. (Clarín)

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