Según publica Clarín El empresario K hizo la presentación ante la Justicia y así busca salvar a su empresa Austral Construcciones. La moratoria había sido denunciada por la oposición.
Por: Lucía Salinas
Inquilinos de Cristina Kirchner, socios comerciales en el rubro hotelero, procesados junto a la vicepresidenta por lavado de dinero Cristóbal López y Lázaro Báez ahora comparten un beneficio generado por el presidente Alberto Fernández: salvar de la quiebra a sus empresas, denunciadas en la justicia federal por corrupción. Como contó Clarín en su momento, el dueño de Oil Combustibles SA pidió ingresar a la nueva moratoria fiscal, cuyas modificaciones habilita a su empresa a acogerse a la misma.
Ahora, el titular del Grupo Austral también pidió beneficiarse con esa ley que la oposición tildó de ser a la medida de Cristóbal López. Báez solicitó meterse en la moratoria y que le den un plan de cuotas.
Incluso sus abogados, en la presentación que hicieron en la Justicia, citan directamente a la nueva Ley de Moratoria fiscal, con la que podrían obtener una quita considerable de los intereses y punitorios, además del extenso plan de cuotas. El fin último es el salvataje de la constructora que es investigada por la Justicia en múltiples expedientes.
Con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, el Congreso aprobó la nueva ley de moratoria fiscal. Entre los cambios que promovió el perdón impositivo, se eliminó la prohibición para que empresas con determinadas causas judiciales en su contra puedan acogerse a un plan de pagos para saldar sus deudas con el fisco. Además, de incluir a compañías en proceso de quiebra algo que antes no estaba contemplado.
La oposición denunció que era a la medida de López, pero ahora queda claro que le viene bien también a Báez.
Los abogados de Báez, según el escrito al que accedió Clarín, solicitan salvar de la quiebra a Austral Construcciones. Por las maniobras de esa empresa Báez es juzgado en el juicio de la Ruta del Dinero K por lavar 60 millones de dólares y en el juicio de Vialidad en el que está involucrada Cristina Kirchner. La empresa recibió 51 licitaciones por 46.000 millones de pesos, de forma irregular y tenia como único cliente al Estado, según la Justicia.
La constructora está hoy en medio de una debacle económica. Acumuló una deuda millonaria con el fisco cuando después de 2015, dejó de recibir fondos del Estado. Con la cesación de pagos a una veintena de acreedores, Austral SA entró en proceso de quiebra, la cual se decretó en junio de 2018. El pasivo reconocido es de 962.400.463 pesos.
El mayor porcentaje de ese crédito es una deuda con la AFIP que ahora dirige Mercedes Marcó del Pont. En total le debe al organismo recaudador $562.488.839. Con la quiebra en marcha, la jueza María José Gigy Traynor, avanzó en el remate de los bienes inscriptos a nombre de Austral: 52 departamentos (en Buenos Aires y Santa Cruz), 2 locales (en el sur), 26 cocheras en los diferentes inmuebles que cuentan con unidades funcionales, 25 propiedades identificadas como edificios, 3 estancias, 12 terrenos y cientos de automotores y maquinarias.
El próximo paso es avanzar en el remate de más bienes y así comenzar con la liquidación final de la constructora cuyo único cliente fue el Estado. En esa instancia la jueza distribuye entre los acreedores el dinero obtenido de la venta de los principales activos.
Ahora, con la ley de moratoria bajo el brazo, Báez pidió ante la Justicia que durante 90 días ese proceso quede suspendido, para evitar perder la menor cantidad de propiedades y también, salvar a la constructora de la liquidación final. Este pedido se realizó a través de un escrito de diez páginas donde los abogados piden llegar a un avenimiento con la AFIP, es decir un acuerdo para cancelar la totalidad de la deuda, con un plan de cuotas, sin tener que vender y distribuir los activos de Austral.
Por el momento la subasta de bienes no se suspendió y los abogados de Báez pidieron una audiencia con Mercedes Marco del Pont. La abogada Silvina Martínez que denunció la maniobra, dijo a Clarín que a menos de un año de asumir como vicepresidenta Cristina Fernández, “su socio Lázaro Baez ya recuperó la libertad y ahora está a punto de recuperar la empresa Austral Construcciones gracias a la ley que el oficialismo impulsó. Es el prototipo de la corrupción impune.”.
Durante la administración macrista de la AFIP a cargo de Leandro Cuccioli, también se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Según la resolución del organismo ese reclamo es por 2.880.124.946 pesos. Hace dos meses, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado. (Clarín)
