Cristina Kirchner: “La verdadera reforma judicial no es la que vamos a debatir este jueves”

La vicepresidenta se refirió por primera vez y en tono enigmático al proyecto impulsado por su propio Gobierno. Además, volvió a apuntar contra Mauricio Macri.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez al proyecto de Reforma Judicial del Gobierno y, con tono enigmático, afirmó que “la verdadera reforma judicial no es la que vamos a debatir este jueves” en el Senado.

“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, dijo. Y le envió un mensaje a la oposición para que debata el dictamen de la mayoria de los Senadores K que se debatirá el jueves en el plenario del Senado. La “deuda” se referiría a la ampliación de la Corte y otros cambios que impulsa la vicepresidenta y no están en el proyecto de ley.

“La primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”, sostuvo.

Los senadores de Juntos por el Cambio no votaron ningún dictamen la semana pasada como protesta por la revisión del traslado de dos camaristas que confirmaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos de las Coimas, el intento del desplazar -también irregularmente- al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, entre otras maniobras K. Además, el frente de Juntos por el Cambio adelantó que no dará quórum para el debate en la cámara de Diputados.

Además, Cristina logró que el presidente Alberto Fernández pusiera en marcha la llamada “Comisión Beraldi” -por el nombre del abogado de la vicepresidenta- que deberá opinar sobre el funcionamiento y eventual aumento de los números de los miembros de la Corte. Para Juntos por el Cambio, todas estás medidas buscan la impunidad de Cristina, sus hijos y Cristóbal López en las causas en que están procesados.

“El único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional. En tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos, es muy bueno recordarlo”, añadió Cristina. El proyecto del gobierno fue modificado por la mayoría K del Senado que controla Cristina la que le agregó la creación de casi 300 cargos de jueces y fiscales en las provincias y la “cláusula Parrilli” para tratar de criminalizar a los periodistas que investiguen o critique a los jueces.

En un extenso posteo en su blog personal, la ex mandataria afirmó que la iniciativa impulsada por el Gobierno es titulada “erróneamente como reforma judicial”, y remarcó que en “los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”.

“La primera, fue la que envié al Congreso siendo Presidenta en 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”, agregó en alusión al proyecto de democratización de la Justicia que buscó cambiar la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que propone y destituye jueces- a través del voto popular que la Corte declaró inconstitucional. El máximo tribunal también rechazó la ley de subrogancias o jueces suplentes con la cual los K quería nombrar jueces amigos en puestos clave mientras se sustancia el concurso para nombrar titulares.

“La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia”, afirmó.

Según Cristina, esa “reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”, en alusión a las condenas de su ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y sobre todo a las prisiones preventivas de sus ex funcionarios procesados en causas de corrupción.

“A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales”, dijo en otra referencia implícita a los dueños del grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa, acusados por la Justicia por un fraude fiscal de más de 8 mil millones de pesos contra la AFIP.

Siempre de acuerdo a la actual vice, en el Gobierno anterior se “creó una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py”.

“Esa ‘mesa judicial’ fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional”, dijo en una reafirmación de su teoría del lawfare.

Además, dijo que “se incorporó la llamada ‘Doctrina Irurzun’ (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privándolos de su libertad en forma ilegal”.

También señaló que “comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces”, en referencia a los diez traslados que el Gobierno logró que la mayoría K de la Magistratura ordenara revisar, entre ellos los de los camaristas Pablo Bruglia y Leopoldo Bertuzzi, pese a un aval de la propia Corte.

Por último, aseguró que se “convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores. Para ellos se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno”. En este párrafo aludió a la causa del supuesto espionaje ilegal macrista que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y a la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio denunciada ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a través de una maniobra de fórum shopping del Operativo Puf. (Clarín)