Por: Candela Ini
El juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez y una veintena de acusados conocido como “la ruta del dinero K” se acerca al tramo final. En la etapa previa al veredicto, las defensas de Báez y de Leonardo Fariña dejaron expuesto, una vez más, un duro cruce. En esta causa, casi como en ninguna otra, las acusaciones cruzadas entre los letrados fueron una constante.
Los actuales defensores de Báez -Elizabeth Gasaro y Juan Villanueva- fueron los primeros en exponer su alegato en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°4. Uno de los puntos centrales de esta defensa fue apuntar contra los medios de comunicación y contra el papel de Fariña como arrepentido, al que Villanueva calificó como un “mentiroso compulsivo”. Su objetivo es debilitar su testimonio para favorecer a Báez.
Después de ellos siguió la abogada Tatiana Terzano, defensora del contador Daniel Pérez Gadín -a quien se vio contando millones de dólares con Martín Báez en la financiera SGI-, quien también apuntó contra Fariña.
En la última audiencia expuso el abogado de Fariña, Mariano Di Giussepe, que dio una dura contestación a lo que habían dicho las defensas de Báez y Pérez Gadín. En más de una oportunidad estos abogados se acusaron mutuamente de estar relacionados con los servicios de inteligencia.
“Esas son cosas que si pasan, pasan por fuera del expediente”, dijo un funcionario judicial sobre estas acusaciones ante la consulta de LA NACION.
La defensa de Fariña contestó que quienes lo defendían cuando declaró como arrepentido lo asesoraron para declarar y luego dejaron de hacerlo para pasar a representar a Báez. Y recordó que el empresario cambió siete veces de abogados a lo largo del proceso.
La semana pasada no fue tranquila ni para el TOF 4, que organizó dos operativos para que Báez saliera de la cárcel -uno de ellos, frustrado- mientras seguía adelante con el juicio.
Los primeros abogados de Báez fueron, allá por 2013, Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo . Luego Báez contrató al exjuez Rafael Sal Lari, y después pasó a ser patrocinado por la defensora oficial Perla Martínez hasta que contrató a Maximiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido y, en ese entonces, de Diego Lagomarsino, involucrado en la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Rusconi renunció después de varios pedidos rechazados por la Justicia para excarcelar a Báez, y entonces fueron designados Víctor Hortel y Esteban Balián, hasta que Báez nombró oficialmente a Elizabeth Gasaro.
Pero los abogados de Fariña, Herrera, Baldini y Di Giusseppe, también defienden a otro “tándem” del juicio: están a cargo de los frentes de Leandro y Melina Báez, los dos hijos que mantienen distancia de Lázaro. De sus cuatro hijos, Leandro es el que más alto perfil mantiene. Incluso en su indagatoria declaró estar “despegado” de su padre, y públicamente admitió, en las últimas semanas, diferencias con la forma en que manejó los negocios. “Lázaro decidió tener un grupo de abogados que a mí no me gusta”, dijo Leandro.
Dentro de esta órbita, Herrera representa además a Norma Calismonte, la exesposa de Lázaro Báez, en la división de bienes. Ella le reclama la mitad de los bienes.
“El único interés es la plata de Báez, están todos peleándose por eso. No sé quiénes están detrás de los abogados”, dijo a LA NACION una fuente con profundo conocimiento de este expediente y que prestó atención a los cambios que hubo en el frente de defensa de Báez.
Sus hijos también cambiaron la estrategia de defensa. Antes de contratar al estudio de Herrera y Baldini, en 2016 Leandro Báez era representado por Santiago Viola, que recusó al juez Sebastián Casanello por una falsa versión de que había visitado a Cristina Kirchner en Olivos. Tanto Viola como los dos testigos falsos y el exfuncionario de la AFI y fiscal Eduardo Miragaya terminaron bajo la lupa judicial.
La red de abogados que interviene en “la ruta del dinero K” coincidió en otras causas. El “caso D’Alessio”, tramitado en los tribunales federales de Dolores, donde se investiga una presunta red de espionaje y extorsión, es uno de ellos. La abogada de Pérez Gadín, Tatiana Terzano, también intervino en Dolores, cuando defendió al exespía Rolando Barreiro.
En su indagatoria durante este juicio, en noviembre del año pasado, Báez dijo que el gobierno de Mauricio Macri lo había presionado para que declarara contra Cristina Kirchner. La defensa del empresario puso su foco en señalar un supuesto acuerdo entre Fariña y el gobierno de Macri para que este se arrepintiera y declarara tanto en contra de Báez como también contra Cristina Kirchner. Allí surgieron, en Dolores, los nombres de los abogados Giselle Robles y Franco Bindi.
Robles, que integró el equipo de abogados de Báez, había representado a Fariña junto con Bindi cuando este declaró como arrepentido ante el juez Casanello. Y Bindi, que en la causa de Dolores representaba al denunciante Pedro Etchebest, integró junto con Gasaro la defensa de Lázaro Báez. En Dolores también pidió ser querellante el exabogado de Báez Víctor Hortel, recientemente designado por el Gobierno funcionario del ente que tiene a su cargo el Plan Nacional Argentina contra el Hambre. (La Nación)
