La paralización del Poder Judicial de Santa Cruz es un tema que OPI viene desarrollando largamente en estos seis meses de pandemia, que han sido de interrupción también para la actividad de este Poder de Estado.
El Consejo de la Magistratura provincial, creado en el año 2000 mediante la Ley 2.552, tiene como función la selección vinculante por concursos públicos de temas de postulantes a las magistraturas inferiores. El Cuerpo, está integrado por siete miembros: uno por el Pueblo, uno por el Ejecutivo, uno por el Legislativo y uno por el Tribunal Superior de Justicia. Otro integrante en nombre de los abogados, un sexto por los magistrados y funcionarios y también el representante de los trabajadores judiciales. Y los mandatos de los consejeros tienen una duración de cuatro años.
Hasta hoy, el Consejo de la Magistratura sólo ha tenido dos reuniones en lo que va del año (una presencial y otra por videollamada) “y quedaron pendientes temas que desde el sector que represento había solicitado que se retomaran o que se trataran por primera vez”, dijo a OPI Viviana Carballo, representante de los trabajadores en ese Cuerpo.
Llamativamente, no se utilizó la vía remota o virtual, como sucede en muchos ámbitos, para poder tratar ciertos temas que esta modalidad habilitaría.
“Lamentablemente hasta hoy, Presidencia no ha respondido nuestro pedido de reunión por vía de alguna plataforma, tal como lo hacen muchos otros sectores para poder retomar el trabajo que hace meses está paralizado”.
Carballo explicó que no todos los procedimientos se pueden realizar ‘por internet’, pero lamentó que en las reuniones tampoco pudieron avanzar. “Aun cuando no seamos un servicio esencial, no podemos olvidar ni desconocer que la ciudadanía nos delegó una responsabilidad y nosotros tenemos que contribuir en pensar nuevas formas que se ‘agiornen’ a esta realidad para mejorar el sistema de selección y designación de jueces en la provincia”, manifestó.
En referencia a las cuestiones pendientes contó que tenían cuatro llamados a concurso: dos de Caleta Olivia, uno de Puerto Deseado y otro del recientemente creado Juzgado de Familia 3 de Río Gallegos. “Tuvimos que suspender las fechas de exámenes desde agosto hasta ahora y, seguramente, hasta el año próximo por la situación que atraviesa Río Gallegos, ya que esta ciudad es la sede donde se realizan los exámenes y entrevistas personales”.
Uno de los tópicos planteados en el que los representantes de los trabajadores judiciales han puesto el acento, es el referido a la implementación del sistema de anonimato o codificación de la identidad de los postulantes a jueces en los exámenes de oposición. “Es un sistema que está previsto en casi todos los reglamentos de concurso del país. Solamente en ocho no está, entre ellos Santa Cruz y consideramos que es muy importante para garantizar la neutralidad y la transparencia del proceso en el momento de corregir”.
También añadió en la misma línea, que era intención revisar “la forma en que se otorga la puntuación en los exámenes de oposición, tratando de ser lo más consistentes y ecuánimes”, lo que tampoco prosperó.
Y, como novedad, “este año incluimos el tema de la perspectiva y la paridad de género en el seno del Consejo de la Magistratura y también en la designación de jueces. Porque no solo la realidad lo demuestra, sino también los informes de la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta refleja que, históricamente, los cargos de mayor relevancia son ejercidos por hombres”.
Incluso mencionó Carballo a modo de ejemplo, que “todos los concursos, de 2013 al 2019, sólo por mencionar la jurisdicción de Río Gallegos, tuvieron designaciones masculinas y creemos muy importante que se incorpore la mirada distinta y complementaria de la mujer en espacios de decisión y de mayor jerarquía administrativa, política y judicial”.
La preocupación de los consejeros que son la voz de los trabajadores judiciales radica en el vencimiento de su mandato, que finaliza el 12 de diciembre y por las mismas razones de paralización impuesta por la actual situación sanitaria, tampoco se realizó aun el llamado a elecciones, que generalmente era en el mes de agosto. Pero no sólo ello, entienden que ciertos pasos se podrían haber dado, si hubiese existido voluntad política para llevarlo adelante. (Agencia OPI Santa Cruz)
Mmmm deja, para las Juezas y funcionarias del Poder judicial que hay en Santa Cruz, creo que es mejor que sigan designándose hombres. La gran mayoria deja mucho que desear, voy a dejar de lado a una minoria ejemplar solo a los fines de no generalizar y porque no les conozco un muerto, todavia. Que mirada de genero?? las que tenemos no se fijan en su propio genero y no solo hay que parecer, también ser!!!!. Cero empatía, agresivas, competitivas, frías, quilomberas, arman puterio con temas de mucha bajeza, rosquean de lo lindo con temas muy delicados sin ruborizarse. Son impresentables, justamente, dan verguenza a las mujeres de bien!!!
La ley de creación 2552 de año 2000 del consejo de la magistratura contempla que están encuadrados en lo que era la ex 591, y siempre los salarios y cargos respondieron a esa estructura de la ex 591.
Pero por arte de magia y sin modificar la ley 2552, pasaron a cobrar sueldos de otro planeta y casi irritantes. Tampoco la ley habla de los empleados que se nombraron sin ninguna capacitación pero tambien con sueldos de privilegio.
En ese contexto ilegal el tribunal de cuentas debería efectuar el control que le compete y observar esta ilegalidad pero hace la vista gorda y de esta manera son cómplices sin cumplir con la función de control.
Así funciona el tribunal de cuentas