Ecuador: Como Cristina Kirchner, Rafael Correa será candidato a vice presidente

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Rafael Correa ex presidente de Ecuador - Telam

El ex presidente entre 2007 y 2017 tiene una condena a 8 años de prisión por “cohecho”. Pero aún le queda una instancia de apelación. Desde que dejó el poder está en Bélgica.

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que gobernó el país entre 2007 y 2017, dice que aspirará a la vicepresidencia de su país en las elecciones de 2021, en representación del movimiento Revolución Ciudadana (RC).

Así lo anunció este lunes el asesor de comunicaciones del exmandatario, Amauri Chamorro, en un mensaje por Twitter. Aliado de la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, el ex jefe de Estado va ahora por el mismo cargo.

“El binomio de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales del 2021 en Ecuador tendrá a Andrés Arauz como (candidato a) presidente y a Mashi Rafael (Correa) como vicepresidente”, escribió.

Hasta hoy no estaba claro si el exmandatario se presentaría como parte de la fórmula presidencial opositora, porque una reciente reforma de las reglas electorales establece que los candidatos elegidos por sus fuerzas políticas en las elecciones primarias deben aceptar sus candidaturas de manera presencial en el país.

Correa, quien tras terminar su mandato en 2017 se mudó con su familia a Bélgica, país del que es oriunda su esposa, fue condenado en segunda instancia en julio pasado a una pena de ocho años de cárcel por un caso de corrupción durante sus gobiernos.

Arauz, quien ayer se incorporó también al Grupo de Puebla, ocupó varios cargos del gabinete económico de Correa, además de haber sido su ministro de Cultura y director del Banco Central durante parte de su mandato.

Con el binomio del frente UNES -una coalición de dos partidos y varios movimientos sociales que sumó al correísmo luego de la ruptura con el actual presidente Lenin Moreno y el actual oficialismo-, ya suman 11 las candidaturas para la Presidencia en las elecciones de febrero próximo.

Con la derecha dividida, tras el derrumbe de popularidad del Gobierno de Lenin Moreno, con una oposición también fragmentada y con el país sumido en una crisis económica y sanitaria por la pandemia, el correísmo se presenta como la principal minoría del país con una intención de voto del 31,4%, según la última encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), publicado a principio de mes.

Sin embargo, Correa podría estar impedido ya que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador​ ratificó en julio la condena de ocho años de prisión por un delito de cohecho y a pagar una indemnización como “autor” del mismo al expresidente, imputado por el caso “Sobornos 2012-2016”.

Tras dos semanas de deliberación, la Corte respaldó la sentencia emitida en primera instancia contra el exmandatario y la mayoría de los 18 condenados en el expediente.

“El tribunal desecha recursos de apelación de la mayoría de sentenciados, ratifica la pena por cohecho para 18 -incluido Rafael Correa- y modifica la sentencia para dos”, informó la Fiscalía General del Estado en redes sociales.

También se establecieron “parámetros proporcionales” de compensación al Estado por los daños causados, de forma que los autores estén obligados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno y los cómplices 368.632 dólares.

La sentencia por corrupción no ha sorprendido al exmandatario ecuatoriano, que desde 2017 vive en Bélgica (país de origen de su esposa Anne Malherbe Gosseline) y es requerido por la Justicia de su país.

Al ex presidente Correa, al ex vicepresidente Jorge Glas y a 18 personas más que fueron condenadas por cohecho en el caso Sobornos solo les queda el recurso de casación, antes que la condena se implemente.

A través de esta figura, los procesados quieren dejar sin efecto la condena de ocho años fijados en el proceso penal. Este 17 de agosto del 2020, el penalista Mauricio Pacheco explicó al diario El Comercio de Quito que que el Tribunal designado para analizar la casación debe examinar si se cometieron errores al dictar la sentencia.

Los magistrados pueden ver si se aplicó de forma indebida la ley y si se interpretó incorrectamente una norma. En esta etapa, los jueces solo revisarán el aspecto legal del fallo pero no el hecho mismo ni las pruebas. (Clarín)

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