Por: Hernán Cappiello
La Corte Suprema se reunió hoy, por teleconferencia, para discutir el caso de los jueces trasladados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, pero no llegó a un acuerdo para resolver el tema. Los cinco jueces seguirán estudiándolo, informaron fuentes judiciales.
“Hoy no habrá una sentencia”, dijo un funcionario de la Corte a LA NACION. La semana pasada, el máximo tribunal se avocó a tratar el caso cuando abrió el per saltum que habían presentado los jueces, que promovieron un amparo para evitar ser corridos de los cargos a los que habían sido trasladados durante el Gobierno de Mauricio Macri.
Un decreto del presidente Alberto Fernández dispuso que los tres camaristas regresen a sus cargos originales, después de que el Senado se negó a darles acuerdo. La semana pasada, la Corte los restituyo transitoriamente en los puestos a los que habían sido trasladados, pero ahora el tribunal debe tomar la decisión de fondo.
El fallo de la Corte de la semana pasada motivó críticas del kirchnerismo y la diputada camporista Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, que ayer le contestó con una declaración pública denunciando ser víctima de una “persistente campaña de desprestigio”.
Según el presidente de la Corte, el pedido de juicio político en su contra está “motivado por intereses políticos”. Mientras tanto, el Gobierno tomó distancia. Antes de que la Corte tomara el per saltum, el propio Presidente había cuestionado a Rosenkrantz, pero ayer en la Casa Rosada buscaron despegarse, tanto del pedido de juicio político como de las críticas al tribunal.
Un caso con final abierto
En la Corte se niegan a adelantar cuál será la decisión final respecto de los jueces trasladados, pero algunos mensajes que llegaron a oídos del Gobierno, de la oposición y de los propios interesados advierten que con la aceptación del per saltum no está dicha la última palabra en favor de los camaristas.
Una idea que circuló en ámbitos ajenos a los tribunales es que los jueces podrían intentar una solución intermedia, que implique evitar un enfrentamiento directo con el Gobierno, pero dando una respuesta favorable a los camaristas. Así se especuló con la posibilidad de que los jueces de la Corte analicen si los traslados son definitivos o temporarios hasta tanto se cubran las vacantes con concursos.
Desde el punto de vista del procedimiento, la Corte le imprimió velocidad al caso, emplazó al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, que ya envió la posición del Estado al máximo tribunal, contestando los argumentos de los camaristas. Lo propio hizo el fin de semana el procurador interino, Eduardo Casal, que respaldó los argumentos de los camaristas.
Con todo sobre la mesa, la Corte está en condiciones de dictar una sentencia que podría conocerse a fin de esta semana o la semana que viene.
Rosenkrantz ya avanzó en una posición y se espera que el resto de los jueces que votaron de manera coincidente la semana pasada trabajen sobre sus votos. El desafío es que lo hagan de manera unificada, explorando soluciones que permitan administrar el vínculo con el Gobierno y a la vez dar una respuesta al reclamo de los camaristas, sobre los cuales la Corte ya se pronunció en el pasado, avalando su posición.
El título de la resolución de la Corte puede que sea contra el Gobierno, pero que los argumentos le sean favorables, especulaban en la oposición, con cierta desconfianza. (La Nación)
