Por: Gustavo Ybarra
Impaciente ante las dificultades que encuentra para desplazar de su cargo al procurador interino Eduardo Casal, el kirchnerismo pretende ahora modificar el reglamento de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público Fiscal con la intención de tener un mayor poder de injerencia sobre las decisiones que tome la jefatura de los fiscales.
La propuesta fue lanzada por la diputada nacional kirchnerista Vanesa Siley (Buenos Aires) y rápidamente aceptada por el presidente de la bicameral, el senador Martín Doñate (Río Negro), también integrante de La Cámpora.
“Deberíamos comenzar a evaluar si entendemos posible determinar de otra manera o incrementar la participación de la bicameral en ciertas condiciones estratégicas del Ministerio Público”, propuso Siley.
Como el oficialismo tiene mayoría, todo indica que el Frente de Todos podrá imponer su criterio y darle así un mayor poder de intervención a la Comisión de Bicameral sobre las decisiones que pueda tomar el Ministerio Público Fiscal.
La diputada no ocultó que la intención del kirchnerismo es darle a la bicameral mayor poder ante un organismo, como la Procuración, que “concentra en una persona facultades que en otros órganos las tiene un cuerpo colegiado”, afirmó. Entre los aspectos que le interesaría poder manejar, la legisladora mencionó los procesos disciplinarios y de selección y concurso para nuevos fiscales.
“Sucede que hace ya tres años que tenemos en el caso del Ministerio Público Fiscal una persona que ostenta esas facultades de manera interina”, agregó Siley, sincerando el verdadero objetivo de la nueva jugada que planea el kirchnerismo.
Después de dos meses de silencio, el kirchnerismo volvió a reactivar la Comisión Bicameral con el objetivo de retomar su ofensiva contra Casal, atosigándolo con pedidos de informes sobre diferentes temas.
“Buscan por todos los caminos socavar la autoridad de Casal, buscan cualquier atajo”, se quejó la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán).
“Juez gomero”
Por otra parte, la Comisión de Acuerdos del Senado inició una nueva ronda de audiencias públicas para designar funcionarios judiciales propuestos por el Poder Ejecutivo.
Entre los candidatos que expusieron ayer se destacó el abogado Claudio Marcelo Vázquez, exempleado de una casa de venta de neumáticos postulado por Alberto Fernández para ocupar el Juzgado Federal de Río Gallegos, en Santa Cruz.
Vázquez sobresale, además, porque fue designado en 2015 juez subrogante en la Cámara de Casación Penal cuando el tribunal se encontraba a apunto de fallar en la causa por el memorándum con Irán.
Reemplazó en ese lugar al juez Luis María Cabral, quien recurrió a los estrados judiciales y logró que se declarara inconstitucional la ley de subrogancias impulsada por Cristina Kirchner durante su presidencia, fallo que fue confirmado poco después por la Corte Suprema. Así, la suplencia de Vázquez en ese tribunal duró ocho meses.
Por este antecedente y por su pasado como empleado comercial, Vázquez se ganó en ámbitos judiciales el mote de “el juez gomero”. En la actualidad, se desempeña como funcionario de la municipalidad de Almirante Brown, en el conurbano bonaerense.
Autor de varias columnas de opinión a favor de la “democratización de la Justicia” impulsada por la expresidenta, Vázquez se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue postulado por el Gobierno como parte del proceso de “revisión” de los pliegos enviados por el gobierno anterior. (La Nación)
