Por: Gustavo Ybarra
El oficialismo del Senado se prepara para sancionar mañana la ampliación de la moratoria fiscal dispuesta en la ley de emergencia pública impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, iniciativa que la oposición cuestiona porque incluye la denominada “cláusula Cristóbal López”, que beneficiará la situación judicial del empresario kirchnerista.
En la sesión, prevista para las 14, también se tratará el decreto de necesidad y urgencia 636/20, por el cual el Gobierno nacional dejó sin efecto la intervención de Vicentin, medida que había tomado también mediante un DNU y como paso previo a su intención de avanzar con la expropiación del grupo empresario.
El temario de la reunión fue decidido por Cristina Kirchner en base a un pedido de sesión especial realizado por el bloque del Frente de Todos. La medida marcha a contramano del protocolo de sesiones remotas renovado hace poco más de un mes, en el que se estableció que los proyectos a debatir en el recinto debían acordarse con los presidentes de bloque.
El oficialismo también pretendía acelerar la sanción de la ampliación del presupuesto en casi dos billones de pesos, que obtuvo dictamen favorable ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero Juntos por el Cambio se opuso a habilitar su tratamiento sobre tablas ante la negativa del Frente de Todos a discutir el proyecto de economía del conocimiento, reclamado por el principal bloque opositor y que el ala dura del kirchnerismo se muestra reacio a tratar por los beneficios que otorga a las grandes empresas.
La moratoria fiscal amplía a todos los impuestos el plan de regularización incluido en la emergencia pública sancionada en diciembre último y establece planes de pago de 96 y 120 cuotas para quienes adhieran el régimen. En el caso de obligaciones de la seguridad social se podrá elegir su cancelación en 48 ó 60 meses.
Ingresarán en el programa los impuestos adeudados al 31 de julio último y el plazo para adherirse concluirá el 30 de octubre. La primera cuota vencerá el 16 de noviembre.
En su paso por la Cámara de Diputados, al proyecto del Poder Ejecutivo se le incluyeron algunas modificaciones, como la obligación de las empresas con capitales en el exterior de repatriar un 30% de esos fondos para poder acogerse a la moratoria. También se redujo del 3% al 2% la tasa de interés.
La propuesta fue defendida por la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien justificó la ampliación de la moratoria en la crisis en la cadena de pago provocada por la pandemia de coronavirus.
La oposición apoya la idea de la moratoria, pero cuestiona el artículo 11 de la iniciativa por considerarlo un traje a medida que beneficiará al empresario Cristóbal López en las causas judiciales que enfrenta por la multimillonaria retención indebida del impuesto a los Combustibles.
“Acá hay un caso claro que es el de Cristóbal López y no podemos obviar que aquel que tiene causas penales abiertas y se adhiere a la moratoria zafa de las causas penales”, afirmó Esteban Bullrich (Pro-Buenos Aires), al justificar el dictamen en minoría presentado por el bloque opositor.
En el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los senadores de la oposición intentaron obtener información sobre el monto involucrado en las maniobras que se le imputan al empresario kirchnerista. Pero Marcó del Pont se negó a dar precisiones. “No voy a hablar de casos”, se excusó.
El temario de la sesión también incluye la aprobación de los pliegos que designan como embajadores políticos a Hernán Patiño Mayer, Ricardo Alfonsín y Daniel Capitanich. (La Nación)
