Por: Víctor García
Según publica La Nación A un año de la histórica revuelta social que puso sobre la mesa una serie de demandas de la ciudadanía, cuestionamientos a la estructura institucional vigente y críticas al modelo de desarrollo socioeconómico, Chile entró en una serie de definiciones a partir del referéndum constitucional que se realizará el próximo 25 de octubre.
En medio de una campaña electoral ya lanzada, una serie de incidentes se produjeron en diversos puntos del país durante el primer aniversario del estallido social y en la antesala del referéndum. La policía chilena cifró en 107 los hechos de violencia, y detalló que ocho cuarteles de carabineros fueron atacados. También se informó de la muerte de una persona durante el ataque a un cuartel en la población en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, al sur de Santiago.
Aquello se sumó a los desmanes originados luego de una masiva manifestación que se realizó en torno a la céntrica Plaza Italia de Santiago, y que finalizó con dos iglesias quemadas, saqueos de locales comerciales y diversos enfrentamientos entre miembros de barras bravas de fútbol.
“Debemos sancionar a los delincuentes y violentistas. El Gobierno presentará las querellas criminales necesarias”, dijo el presidente Sebastián Piñera durante una visita a un local de votación del plebiscito que se realizará este domingo.
Con el aumento de la tensión en las calles, y mientras la opción de aprobar una nueva Carta Magna asoma como amplia favorita, las expectativas de la sociedad chilena sobre los cambios estructurales se han intensificado ante la cercanía de la elección, el gran hito político gestado a partir del estallido.
Una encuesta de la Universidad del Desarrollo dio algunas luces sobre esa sensación: un 53,7% de los chilenos afirma que una nueva Constitución ayudará a mejorar su situación económica y alrededor de un 70% de los encuestados tiene certeza que áreas como salud, educación y pensiones darán un salto de calidad en caso de reformular el texto.ç
Justamente, aquellas esferas son las que han estado en el centro del debate y señaladas como los ejemplos de la desigualdad que arrastró el modelo neoliberal que se estableció en Chile a partir de la dictadura de Augusto Pinochet.
Según sus críticos, el nuevo orden se estableció sin antagonismos y fue resguardado por la actual Ley fundamental, pese a que ya cuenta con 40 años de vigencia y ha experimentado 35 reformas constitucionales.
“Se trató de una estructura que subordinó las políticas sociales por las económicas y generó todas las condiciones para instalar un régimen de libre comercio, con desregulación de la actividad financiera y una creciente privatización de importantes empresas pública que continuó hasta el fin de la dictadura y que se protegió con un conjunto de leyes de amarre que requerían un quórum imposible de alcanzar”, afirmó a LA NACIÓN Gabriel Gaspar, cientista político.
A ojos de la región, sin embargo, el modelo chileno también sirvió como ejemplo de cómo una economía abierta podía ser considerada como referente y cómo, después del ciclo de Pinochet, los índices macroeconómicos del país mejoraron. Desde 1986 hasta 1997, el país registró crecimientos anuales de hasta 12,3% en 1993 y, desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, una tasa promedio al 8%.
Tras el fin de la dictadura y la restitución de la democracia, igualmente, los índices continuaron exhibiendo mejoras. Dos ejemplos: la pobreza tuvo una reducción marcada, de 25,6% en 1990 a 8,1% en 2015, mientras que la indigencia pasó de 13% a 3,5% en el mismo periodo, según cifras oficiales.
“Con el retorno a la democracia la economía despegó, pero la desigualdad aumentó más aún. La pobreza disminuyó considerablemente y el PBI creció. Se accedió a bienes de alta tecnología, pero muchas veces a costa de un elevado endeudamiento y la movilidad social se posibilitó en gran medida por la masificación del crédito privado”, añadió Gabriel Gaspar, también analista internacional.
¿Pero puede cambiar de raíz el modelo chileno con la nueva Constitución? Para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, aquella posibilidad es improbable.
Trascendencia del cambio
“Lo que ocurrirá es un cambio ‘en’ el modelo, más que un cambio ‘de’ modelo. Este cambio, teóricamente, irá de la mano de un rol más activo del Estado en materia de protección social, profundizando en la obligación del Estado para garantizar derechos”, planteó el experto.
“Si bien en apariencia podría ser un cambio de mayor envergadura, lo cierto es que existe cierto consenso en la élite chilena respecto a ‘corregir’ el modelo en la dirección de reducir los niveles de desigualdad, lo que implica un rol más activo del Estado. Esa parece ser la receta que se ha definido para continuar el camino hacia el desarrollo, manteniendo una economía de libre mercado y abierta al mundo”, añadió Morales.
El propio expresidente Ricardo Lagos, quien introdujo las reformas más profundas a la Constitución y gobernó Chile, entre 2000-2006, aterrizó la aspiración de buena parte de la sociedad chilena antes del plebiscito.
“Puede haber muchas expectativas de que una Constitución puede resolver muchos temas y eso no es así. Lo que resuelven esos temas son las políticas públicas”, dijo a Reuters el exmandatario.
Con relación a las cifras económicas, analistas locales coinciden en que el país sufrirá una caída de 5,5% del PBI en 2020 y el propio Banco Central informó que para este 2020 una contracción en la economía local de entre el 4,5 % y el 5,5 % por los efectos de la pandemia del coronavirus, lo que significa que en dos o tres años Chile podría recuperar lo perdido y ponerse al día.
“Una nueva constitución debe garantizar derechos y cohesión social básicos para la estabilidad. Los chilenos hemos demostrado que podemos producir, pero no redistribuir esas riquezas, y ese es un desafío sin los temores de antaños”, complementó el académico Gabriel Gaspar.
Las dudas, en todo caso, están relacionadas al escenario que se generará y de qué manera influirá una nueva Constitución en un modelo donde en los últimos años el Estado ha disminuido su participación en pos del mercado y que ha acostumbrado a los chilenos a que, si se necesita un servicio, se debe pagar por él, ya sea salud, educación o en mejorar las propias pensiones y que terminaron provocando el estallido social de octubre pasado. (La Nación)
