(Por: Mario Bermejo para OPI TdF) – Ampliar la Corte en medio de la peor crisis social y laboral de la corta historia fueguina, hacer un concurso sin exámenes técnicos y pretender democratizar el Poder Judicial a través de un organismo que en su Ley de funcionamiento dice que sus sesiones son reservadas, además, intentar cumplir la Ley Micaela con un Consejo de la Magistratura solo integrado por hombres, son hechos que están ocurriendo en el ámbito político de nuestra provincia.
El proyecto de armar una nueva Corte no es un hecho aislado. Mientras la Legislatura se apresta a aprobarlo por unanimidad, el gobernador Melella está imputado desde hace casi dos años en una causa en donde se lo investiga por el presunto delito de ¨Abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder”, según requirió el Fiscal a cargo de la instrucción.
A ello se le suma que el juez de la causa, Raúl Sahade, sigue sin tratar el pedido de recusación presentado en su contra, a pesar de que la Cámara de Apelaciones le ordenó al magistrado que se expida sobre el pedido de apartarse de la causa.
El abogado de los tres obreros de la construcción que denunciaron al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, por presunto “abuso sexual coactivo” cuando era intendente de Río Grande, reclamó que el juez Raúl Sahade tiene “planchada” la causa desde hace casi un año, desde que el mandatario ganó las elecciones.
Francisco “Paco” Giménez denunció que el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Grande sigue sin resolver su pedido de recusación por “falta de imparcialidad” contra este magistrado, presentado en marzo del 2019. El Código Procesal de la provincia establece un plazo de 48 horas para hacerlo, y la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego le ordenó hacerlo el 20 de septiembre pasado.
“El juez tiene la causa cajoneada desde hace 9 meses, desatendiendo lo que dijo la Cámara. Recién cuando fui la semana pasada al Juzgado, decidió notificar a las partes de la resolución de la Cámara que le ordenaba expedirse sobre mi pedido de recusación”, advirtió Giménez.
“El expediente está planchado porque Melella está en el gobierno. Si hubiera sido un don nadie, el juez ya le hubiera allanado la casa y secuestrado su celular, porque es lo primero que se hace cuando hay una denuncia de abuso. Y acá nunca ocurrió. Es un escándalo”, se quejó el abogado fueguino. “En otra denuncia similar que llegó a mi estudio, en la que el acusado es un vecino común y que investiga (Pablo) Candela, el primer fiscal de la causa y hoy juez, le allanó la casa y le secuestró las computadoras y el celular como no hizo en su momento con el hoy gobernador”, se quejó.
Según Giménez, “el objetivo es no mover la causa para que pase el tiempo y no tratar la recusación. Tener esa causa bajo su investigación es tener poder sobre Melella”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
