(OPI TdF) – Tomás Bertotto, ex concejal de la ciudad de Ushuaia, fue denunciado penalmente por tres ex empleados de una empresa de seguridad que lo acusan de emitir permisos de circulación falsos para transitar durante la cuarentena de coronavirus, según surge del texto de la denuncia.
En el escrito se menciona que los tres denunciantes: José Andrés Miño, Facundo Maximiliano Romero y Marcelo Alejandro Garay, se desempeñaban desde 2017 en la empresa Sheriff TDF Sociedad de Responsabilidad Limitada, propiedad de Bertotto, en calidad de “guardias de seguridad”.
La presentación judicial fue realizada el pasado jueves 8 ante el fiscal en turno y clasificada con el número 4336, bajo la carátula “Miño José Andrés y otros”, con el patrocinio del abogado Jorge Hernández.
Sin embargo, la denuncia indica que el trabajo se desarrollaba “en condiciones totalmente irregulares”, ya que “la empresa Sheriff jamás existió y no se encuentra registrada”.
En ese contexto, agrega que el ex edil “expidió permisos de tránsito durante el tiempo que duraron las restricciones circulatorias, producto de la pandemia de COVID-19”.
Esos permisos para “transitar y ser exhibidos ante las autoridades”, fueron emitidos por Bertotto “en calidad de gerente” siendo que “no tenía facultades para hacerlo, poniendo en riesgo nuestra salud y la de todos los ciudadanos de la ciudad de Ushuaia, lo que se prueba con los certificados apócrifos que se adjuntan”, afirma la presentación.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que se investigue al ex concejal como probable autor de los delitos previstos en los artículos 205 y 292 del Código Penal.
Mientras que el artículo 292 hace referencia a la presunta falsificación de un documento, el 205 establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
El abogado de los guardias de seguridad, Jorge Hernández, dijo que “el caso tiene dos aristas, uno penal y otro laboral”.“En la faz penal, lo que pedimos investigar es el otorgamiento de certificados de circulación durante la pandemia en calidad de gerente de una sociedad inexistente. En materia laboral, vamos a demostrar que Bertotto contrataba gente en negro para brindar el servicio de seguridad en obras en construcción. Hacía trabajar a los empleados doce horas diarias todos los días sin francos y sin ningún tipo de aportes sociales o previsionales”, afirmó Hernández.
También dijo que esa situación “bordea el delito de trata de personas con fines de explotación laboral” ya que las personas eran traídas desde el norte del país y sometidas a “condiciones deplorables” como “ser obligados a compartir barbijos y guantes de látex en medio de la pandemia”, aseveró el letrado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
