(Por Rubén Lasagno) – La malparida llamada Ley de Reforma Judicial, un engendro leguleyo de baja calidad conceptual y evidente destrucción del aparato judicial federal, para adaptarlo y manipularlo a gusto del gobierno a fin de encubrir, bajar y anular las causas por corrupción de la familia Kirchner y sus cómplices, tuvo un nuevo capítulo al ingresar al senado el 20 de agosto y lograr dictamen con 19 firmas del Frente para la Victoria, momento que aprovechó el kirchnerismo para ingresar a través de Oscar Parrilli una cláusula en contra de los medios de comunicación.
Tal como consta en el documento que OPI publica al pie, en el Artículo 72, inciso E, se incluyó a último momento la que se dio en llamar “La cláusula Parrilli” la cual expresa “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
De esta manera un juez que se “sienta presionado por un medio de comunicación” que hable de alguna causa, un periodista que opine o informe, podrá ser interpretado como “grupos de presión” sobre la justicia y sancionado o encarcelado, en una clara conformación de reforma fascista para terminar con el periodismo crítico y de investigación.
Todo esto, el kirchnerismo, a instancias de la vicepresidente Cristina Fernández en el senado y de Sergio Massaen Diputados se lleva a cabo a través de sesiones remotas, donde “se caen” las conexiones, la jefa de la banda desconecta a senadores y los diputados tienen sesiones sumamente trabadas que no permiten el debate. Todo tendiente a complejizar la cosa, a fin de que la oposición no tenga voz y se pueda convalidar la trampa de un proyecto fascista, donde “Soy yo, pelotudo” Parrilli, es el “cerebro” que creó el quinto poder: “el poder mediático” cercenando en los medios una función de contralor, atacando la libertad de prensa e impulsando a la autocensura. Un típico procedimiento fascista, similar a los albores del chavismo, el castrismo y regímenes despóticos similares.
Sin embargo, los márgenes difusos de esa antidemocrcática “cláusula Parrilli” deja en el aire la amenaza de convertirse en “Grupo de presión”, a sindicatos, grupos empresarios, partidos políticos o cualquier persona que se transforme “en una amenaza” para jueces o causas transitando por juzgados o Tribunales.
De esta manera, además de vulnerar la propia Constitución, se pone a los jueces como sujetos que son influenciables, manejables y presionables, lo cual, claramente es una contradicción. Cualquier persona que tenga estas “flaquedades” no puede ejercer la magistratura y debe ser removido por incapaz. Y aún resulta más insólito, el hecho de que en la actualidad cualquier juez puede iniciar una acción penal contra un periodista, sindicalista o político, que lo haya injuriado en su buen nombre y honor.
Pero para el Frente Para la Victoria el tema no pasa por allí. Lo que busca el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner es armar un frente de ataque para anular la crítica de los medios de comunicación y poder, en los próximos tres años y medio que le quedan de mandato, silenciar las investigaciones sobre la corrupción institucional y anular las denuncias. Lamentablemente, para ellos, las nuevas tecnologías van varios pasos delante de descerebrados como Parrilli y corruptos con poder, quienes hoy vienen por todo y uno de los embates más fuertes es sobre la justicia. Ellos saben que sin justicia o con una justicia adicta, sus delitos están a salvo y si a eso le agregan la falta de difusión de las causas y se anulan las críticas, estarán a salvo.
Las prácticas fascistas del gobierno de Alberto y Cristina, se consilidaron en los últimos días, cuando se dedicaron a tomar las patentes de los ruralistas y los automóviles urbanos, en la 9 de Julio, para armarles causas por vulnerar el decreto de la cuarentena, “que el propio Presidente dijo que ya no existía”.
Sin embargo la realidad no siempre les ha dado la razón y este caso, no parece ser la excepción. El descontento popular y la bronca del 70% de la gente es manifiesta y quienes acompañen estos dislates desesperados de impunidad, serán los responsables que mañana conformarán los cuadros donde se diga qué senador y qué diputado levantó la mano en contra de la democracia argentina.
Por el momento y para comenzar, reconozcamos a los que dieron vía libre en el senado para convalidar este proyecto neo-fascista del kirchnerismo que comenzó a rodar con destino a la Cámara de Diputados:
Firman en las comisiones de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli (Neuquén), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) Claudia Ledesma Adbala, Gerardo Montenegro y José Neder (Santiago del Estero), Carlos Espínola y Ana Almirón (Corrientes), Sergio Leavy (Salta), Daniel Lovera (La Pampa), Silvia Sapag (Neuquén), Mariano Recalde (Porteño), Antonio Rodas (Chaco), Dalmacio Mera (Catamarca), Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y por parte de Chubut Nancy González y Juan País.
Todos ellos son los padres de este engendro fascista que se echó a rodar en el Congreso y que solo la oposición, los legisladores democráticos que hay en el Congreso sea cual sea su extracción, la gente en las calles y los medios de comunicación libres, podrán parar antes de que sea tarde. (Agencia OPI Santa Cruz)
Mas comedores infantiles, no?
Al kirchnerismo no se le cae una sola idea que beneficie a la gente.
que pobre diablo resulto ser este tipo va a pasar sin pena ni gloria peor que macri. hace todo lo que dice esta mujer que ya nadie lo soporta