La legislatura de Santa Cruz nuevamente tuvo idas y vueltas en el debate frente a la situación de la pandemia del COVID-19 que se vive en Santa Cruz. Lo más relevante fue “el chasco” que se llevaron los diputados del FPV no queriendo aprobar el ibuprofeno Inhalado porque la ANMAT no lo había aprobado y el Ministro de Salud de la provincia, desmintiéndolo.
Entre las iniciativas que se trataron en modo virtual, se aprobó este jueves la adhesión a la ley N° 27.548, denominada ley “Silvio” al Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia del COVID-19.
Para ello se unificaron las propuestas de los diputados Javier Pérez Gallart (Encuentro Ciudadano) y Carlos Santi (Frente de Todos – Puerto Deseado) que permitió avanzar en la adhesión a la ley nacional como un paso hacia a la protección del personal sanitario en momentos de un trabajo incansable que se vive en la ciudad de Río Gallegos que mantiene el status de transmisión comunitaria.
La ley nacional se denomina “Silvio” por Silvio Cufré, un enfermero que falleció en la provincia de Buenos Aires luego de haberse contagiado de COVID-19, y declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales”, durante la vigencia de la pandemia del COVID-19.
Allí se establece que habrá un programa de prevención del contagio del coronavirus que alcanza a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.
Además, se aplicará de manera obligatoria a “aquellos trabajadores y voluntarios que presten actividades y servicios esenciales durante la vigencia de la emergencia sanitaria”.
Entre las medidas que se deben tomar en cuenta para la atención de pacientes COVID-19 señala que “sean los trabajadores de menor edad quienes estén a cargo, de forma prioritaria, de la atención de casos sospechosos, toma de muestras, atención y tratamiento de pacientes de COVID-19”.
Desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia deberá implementar los protocolos necesarios para “garantizar medidas de bioseguridad en las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención y toma de muestras de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio”.
Pérez Gallart sostuvo que “es el cuidado a quienes están enfrentando la pandemia en primera línea y consideramos que es prioritario cuidarlos”.
También se aprobó un proyecto de resolución de la diputada Rocío García (Frente de Todos) para que la cartera sanitaria provincial establezca un protocolo de acompañamiento de pacientes “durante la internación, en sus últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento”.
Mientras que por impulso del diputado Daniel Roquel (UCR) se sancionó una resolución solicitando a la gobernadora Alicia Kirchner que “arbitre de manera urgente los medios necesarios para que el Gobierno Nacional envié a la provincia Médicos Terapistas y personal capacitado para atender áreas de cuidado intensivo” y se acondicionen las instalaciones del Hospital Militar de Río Gallegos para hacer frente a los incrementos de los casos de COVID-19.
Sin tratamiento
La mayoría del oficialismo no dio el visto bueno para que se trate sobre tablas un proyecto de resolución de la diputada Nadia Ricci (UCR) que pide al gobierno provincial firme un convenio con el Centro de Excelencia en Productos y Procesos – CEPROCOR- de Córdoba, quien desarrollo el ibuprofenato de sodio o “ibuprofeno inhalado” junto a la empresa Química Luar S.R.L.
La legisladora radical fundamentó su propuesta – que sólo es una petición al Ejecutivo – en que “hay una situación crítica y este método se está utilizando en provincias con excelentes resultados. Es una posibilidad para toda la gente que no puede estar sostenida con el sistema de salud, no hay camas de terapias intensivas en Río Gallegos”.
Sin embargo, reconoció que “no está aprobado por la ANMAT”, instituto que regula los medicamentos en nuestro país, pero “tiene muy buenos resultados y como uso compasivo ampliado, lo piden los médicos y lo pide la gente”, dado que se vieron expresiones en las redes sociales solicitando su aprobación.
EL 22 de setiembre, el CEPROCOR comunicó que hubo una transferencia de tecnología del ibuprofeno inhalado “en forma total y exclusiva a la Empresa Química Luar S.R.L., en el marco de los convenios de vinculación y servicios tecnológicos” y no fabrica ese producto ni lo comercializa.
Ahora será la empresa Luar quien “debe llevar adelante la gestión de los aspectos regulatorios ante las entidades responsables de cada país donde quiera comercializar el producto, incluido Argentina” aunque se encuentra “colaborando con otras provincias en el marco de la emergencia sanitaria”.
Los estudios sobre la aplicación de Ibuprofeno inhalado se encuentran en fase experimental – requerida antes de su comercialización- y es un “tratamiento compasivo de rescate” para atender las inflamaciones pulmonares que produce el COVID-19.
La diputada García aseguró que “lo estamos debatiendo en comisiones y desde la comisión de Salud enviamos nota a la ANMAT y al ministerio de Salud de la provincia para que se expida y evalúen si su utilización es posible o no. No vamos a negar la posibilidad de un tratamiento que pueda ser efectivo pero necesitamos las respuestas”.
Lo que la diputada García y los otros del FPV deconocían es que el Ministro de Salud de la provincia Dr Claudio García , dijo publicamemente que Ibuprofeno Inhalado, ya fue aprobado por la ANMAT, dejando a los diputados provinciales, no solo desactualizados en el conocimiento de las últimas novedades en materia sanitaria, sino como verdugos de la única posibilidad de ayuda que tienen los enfermos de Covid, lo cual los pone en un plano de insensibilidad con pocas situaciones comparables a lo largo de la historia de la Cámara.
Por mayoría de los legisladores no se trataron sobre tablas varios proyectos impulsados por el diputado Evaristo Ruiz quien pedía la apertura de establecimientos gastronómicos, estudios jurídicos, y gimnasios y clubes sociales en Río Gallegos en momentos donde continua el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Otros temas
En la sesión virtual se aprobó una ley que otorga facultades transitorias al Consejo Provincial Hidrocarburífero, que evalúa la situación del sector hidrocarburífero durante la emergencia que se declaró hasta el 31 de diciembre de 2020.
Por unanimidad sancionaron un proyecto de ley que presentó el diputado Pérez Gallart, que concede atribuciones transitorias al Consejo Provincial Hidrocarburífero para el seguimiento de las concesiones hidrocarburíferas.
Con esta norma, se le otorga al Consejo Hidrocarburífero, de manera temporal, las atribuciones que tiene la Comisión de Seguimiento de Acuerdos Hidrocarburíferos que prevé el artículo 20 de la ley N° 3.117.
La intención es que el Consejo Provincial cuente con mayores herramientas para analizar la crítica situación del sector hidrocarburífero en Santa Cruz.
Este instituto lo componen actualmente desde el Poder Ejecutivo – el Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Secretario de Estado de Ambiente y el Presidente del Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz (IESC)-, los intendentes de Caleta Olivia, Fernando Cotillo; de Río Gallegos, Pablo Grasso y, de Puerto Santa Cruz, Néstor González; el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga y los diputados Hernán Elorrieta, Miguel Farías, Matías Mazú y Pérez Gallart.
También se aprobó un proyecto de resolución de la diputada Ricci que expresa la preocupación y pesar por el fallecimiento de Daniel Alejandro Valle de Perito Moreno quien “luego de agonizar durante dos meses en terapia intensiva producto de lesiones de dudoso origen” motivaron la denuncia judicial de la familia para que se investigue quienes fueron los responsables de atacarlo en su vivienda y le produjeron las lesiones que le causaron la muerte.Por unanimidad los diputados pidieron que se avance en la investigación judicial y además que el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz brinde un informe detallado sobre los “hechos acontecidos y las actuaciones realizadas por la Comisaría de la localidad de Perito Moreno, como así también las investigaciones realizadas para esclarecer el hecho”. (Agencia OPI Santa Cruz)
Si el uso del Ibuprofeno inhalado hubiese sido propuesto por alguno del oficialismo, ya estaría aplicándose. Cuánta mezquindad tienen por Dios !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Estos diputeados del frente para la verguenza son unos terribles hijos de puta