Río Gallegos comienza un nuevo mes sin transporte público de pasajeros

Siguen pasando los días, las semanas y los meses y la capital de la provincia de Santa Cruz sigue sin transporte público de pasajeros.

La intervención judicial no alcanzó para reactivar un servicio esencial en una ciudad que ronda los 130 mil habitantes y, hasta el momento, ninguna autoridad intervino decididamente, para garantizar su retorno.

Históricamente fue un problema el colectivo en Río Gallegos; han pasado empresas y el servicio ha ido de mal en peor, como también, la relación entre las concesionarias y las distintas gestiones a cargo de la intendencia de ésta capital.

Cuando llegó el intendente Pablo Grasso a la Comuna, en diciembre de 2019, los inconvenientes estaban instalados y las quejas de los usuarios no cesaban. El nuevo Jefe Comunal heredó a Maxia SRL tras la gestión de Roberto Giubetich y la relación con la empresa se tensó cada vez más. Fueron varias las semanas sin transporte público y cuando retornó, nunca fue en las mejores condiciones. Acusaciones de un lado y del otro por incumplimientos que termina padeciendo el usuario, cuestión que no ha cambiado o, se podría decir, empeoró ostensiblemente.

En esta puja se sumó el poder judicial con el accionar del doctor Marcelo Bersanelli, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos, que en el inicio del mes de julio pasado determinó que el Municipio sea depositario judicial, motivo por el cual todos los colectivos como así también las instalaciones de la empresa pasaban a la órbita de la Comuna. El objetivo, restablecer de inmediato la prestación del transporte urbano. A dos meses de esa decisión judicial, nada ha cambiado.

Por ello este jueves, integrantes de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Santa Cruz, llegaron con sus bombos y redoblantes, banderas y bombas de estruendo a las puertas del Palacio municipal. Cortaron avenida San Martín y Alfonsín, donde se emplaza la Municipalidad para manifestar su descontento por la falta de pago de sus salarios y para reclamar por la reactivación.

Rubén Aguilera, secretario general de UTA Santa Cruz dijo en el lugar que exigen el pago de salarios y protestaron por la falta de respeto a los usuarios y los trabajadores por la falta del servicio.

“No se cumple lo dictaminado por el juez que determinó que la Municipalidad de Río Gallegos se debía hacer cargo de los salarios y las cargas sociales: aportes jubilatorios, obra social, no cuentan con las asignaciones familiares”; dijo el gremialista, quien aseguró que “Provincia y Municipio retienen los subsidios que vienen que es parte del salario de los compañeros”. Y detalló que a las 60 familias que están en relación de dependencia con el transporte urbano les adeudan el mes de julio, ya tienen que estar cobrando agosto, pero no vemos hechos y de promesas ya estamos cansados”.

Ante la pregunta de qué es lo que traba la solución del problema, Aguilera dijo: “hoy no sé si pasa por lo político o lo judicial, pero debe resolverse en una mesa de negociación porque esto perjudica a los trabajadores y también a los usuarios”.

Para finalizar, el titular de UTA admitió su desilusión ante un gobierno municipal de signo justicialista que no se preocupa por la justicia social ni por los trabajadores y sus familias”, dijo en alusión a la Gestión del intendente Grasso. (Agencia OPI Santa Cruz)