El fiscal de Resistencia solicitó a la jueza Niremperger cerrar la instrucción contra el ex secretario general y de Comercio de la gobernación de Domingo Peppo. Están acusados de maniobras millonarias.
El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio de 28 personas acusadas de formar una banda dedicada al lavado de activos durante la gestión del ex gobernador peronista del Chaco Domingo Peppo. Entre los imputados están los ex funcionarios públicos Roberto Lugo y Horacio Rey. En la causa interviene la jueza federal Zunilda Niremperger, cuyo traslado también objeta el kirchnerismo.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los imputados conformaron una organización ilícita que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco y creó “una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas”.
Según la presentación, esas ganancias fueron destinadas, mediante complejas maniobras, a la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones y pago de servicios, además de la capitalización de empresas. Esto generó incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados como en las personas físicas y jurídicas investigadas, lo que no resultaba compatible con la capacidad económica e ingresos lícitos que registraban.
Para el fiscal federal, el ex secretario general de la Gobernación Horacio Rey y el ex secretario de Comercio de la provincia y exdirigente de la Cámara de Comercio de Resistencia Roberto Lugo utilizaron su jerarquía e influencia como “funcionarios públicos” de alto rango. Explicó que habrían desempeñado un rol determinante en la materialización de los “delitos precedentes” al lavado de activo -una investigación que se sigue en el fuero ordinario provincial- y pergeñaron la estructura “funcional y mecánica utilizada para volcar posteriormente el producido de la actividad ilícita, logrando el reciclaje del dinero, con la finalidad de otorgarle una apariencia lícita”.
Según la fiscalía, las ganancias ilícitas fueron destinadas a la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones y pago de servicios, además de la capitalización de empresas Tanto Lugo como Rey fueron considerados supuestos autores del delito de lavado de activos, agravado por ser miembros de una banda, por su habitualidad y por haberse aprovechado de su rol de funcionarios. En esa misma categoría, el fiscal incluyó a Gustavo Katavich, un ex coordinador del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial, de donde se desvió parte del dinero involucrado en la maniobra. Además, consideró al cuñado de Rey como parte de este grupo.
Sobre el resto de los implicados, a algunos los consideró como autores por el rol que tenían dentro de la empresa delictiva, como por ejemplo la esposa de Lugo; el ex coordinador del Programa K “Argentina Trabaja”, su esposa y otros tres involucrados. Por otra parte, a seis de ellos los marcó como partícipes necesarios y a otros doce como partícipes secundarios de la maniobra.
Lugo ocupó distintos cargos dentro de la estructura de gobierno de la provincia entre diciembre de 2011 y marzo de 2018. Para el fiscal, utilizó su influencia como funcionario para facilitar la contratación y negociados por altas sumas de dinero como proveedores del estado de la provincia del Chaco a personas de su confianza y familiares, a través de múltiples empresas. Ese esquema societario se habría utilizado después para la aplicación de los retornos y fondos obtenidos ilícitamente: hay registros tanto de un incremento patrimonial de Lugo como de los socios y testaferros del funcionario.
“Podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo, capitalización y operaciones de diversa naturaleza entre las razones sociales que conforman un entramado societario bajo el manejo económico y funcional del imputado de mención”, señaló la fiscalía federal.
Dentro del requerimiento de elevación a juicio están enumerados los vehículos adquiridos por Lugo, sus movimientos migratorios y una importante cantidad de inmuebles a su nombre, cuyos valores exceden los ingresos lícitos que tenía registrados. “La disponibilidad del dinero utilizado en las operaciones de adquisición de los inmuebles mencionados, no encuentra justificación posible en el marco de los ingresos lícitos percibidos por el Sr. Lugo conforme surge del análisis de su perfil fiscal y económico al momento de los hechos, por lo que es dable sostener, conforme el plexo probatorio reunido y las circunstancias objetivas analizadas a lo largo del presente, que se aplicaron en dichas operaciones dineros provenientes de los hechos de corrupción antecedentes, configurándose conductas típicas del lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Sabadini.
Rey, por su parte, estuvo dentro del Poder Legislativo y luego tuvo varios cargos en la estructura de gobierno de la provincia de Chaco. Cuando tuvo el manejo de la Secretaría General de Gobierno y Coordinación de la Provincia del Chaco, fue autoridad de aplicación del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) a través de Fiduciaria del Norte S.A. Esto le permitió tener “un manejo discrecional para efectuar contrataciones directas con distintas sociedades beneficiadas, como así también, disponer los montos y modalidad de pago a las mismas”.
Con ese fin, se creó un sistema informático para la administración y gestión llamado FAPPO GESTIÓN que funcionaba de manera paralela al sistema anterior. De acuerdo al requerimiento, este nuevo mecanismo fue ideado y administrado por uno de los imputados, quién cumplió también un rol central en la organización ilícita y era la mano derecha de Rey.
Para la fiscalía, a través del manejo del Fideicomiso de administración de publicidad oficial y mencionado sistema de gestión, Rey implementó “un esquema ilícito a gran escala para la concreción de reiterados hechos defraudatorios y posterior retorno ilícito”, además de la aplicación de dinero proveniente del erario público con la participación de las fundaciones y sociedades creadas a ese efecto. (Clarín)
