Darío Nieto reclamó que sean destruidos los registros obtenidos de su teléfono y que se lo devuelvan en forma inmediata, por irregularidades en las pericias. Los fiscales sostienen que el secretario de Macri era parte de la asociación ilícita.
Por: Alejandro Alfie
El secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, pidió la nulidad de las pericias a su teléfono celular, que sean destruidos los registros obtenidos y que le devuelvan el aparato en forma inmediata, en la causa por espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a 24 políticos, periodistas y gremialistas durante la gestión macrista.
Su abogado Gervasio Caviglione Fraga presentó un escrito en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Pablo Augé, en el que aseguró que se rompió la cadena de custodia y se modificaron los datos originales del celular, además de presentarse para las pericias un disco rígido diferente al que se utilizó para extraer los datos del teléfono del secretario privado de Macri.
En su escrito, el abogado Caviglione Fraga sostuvo que no se les permitió participar de las dos primeras pericias que se hicieron sobre el teléfono celular de Nieto, que ambas pericias dieron diferentes resultados y que en la tercera pericia -donde sí pudieron participar- se pudo demostrar que “en la causa se violó la cadena de custodia del teléfono celular” y “más grave aún, se manipuló y fabricó evidencia para incriminar a mi asistido”, dijo el abogado defensor.
Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide plantearon en el pedido de indagatoria a Nieto que parte de la información de espionaje ilegal de la AFI era transmitida al secretario de Macri, a través de Susana Martinengo, la excoordinadora de Documentación Presidencial. Y remitieron a las declaraciones indagatorias realizadas previamente a Martinengo y a exespías de la AFI, así como a los hallazgos encontrados en los celulares de ambos exfuncionarios macristas.
En el pedido de indagatoria, los fiscales le imputaron a Nieto haber sido “jefe de Martinengo. Recibió de la nombrada al menos los informes vinculados a la comunidad Mapuche y a las manifestaciones vinculadas con el proyecto de ley de movilidad jubilatoria, convirtiéndose así en un canal subsidiario de la transmisión de la información producida en violación a la Ley de Inteligencia por los imputados Sáez y Araque, principalmente”, sostuvieron los fiscales Incardona y Eyherabide.
Más allá de las impugnaciones judiciales, fuentes cercanas a Nieto señalaron las diferencias entre el material que habría en los celulares del secretario y de la excoordinadora presidencial. “A Nieto le endilgan dos mensajes que supuestamente estaban en su block de notas, que eran para ver cómo se podía responder políticamente ante el avance de la causa”, dijeron a Clarín fuentes vinculadas al secretario de Macri. Y agregaron: “En cambio, a Martinengo le encontraron diálogos de Whatsapp con los espías, sobre espionaje ilegal, y encuentros con ellos en Casa Rosada. Eso de Martinengo hay que investigarlo”.
De este modo, el núcleo más cercano al expresidente intenta diferenciar el rol que tuvo Nieto, “que no tuvo nada que ver con el espionaje ilegal”, según ellos, del que cumplió la excoordinadora de Documentación Presidencial, “vinculada” con los exespías Leandro Araque y Jorge Sáez, “que hacían cuentapropismo e incluso querían sacarle plata” a algunos políticos espiados en forma ilegal, dijeron fuentes vinculadas a Macri.
Por ejemplo, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, fue uno de los dirigentes políticos que fue extorsionado por exagentes de la AFI, en el marco de estos hechos de espionaje ilegal que investiga la Justicia de Lomas de Zamora.
“El espionaje a políticos existió”, coinciden las fuentes consultadas por Clarín. “Lo que hay que resolver es si se investiga en Lomas de Zamora o en Comodoro Py, así como si esto fue algo organizado desde la conducción de la AFI o fueron cuentapropistas del espionaje ilegal”, dijo una fuente cercana a Juntos por el Cambio, con acceso al expediente judicial.
Darío Nieto es uno de los imputados que está citado a prestar declaración indagatoria en los últimos lugares de esta causa judicial, recién el próximo 6 de octubre, pocos días antes que los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Según los fiscales Incardona y Eyherabide, los 24 imputados en esta causa judicial “conformaron una asociación ilícita que funcionó y se desarrolló dentro de varios organismos del Estado Nacional y que tuvo múltiples finalidades ilícitas, principalmente la de desplegar operativos de espionaje ilegal”. Para los fiscales, los jefes de esa asociación ilícita serían Arribas, Majdalani, y los exdirectores de la AFI Alan Ruiz y Diego Dalmau Pereyra. (Clarín)
