Por: Esteban Lafuente
La crisis derivada de la pandemia del coronavirus y la cuarentena acentuó los problemas que la economía ya arrastraba. En problemas desde abril de 2018, registrará en 2020 su tercer año consecutivo de caída del PBI, con incremento en el nivel de desempleo y profundización del déficit fiscal, por la caída en la recaudación y el incremento en el gasto, entre otras cosas, para mitigar los efectos de la Covid-19. En este contexto, el debate es qué variables condicionarán la recuperación.
Según Marina Dal Poggetto, directora del estudio Eco Go, la dinámica que muestren los números del sector público y las señales fiscales del Gobierno hacia 2021, que se plasmarán en el proyecto de Presupuesto, serán clave. “Hoy tenés un agujero fiscal financiado con emisión, y lo que necesitás es estabilizar, y si esa señal fiscal no aparece es difícil pensar en que la brecha cambiaria esté en un techo y que la economía argentina pueda reducir la nominalidad”, dijo.
Según sus proyecciones, este año cerrará con un déficit fiscal de alrededor del 8% del PBI, y para 2021 no se podría aspirar al equilibrio. “Entre un déficit de 2% del PBI y algo parecido al de 2020 hay toda un abanico de grises donde empieza a definir la política. El dato del Presupuesto es cómo el Gobierno va a armar la historia del año que viene, y de cuál va a ser el financiamiento monetario necesario. Y por primera vez va a ser una señal política de cómo se usa, si es para estabilizar o para construir retórica”, agregó, en su presentación en el congreso anual del IAEF.
Con respecto a 2020, destacó que el desequilibrio en las cuentas públicas, que se había profundizado en el período más agudo de caída en el nivel de actividad y cuarentena, se redujo en los últimos meses. “En julio el rojo fiscal fue de $155.000 millones, $100.000 millones menos que en abril, mayo y junio. El gasto creció 59%, contra 100% de abril y mayo, con algunos rubros como las jubilaciones que están 8 puntos por debajo de la inflación. El Gobierno toma decisiones fiscalistas de corto plazo, aunque intenta decir que no se hace. Hay un manejo más prudente, el tema es ver si eso es tomar carrera para un año electoral o si realmente sabe que la expansión fiscal, partiendo de los niveles donde estaba, no es viable y genera un encontronazo”, apuntó la economista.
Por su parte, Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), coincidió en que este año el déficit rondará entre el 6% y el 8% del PBI, y advirtió que hay factores condicionados por la pandemia que determinarán su dinámica hacia 2021. “El punto es ver en qué nivel va a quedar el gasto público y la recaudación post pandemia, asociado a cómo evolucione la cuestión de la vacuna y el funcionamiento de la economía. En lo que va del año, prácticamente todo el financiamiento del déficit se financió con emisión del Banco Central”, dijo.
“Por eso, hay que ver cómo seguimos de acá a fin de año, y cómo se sigue recuperando la recaudación y se acomodan los gastos. Hay muchas cuestiones abiertas, porque también se dan transferencias no automáticas a las provincias, el futuro de la ley de movilidad jubilatoria o la política de subsidios, que está en niveles de 2,7% del PBI. El grado de consistencia fiscal monetaria del proyecto de Presupuesto 2021 es vital”, agregó el especialista, sobre las planillas que el Ejecutivo debe llevar al Congreso antes del 15 de septiembre.
En ese escenario, Dal Poggetto dijo que el Gobierno está ante un escenario con posibilidades de estabilización, que implica menor presión sobre el tipo de cambio y un freno a las expectativas de devaluación e inflación. “El rebote de la economía el año que viene va a estar dado, y puede ser abortado si terminás en una dinámica inflacionaria perversa frente a un salto cambiario no controlado”, sostuvo.
“A diferencia de 2015, hoy tenés salarios en dólares más bajos, tarifas que se están atrasando pero desde un nivel mucho más razonable que a fin del último mandato de Cristina Kirchner y un tipo de cambio alto. Tenés margen para reducir la dinámica inflacionaria que es condición necesaria para crecer”, insistió la economista, en referencia a la necesidad de dar señales fiscales por parte del Gobierno.
En ese sentido, además, destacó como señal positiva que la emisión por parte del Banco Central para asistir al Tesoro, que en mayo se ubicó en $450.000 millones, cayó en agosto a $40.000 millones. Al mismo tiempo, se recupera la recaudación fiscal por la recuperación económica y el Tesoro puede captar fondos en el mercado financiero.
Por su parte, Argañaraz se refirió a la estructura tributaria argentina, alertó sobre la evasión y planteó que el fisco debería orientar su reforma hacia la simplificación del sistema y a ampliar la base imponible. “La evidencia de la economía, estancada desde hace 10 años, es que la recaudación ya no reacciona a subas de alícuotas o creación de nuevos impuestos como se prevé”, sostuvo, al tiempo que criticó la suspensión del pacto fiscal firmado entre la Nación y las provincias en 2017.
“Hoy tenemos 163 impuestos, y entre 9 y 11 impuestos aportan el 90% de la recaudación. Eso genera un costo administrativo para el sector privado, para funcionar con todo el resto, y un costo de fiscalización para todos. Hay mucho por hacer y no se puede discutir lo tributario de forma diferente al gasto público. Y hace falta consenso político y un acuerdo que permita encarar algo y que se sostenga por más de 10 años”, dijo.
Por otra parte, se refirió a la evasión y la informalidad laboral como un problema que debe ser atendido por el Gobierno. “Hoy tenemos cinco millones de empleados en negro, y eso implica dejar de recaudar 2 puntos del PBI. Además, eso crea competencia desleal cada vez más significativa para las empresas que trabajan en la formalidad. Hay que analizar si vamos a seguir subiendo alícuotas o vamos a usar herramientas para bajar la evasión y pensar cómo ampliamos la base imponible de impuestos”, insistió.
A su vez, se refirió a la posible creación de un impuesto a la riqueza y planteó que el problema sería que se pierda su carácter excepcional y transitorio asociado a la pandemia de coronavirus. “Si se hace, tiene que ser algo muy concreto. Son cuestiones que se pueden discutir. Pueden tener viabilidad concreta si se hace por un año, pero la Argentina tiene una larga tradición de impuestos en emergencia que se tornan permanentes”, sostuvo.
Por último, se refirió al valor del dólar y la demanda que empuja la brecha con los tipos de cambio paralelos. “Es cierto que el arreglo por la deuda debería ayudar a descomprimir esa presión, porque despeja el nivel de vencimientos hasta 2024 y cae el riesgo de default. El otro tema es qué pasa con la tasa en moneda local, en este escenario con una enorme cantidad de pesos dando vueltas en la economía. Hacen falta definiciones del BCRA y de Hacienda de dónde fijan esa tasa interés, y de cuántos pesos más va a haber el año que viene”, sostuvo.
“Con la brecha cambiaria en estos niveles, no es sostenible porque el Banco Central pierde reservas aún con superávit en las cuentas externas: los exportadores frenan sus ventas, los importadores quieren comprar todo lo que puedan porque es más eficiente importar un producto terminado a $70”, dijo.
“En términos relativos, el tipo de cambio no está mal. El salario en dólares en Argentina es bajo y ya ajustaste la distribución del ingreso, pero la presión cambiaria sigue y no hay margen de que eso sea estable. El Banco Central tiene reservas netas de US$6300 millones y tiene espacio, pero no para perder US$1000 millones al mes. Si la señal fiscal de que la emisión monetaria no es infinita, es difícil pensar que esa brecha tenga techo en el corto plazo”, concluyó. (La Nación)
